Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la promesa del gobierno srilankés de levantar antes del 1 de diciembre toda restricción impuesta a la libertad de circulación de al menos 130.000 personas desplazadas por la guerra con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE, por sus siglas en inglés).

"Ahora el gobierno de Sri Lanka tiene que demostrar que va a ofrecer la ayuda necesaria a estos desplazados –refugio, alimentos y seguridad– al tiempo que rehabilita sus viviendas" afirmó Madhu Malhotra, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

Miles de tamiles que huyeron de la guerra permanecen detenidos en campos bajo control militar desde hace seis meses, privados de su libertad de circulación. Muchos de ellos sobrevivieron durante meses a unas condiciones espantosas al tener que desplazarse con las fuerzas del LTTE en retirada, que reclutaban civiles a la fuerza –niños incluidos– y en algunos casos los utilizaban como escudos humanos.

El gobierno de Sri Lanka ha aceptado dar a elegir a estas personas entre permanecer en los campos en espera de un alojamiento alternativo o intentar volver a casa.

"Durante meses, estas personas han estado privadas de libertad en condiciones indignas, en campos que carecen de instalaciones higiénicas adecuadas y de agua limpia y potable. Si el gobierno srilankés se atiene a su promesa de permitir que miles de personas vuelvan a casa, será el primer paso de la prolongada lucha que deberán librar estas personas para reconstruir sus arruinadas vidas" afirmó Madhu Malhotra.

Amnistía Internacional insiste en que sigue siendo necesario proteger los derechos de las personas internamente desplazadas tanto dentro como fuera de los campos.

Además, la organización pide a las autoridades de Sri Lanka que respeten los principios del derecho internacional humanitario y se aseguren de que las personas desplazadas reciben apoyo para poder tomar decisiones voluntarias e informadas sobre su futuro.

"Debe permitirse el acceso sin trabas de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos a las personas desplazadas y a quienes intentan reasentarse para que velen por su seguridad y bienestar y garanticen que sus necesidades están cubiertas, incluida su protección frente a otras violaciones de derechos humanos" afirmó Madhu Malhotra.

Información complementaria

Desde que terminó la guerra en mayo, se calcula que 12.000 personas desplazadas (niñas y niños incluidos) sospechosas de tener vínculos con el LTTE han sido detenidas arbitrariamente por las autoridades, separadas de la población desplazada en general y recluidas en centros de detención irregulares, como edificios escolares abandonados.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación ante la falta de transparencia y rendición de cuentas en ese proceso, realizado sin base legal alguna, y por el peligro mayor que corren los detenidos que están en régimen de incomunicación.

Las personas detenidas e imputadas por su presunta vinculación al LTTE deben ser acusadas de delitos reconocibles y juzgadas con arreglo a lo dispuesto en la ley.

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