Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

26 septiembre 2013

Sudán: Disparos mortales de las fuerzas de seguridad contra decenas de manifestantes mientras aumentan las protestas

Las fuerzas de seguridad sudanesas deben poner fin de inmediato al uso arbitrario e ilegítimo de la fuerza contra manifestantes, han manifestado hoy el Centro Africano de Estudios de Justicia y Paz y Amnistía Internacional, tras confirmar que al menos 50 manifestantes resultaron muertos el martes y el miércoles por disparos en el pecho o la cabeza.

Fuentes y activistas locales dan una cifra mucho mayor, de más de 100, y en el momento de redactar este comunicado ambas organizaciones siguen recibiendo información sobre disparos y uso excesivo de la fuerza.

Las dos organizaciones han expresado también honda preocupación por los centenares de personas que, según la información disponible, han sido detenidas por el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional de Sudán y han instado a las autoridades sudanesas a que garanticen que están protegidas contra la tortura y otros malos tratos.

“Disparar a matar –especialmente apuntando al pecho y la cabeza de manifestantes– constituye una violación flagrante del derecho a la vida, y Sudán debe poner fin de inmediato a esta represión violenta que ejercen sus fuerzas de seguridad”, ha afirmado Lucy Freeman, directora adjunta de Amnistía Internacional para África.

Tras anunciar el presidente Omar Hasan Ahmad Al Bashir recortes en las subvenciones para combustible el 22 de septiembre, estallaron protestas en ciudades de todo Sudán. Al día siguiente, millares de manifestantes tomaron la calle en Wad Madani, y lo mismo ocurrió a continuación en la capital sudanesa, Jartum, y en Omdurmán, Puerto Sudán, Atbara, Gedarif, Nyala, Kosti y Sinnar.

De acuerdo con la información recibida por las dos organizaciones, la policía sudanesa y agentes del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional hicieron uso desproporcionado de la fuerza –disparando incluso gas lacrimógeno y munición real– para disolver las manifestaciones.

Al menos 50 personas han muerto y otras 100 han resultado heridas desde que comenzaron las protestas, según fuentes entrevistadas por las organizaciones, incluidos testigos presenciales y familiares de víctimas mortales, periodistas y médicos. Entre los muertos figura un niño de 14 años de Jartum Norte, y parece que la mayoría de las víctimas tenían entre 19 y 26 años.

Una fuente del hospital de Omdurmán ha contado a Amnistía Internacional que en un solo día se enviaron al depósito 36 cadáveres y se practicaron 38 operaciones quirúrgicas por heridas de munición real, en dos de las cuales el paciente murió. Otra fuente ha explicado al Centro Africano de Estudios de Justicia y Paz que vio dos cadáveres con heridas de bala en la espalda, lo que indicaba que habían disparado contra ambas personas cuando huían.

“El gobierno sudanés debe abrir de inmediato una investigación sobre el uso desproporcionado de la fuerza y la denuncias de homicidio intencional de manifestantes y uso de munición real por parte de las fuerzas de seguridad”, ha manifestado Osman Hummaida, director ejecutivo del Centro Africano de Estudios de Justicia y Paz.

“Incluso al responder a actos violentos de algunos manifestantes tienen las fuerzas de seguridad el deber de proteger a todas las personas contra la violencia y evitar la pérdida innecesaria de vidas. Todo agente responsables de uso arbitrario e indebido de la fuerza contra manifestantes debe ser puesto a disposición judicial, y las autoridades sudanesas deben indicar claramente que no se tolerara el uso excesivo de la fuerza.”

Según la información recibida, algunos manifestantes incendiaron edificios oficiales, incluidas comisarías de policía, así como gasolineras y autobuses, en Omdurman y Wad Madani.

Los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza, donde se explican las condiciones en que cabe recurrir legítimamente a la fuerza sin cometer violaciones de derechos humanos, incluido el derecho a la vida, disponen que, incluso en el contexto de reuniones ilegales o violentas, el uso de la fuerza debe ser necesario y proporcionado y que no deben utilizarse medios letales salvo cuando sea estrictamente imprescindible para proteger la vida.

Detenciones y restricciones a los medios de comunicación
De acuerdo con la información recibida, el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional ha detenido a centenares de activistas y manifestantes, incluidos conocidos miembros de partidos políticos de oposición, estudiantes y otros activistas.

El Centro Africano de Estudios de Justicia y Paz y Amnistía Internacional documentaron el uso generalizado de detención prolongada en régimen de incomunicación y tortura y malos tratos contra manifestantes, activistas y presuntos opositores políticos por parte del Servicio de Inteligencia y Seguridad durante manifestaciones contra el gobierno el año pasado.
En Jartum se han cerrado los colegios y los centros oficiales, y la información disponible indica que el 25 de septiembre estuvo interrumpido el acceso a Internet en todo el país durante varias horas.

La información recibida por ambas organizaciones demuestra que podría haberse bloqueado también la publicación de información independiente sobre las manifestaciones. Al parecer, el 26 de septiembre, los servicios de seguridad convocaron a los redactores jefe de diversos periódicos de Jartum y les dijeron que sólo publicaran información sobre las manifestaciones si procedía de la policía o de dichos servicios. Hoy ha sido cerrado temporalmente un periódico, Al Sudani, por publicar, al parecer, información en contra de las indicaciones de los servicios de seguridad.

Las autoridades sudanesas han hecho de manera habitual uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones en su mayoría pacíficas en los dos últimos años. Amnistía Internacional y el Centro Africano de Estudios de Justicia y Paz han informado de casos de manifestantes contra los que la policía ha utilizó porras, gas lacrimógeno u balas de goma disparadas a corta distancia.

Índice AI: PRE01/503/2013
Región África
País Sudán
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