Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

27 abril 2010

 Ruanda: Líder de la oposición debe recibir un juicio justo

 Amnistía Internacional pide al gobierno de Ruanda que garantice que la líder de la oposición Victoire Ingabire es sometida a un juicio rápido e imparcial por los delitos de los que está acusada, que incluyen “ideología genocida” y colaboración con un grupo “terrorista”, y no es castigada por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
Victoire Ingabire, presidenta de las Fuerzas Democráticas Unidas (FDU-Inkingi), que planea presentarse a las elecciones presidenciales de agosto de 2010, fue detenida el 21 de abril de 2010 tras ser citada la víspera por el Departamento de Investigación Criminal en Kigali, la capital del país. Esta es la sexta citación que recibe de la policía este año. 
“Hemos documentado varios incidentes de intimidación y hostigamiento contra grupos de la oposición en Ruanda en los últimos meses”, ha declarado Erwin van der Borght, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.
“Ahora, con la detención de una posible candidata presidencial unos meses antes de las elecciones, pedimos al gobierno que demuestre que no se trata de un caso más de este tipo.”
Ingabire fue acusada de “ideología genocida” y de “restar importancia al genocidio”, “divisionismo” y “colaboración con un grupo ‘terrorista’” (las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda). El 21 de abril compareció ante el Tribunal Intermedio de Gasabo y se declaró no culpable de todos los cargos.
El 22 de abril, el tribunal resolvió que Ingabire podía ser puesta en libertad con la condición de que no saliera de la capital, Kigali, mientras se siguen las actuaciones abiertas contra ella.
Las autoridades ruandesas ya han impedido que Ingabire viajara a Europa en marzo de 2010 debido a unas investigaciones policiales en curso.
Los cargos de “ideología genocida” y “divisionismo” guardan relación con discursos que pronunció Ingabire a su regreso a Ruanda en enero de 2010 y en Europa, donde vivió 16 años de exilio en los Países Bajos y fundó el FDU-Inkingi. Esta organización está aún pendiente de inscripción en Ruanda.
En los últimos meses, funcionarios del gobierno han afirmado que los comentarios realizados por Ingabire en el monumento en memoria a las víctimas del genocidio de Gisozi el 16 de enero de 2010 equivalen a “negación del genocidio” y “divisionismo” o promoción de la división étnica. En su discurso, Ingabire pidió el enjuiciamiento de los crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad cometidos contra los hutus por el Frente Patriótico Ruandés, así como que se recordara a las víctimas hutus asesinadas durante la guerra.  
“Es la acusación la que debe probar que existen pruebas fehacientes y sólidas que justifican los cargos formulados contra Ingabire —afirma Erwin van der Borght—.  El fiscal tendrá que demostrar que lo que dijo realmente constituye apología del odio y que no la están castigando por su disidencia política.”
Una ley ruandesa promulgada en octubre de 2008 penaliza la “ideología genocida” en términos generales y ambiguos que limitan excesivamente la libertad de expresión. Al parecer, el gobierno ruandés ha reconocido que algunos aspectos de la ley sobre ideología genocida podrían ser problemáticos y, según la Agencia de Noticias Ruanda, está revisando la ley.
Ingabire está acusada también de colaboración con un grupo “terrorista”, las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR).  
Las FDLR, grupo armado que opera en el este de la República Democrática del Congo, está formado principalmente por hutus ruandeses e integra a parte de lo que queda de los interahamwe, a ex soldados ruandeses responsables del genocidio ruandés de 1994, así como a combatientes no implicados en el genocidio, muchos de los cuales porque eran demasiado jóvenes para haber participado en él.
Ingabire asistió a reuniones del “Diálogo Interruandés” con participantes favorables a las FDLR durante su exilio en los Países Bajos, pero afirma que en estas reuniones había participantes de diversos orígenes políticos y étnicos, entre ellos representantes del Frente Patriótico Ruandés, el partido gobernante de Ruanda.  
Según informes, en los interrogatorios policiales de las últimas semanas, Ingabire ha sido acusada de reunirse con cargos del FDLR en la República Democrática del Congo y de intentar crear su propia milicia. Ingabire ha negado estas acusaciones.
“El gobierno debe demostrar que Ingabire ha cometido personalmente actos penales reconocibles y que no es un caso de culpabilidad por asociación”, ha declarado Erwin van der Borght.
Amnistía Internacional insta al gobierno ruandés a que garantice que Ingabire es juzgada sin dilación y con arreglo a las normas internacionales de imparcialidad procesal.

Información complementaria
Amnistía Internacional condenó enérgicamente el hostigamiento y la intimidación de grupos de la oposición, como el Partido Verde y el Partido Ideal Social, en febrero de 2010.  
Un miembro del partido de Ingabire, Joseph Ntawangundi, recibió una brutal paliza en un edificio gubernamental el 3 de febrero de 2010, cuando acompañaba a Ingabire a reunir unos documentos necesarios para la inscripción del partido.  
Ntawangundi fue detenido en febrero de 2010, tras revelarse que había sido declarado culpable de genocidio en ausencia por un tribunal comunitario creado para juzgar casos del genocidio de 1994.
Ntawangundi alegó inicialmente que durante el genocidio estaba fuera de Ruanda, trabajando para un organismo sindical internacional, pero este organismo confirmó que no era cierto. Posteriormente, Ntawangundi confesó haber participado en el genocidio, y en marzo de 2010 fue condenado a 17 años de prisión.
Un grupo de expertos de la ONU hizo público en noviembre de 2009 un informe en el que concluía que algunos miembros en la diáspora de FDU-Inkingi habían mantenido contacto telefónico con jefes militares de las FDLR, pero no especificó la naturaleza de esos contactos ni sugería que los hubiera mantenido personalmente Ingabire.
En los últimos meses el gobierno ha adoptado varias medidas contra críticos y opositores, incluidas restricciones a la libertad de expresión. El 23 de abril, el departamento de inmigración ruandés rechazó una solicitud de renovación del visado de trabajo presentada por el investigador en Ruanda del grupo internacional de derechos humanos Human Rights Watch.
El 13 de abril, el Consejo Superior de Medios de Comunicación suspendió la publicación de dos diarios en lengua kinyarwanda conocidos por sus críticas al gobierno, Umuseso y Umuvugizi, hasta después de las elecciones, alegando que Umuseso había insultado al presidente y provocado problemas en el ejército que podían llevar a la insubordinación.
Las elecciones presidenciales de 2003 y las legislativas de 2008 de Ruanda estuvieron empañadas por la intimidación, y las actividades políticas de la oposición sufrieron severas restricciones.

 

 

Índice AI: PRE01/139/2010
Región África
País Ruanda
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