Amnistía Internacional pide a las autoridades de Singapur que pongan en libertad de inmediato al autor británico Alan Shadrake, que fue detenido por difamación criminal el 18 de julio, tras publicar un libro en el que critica el uso por Singapur de la pena de muerte.

“Singapur usa las leyes sobre difamación criminal para silenciar a quienes critican las políticas del gobierno —ha declarado Donna Guest, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional—. El gobierno de Singapur debe poner en libertad inmediatamente a Shadrake.”
Shadrake presentó su libro Once a Jolly Hangman: Singapore Justice in the Dock en Singapur el 17 de julio. La obra es una entrevista con un ex verdugo de la prisión de Changi de Singapur. El 18 de julio, Shadrake fue detenido, y actualmente permanece recluido en la comisaría de policía de Cantonment.

Las Fuerzas Policiales de Singapur confirmaron la detención de Shadrake en unas declaraciones, en las que afirmaron: “Está bajo investigación por presuntos delitos de difamación criminal y otros.”

La policía ha manifestado que la detención se practicó en virtud de una queja formulada el 16 de julio por la Autoridad para el Desarrollo de los Medios de Comunicación (MDA, por sus siglas en inglés), organismo oficial responsable de la censura de publicaciones y emisiones. Según su sitio web, la MDA está “convirtiendo Singapur en una vibrante ciudad de medios de comunicación globales.”

“Si Singapur aspira a ser una ciudad de medios de comunicación globales, tiene que respetar las normas globales de derechos humanos relativas a la libertad de expresión —ha declarado Donna Guest—. Singapur debería eliminar tanto sus leyes sobre difamación criminal como la pena de muerte.”

La difamación criminal en Singapur conlleva una pena de hasta dos años de prisión y multas sin límite máximo, lo que tiene efectos paralizantes en la libertad de palabra. Según Amnistía Internacional, las críticas pacíficas a las políticas del gobierno nunca deben ser objeto de actuaciones penales.

En 2010, el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, Frank La Rue, pidió a todos los Estados la abolición de todas las leyes sobre difamación criminal, afirmando que no podían justificarse, puesto que las leyes sobre difamación no criminal ya protegen adecuadamente la reputación de los ciudadanos.

Las leyes singapurenses sobre la pena de muerte también incumplen las normas internacionales de derechos humanos. Su ley sobre narcóticos vulnera las normas de imparcialidad procesal con la presunción de culpabilidad de los encausados por narcotráfico, que a su vez conlleva pena de muerte preceptiva. Esto impide que los jueces consideren las circunstancias de cada caso o que impongan condenas más leves.

El relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha declarado que la pena de muerte no debe ser legalmente preceptiva bajo ninguna circunstancia, con independencia de los cargos formulados.