Hoy, 6 de noviembre de 2008, Amnistía Internacional ha indicado que la muerte como mínimo de 40 trabajadores de ayuda humanitaria o derechos humanos en lo que va de año y la amenaza creciente de ataques por parte de milicias y grupos armados está poniendo al menos a tres millones de somalíes en un peligro aún mayor de sufrir desnutrición y enfermedades. 

Amnistía Internacional subraya en un nuevo informe que los actos de violencia perpetrados de manera deliberada contra activistas por la paz, trabajadores de ayuda humanitaria y defensores y defensoras de los derechos humanos han obligado a muchas organizaciones a suspender sus programas y a retirar su personal de Somalia en un momento en el que el país se encuentra sumido de lleno en una situación de emergencia humanitaria. Según cálculos de la ONU, alrededor de 3.250.000 somalíes –es decir, un 43 por ciento de la población– requerirá ayuda alimenticia hasta el final de 2008.

Los ataques se han producido por varias razones, entre ellas la creencia falsa pero generalizada que existe en Somalia de que las organizaciones humanitarias espían para gobiernos occidentales.

“Estos homicidios, secuestros y amenazas significan que los trabajadores de ayuda humanitaria y los defensores de los derechos humanos no disfrutan ya de la protección limitada de la que gozaban antes en la sociedad por su condición de distribuidores imparciales de alimentos y servicios de emergencia o de promotores de la paz y de los derechos humanos”, ha indicado David Copeman, adjunto de investigación y acción sobre Somalia de Amnistía Internacional.

Los ataques continúan. El 29 de octubre murieron varios miembros de la ONU como consecuencia de unos atentados con explosivos; el 19 de octubre, en la localidad de Hudur, en el centro del país, se produjo el homicidio deliberado de un ingeniero del UNICEF, y el 25 de octubre mataron en Guriel a una activista de los derechos de las mujeres.

La mayoría de los homicidios cuyos autores han sido identificados se han atribuido a miembros de grupos armados de oposición, como la milicia Al Shabab y las diversas milicias vinculadas con la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia (a menudo denominadas también Tribunales Islámicos).

El resto se ha atribuido a bandas de delincuentes o –en un número más reducido de casos– a milicias vinculadas con el Gobierno Federal de Transición o con las fuerzas armadas etíopes. La mayoría de los últimos homicidios los han perpetrado uno o más hombres armados, descritos casi siempre como jóvenes de entre 15 y 25 años. Las amenazas se difunden por teléfono, en folletos o de boca en boca.

Amnistía Internacional pide a todas las partes implicadas en el conflicto armado de Somalia que pongan fin a estos ataques ilegales contra trabajadores de ayuda humanitaria y miembros de la sociedad civil.

“Los dirigentes internacionales deben crear un mecanismo –por ejemplo una Comisión Internacional de Investigación– para investigar estos homicidios, secuestros y palizas y llevar a los responsables ante la justicia –ha declarado David Copeman–. Asimismo, la ONU y los gobiernos donantes deben intensificar los esfuerzos dirigidos a  definir una línea de demarcación transparente y claramente demostrable entre la ayuda humanitaria de emergencia de carácter apolítico y toda actividad política o de ayuda al desarrollo en favor del Gobierno Provisional de Transición o del proceso de paz.”