Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

5 febrero 2009

Sri Lanka: Gobierno y Tigres deben declarar una tregua temporal y abrir corredores humanitarios

El gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE) deben declarar de inmediato una tregua temporal humanitaria y crear corredores humanitarios, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 5 de febrero de 2009. Tales medidas permitirán escapar de la guerra que se mantiene en la región de Wanni a más de un cuarto de millón de civiles que se encuentran atrapados allí, así como llevar alimentos, agua y asistencia médica a los que no puedan salir.

Amnistía Internacional ha pedido también que el gobierno de Sri Lanka garantice que las personas desplazadas que hayan huido de la zona del conflicto a centros de transito no están sujetas a restricciones indebidas de su libertad de circulación y gozan de condiciones de seguridad. Desde diciembre de 2008 han buscado refugio en zonas bajo control del gobierno menos de 6.000 personas de la región de Wanni. Se encuentran recluidas en centros de detención de facto y están expuestas a sufrir abusos a manos de las fuerzas del gobierno.

“La situación de la población civil de Wanni es inaceptable –ha manifestado Yolanda Foster-. La gente no puede desplazarse en condiciones de seguridad, ni siquiera para recoger los cadáveres de sus familiares muertos, y los heridos no tienen hospitales. Hay un cuarto de millón de personas sufriendo, sin alimentos ni refugio adecuados, mientras llueven los proyectiles sobre ellas. La mayoría de las que han conseguido escapar del conflicto no han recibido atención hospitalaria adecuada.”

El último envío de alimentos que llegó a la población civil, que depende totalmente de la ayuda exterior, fue el 29 de enero. Las organizaciones basadas en la comunidad que trabajan sobre la zona temen que haya millares de civiles en peligro inminente, en una situación que empeora rápidamente a medida que las fuerzas armadas de Sri Lanka intentan reconquistar todo el territorio a los LTTE.

Amnistía Internacional insta al gobierno de Sri Lanka y a los LTTE a que procedan de inmediato a:

Declarar una tregua temporal que permita la evacuación de civiles por corredores humanitarios y el envío de ayuda humanitaria a los que se queden.

Garantizar que los civiles de la zona del conflicto son informados de inmediato de la ubicación de los corredores humanitarios y pueden llegar a ellos con seguridad.

Permitir a los organismos de la ONU realizar sus labores de socorro y ayudar a los civiles y permitir el acceso pleno de observadores internacionales a estas zonas, para que vigilen la situación de los derechos humanos en ellas y el cumplimiento de la tregua.

Garantizar que las medidas de recepción de las personas desplazadas que huyan de la zona de combate cumplen las normas internacionales.

Garantizar que las personas desplazadas acogidas en centros de tránsito en las zonas bajo control del gobierno tienen libertad de circulación y que pueden acceder a ellas organismos de ayuda humanitaria y observadores independientes.

Permitir que un equipo multipartito de evaluación de la ONU investigue las condiciones sobre el terreno y que se desplieguen observadores de derechos humanos en las zonas afectadas por los combates.

"Lo más importante ahora mismo es centrarse en el envío inmediato y sin restricciones de asistencia humanitaria a las familias atrapadas entre las partes contendientes –ha señalado Yolanda Foster--. El gobierno quiere asistencia internacional, pero no normas internacionales.”

Los LTTM impiden a los civiles salir de la zona del conflicto por medio de un sistema de pases que restringe la libertad de circulación. Han reclutado por la fuerza a civiles, incluidos niños, para construir búnkers y para utilizarlos como combatientes.

Temor por la seguridad de los civiles en los centros controlados por el gobierno
El gobierno de Sri Lanka ha recluido a civiles huidos de las zonas bajo control de los LTTE desde marzo de 2008 en lugares conocidos como pueblos de bienestar. Estos campos de acogida se encuentran en Kalimoddai y Sirukandal, distrito de Mannar, y en Manik Farm y Nellumkulam, distrito de Vavuniya. Las fuerzas armadas de Sri Lanka restringen gravemente la libertad de circulación de las personas deslazadas recluidas en ellos.

“Se ha cerrado ya el último hospital operativo de la zona del conflicto y no hay instalaciones adecuadas para los heridos en estado crítico –ha explicado Yolanda Foster--. Ni quiera el hospital gubernamental de Vavuniya puede prestar la asistencia médica necesaria.”

Aunque el gobierno permite a algunas personas desplazadas salir de estos campos por razones de educación, sustento o salud, se las obliga a dejar a un miembro de su familia en el campo como garantía de que regresarán. Esta política viola la prohibición jurídica internacional de la toma de rehenes.

El gobierno de Sri Lanka está reteniendo a las personas desplazadas que salen de la región de Wanni en nuevos centros temporales establecidos en los distritos de Mannar, Vavuniya y Jaffna.

El gobierno ha permitido al CICR y a la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) el acceso limitado a los centros existentes, pero no a otros organismos humanitarios.

Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales las fuerzas armadas de Sri Lanka obligan a los civiles que huyen de la zona de Wanni a pasar un control y ponen a algunos bajo custodia policial.
 
Por la experiencia de situaciones pasadas, existe en la población civil el temor creíble de que las personas confinadas en centros de tránsito estén expuestas a sufrir desaparición forzada o ejecución extrajudicial, así como detención arbitraria y otras formas de hostigamiento dirigido específicamente contra ellas por razones étnicas. Se ha informado de centenares de casos de desaparición forzada en Sri Lanka desde 2006, muchos de ellos ocurridos en zonas controladas por el gobierno.

Sri Lanka está obligada jurídicamente a abstenerse de practicar detenciones arbitrarias. Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, instrumento de la ONU que sirve de marco internacional para la protección de las personas desplazadas, disponen que, en virtud del derecho a la libertad, “los desplazados internos no podrán ser recluidos o confinados en campamentos”. En los Principios se reconoce que, “en circunstancias excepcionales” pueden permitirse la reclusión o el confinamiento sólo en la medida en que sean “absolutamente necesarios”, pero el gobierno de Sri Lanka no ha demostrado que se den tales circunstancias.

 

Región Asia y Oceanía
País Sri Lanka
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