Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

10 julio 2014

República Centroafricana: Los autores de atrocidades no deben tener la posibilidad de esconderse de la justicia

Amnistía Internacional ha hecho públicas hoy las identidades de algunas de las personas sospechosas de ordenar o perpetrar las atrocidades cometidas en la República Centroafricana, junto con un llamamiento en favor de que se garantice justicia a la población del atribulado país.

En su informe, titulado Central African Republic: Time for Accountability, la organización documenta delitos de derecho internacional cometidos en toda la República Centroafricana en 2013 y 2014, y pide que se investiguen los hechos y se procese y sancione a los autores. Cita a miembros y asociados de los grupos armados antibalaka y Seleka que presuntamente han participado en graves abusos contra los derechos humanos, subrayando su papel y estableciendo su posible responsabilidad penal.

“Para que la República Centroafricana pueda reponerse de la orgía de muerte en que está inmersa desde diciembre de 2013, es imprescindible que se obligue a responder de sus actos a quienes idearon, cometieron o participaron en esos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y graves abusos contra los derechos humanos”, ha dicho Christian Mukosa, investigador de Amnistía Internacional sobre la República Centroafricana.

“A los responsables de dejar a cientos de miles de personas inocentes sin un lugar donde refugiarse de la violencia asesina no debe dárseles la posibilidad de esconderse de la justicia. Sólo poniendo fin a la impunidad se podrá detener el ciclo de violencia que atenaza a la República Centroafricana.”

En su informe Time for Accountability, Amnistía Internacional documenta relatos de primera mano de víctimas y testigos de delitos de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto, que se ha saldado con miles de muertes, casi un millón de personas huidas de sus hogares y ha dejado al país al borde de una catástrofe humanitaria.

En el informe se señala la identidad de altos dirigentes por su papel en las atrocidades. Entre ellos están los ex presidentes François Bozizé y Michel Djotodia, varios coordinadores de milicias antibalaka, entre ellos Levy Yakété, y varios jefes militares de Seleka, incluido Nourredine Adam.

La mayoría de los ataques en la República Centroafricana se cometen abiertamente y sus autores, que en algunos casos son de sobra conocidos por sus víctimas y las autoridades, no temen ser castigados.

Los relatos de testigos presenciales documentados por Amnistía Internacional revelan el papel de los jefes militares de Seleka –entre ellos los coroneles Bishara, Aba Tom y Yussuf Hamad– en la dirección de los ataques perpetrados en Bangui.

Según contó un testigo, el coronel Yussuf Hamad lideraba un grupo de Seleka que había registrado un hospital en busca de combatientes antibalaka. “Amenazó con matar a todos los que estaban en el hospital si no les señalábamos a los antibalaka”, dijo un testigo, quien también contó a Amnistía Internacional que el coronel Yussuf Hamad se había llevado a un hombre del hospital que más tarde había aparecido muerto en las inmediaciones.

Entre los jefes de las milicias antibalaka identificados en el informe están Richard Bejouane, el coronel Dieudonné y el coronel “12 puissance”. Estos hombres están tan seguros de la impunidad de que disfrutan que han hablado frecuentemente a las claras de su papel en los abusos contra los derechos humanos y han hecho declaraciones públicas que incitaban a la violencia.

Aunque la mayoría de los sospechosos identificados por Amnistía Internacional en su investigación viven sin ocultarse en la República Centroafricana, algunos están en otros países, como Chad y Francia.

“Ningún país debe proporcionar refugio seguro a personas sospechosas de cometer o apoyar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la República Centroafricana. Tienen la obligación de investigar las denuncias y, si hay pruebas suficientes, de procesar a los presuntos culpables o extraditarlos para que respondan ante la justicia”, ha dicho Christian Mukosa.

La ausencia de investigaciones y de justicia en la República Centroafricana por las atrocidades cometidas en el pasado ha contribuido a que no exista un sistema de justicia eficaz e independiente y a que las fuerzas de seguridad sean incapaces de proteger a víctimas, testigos, miembros del poder judicial y ciudadanos en general frente a la violencia o los ataques de represalia. Aun cuando se los detiene, los presuntos autores de delitos de derecho internacional y de abusos contra los derechos humanos a menudo consiguen fugarse debido a la falta de centros de detención seguros.

La presencia de fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz no ha servido para poner fin a la violencia. Dichas fuerzas, que incluyen tropas chadianas, incluso han participado en graves violaciones de derechos humanos. El episodio más grave tuvo lugar el 29 de marzo, cuando soldados chadianos abrieron fuego contra civiles en un mercado de Bangui y, según las Naciones Unidas, mataron como mínimo a 30 personas e hirieron a 300. La lucha contra la impunidad debe comprender la investigación de presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos por soldados y oficiales del ejército nacional chadiano en éste y otros episodios documentados en la República Centroafricana.

Amnistía Internacional ha pedido que se actúe con carácter urgente en el ámbito nacional, regional e internacional para reconstruir el sistema de impartir justicia y hacer cumplir la ley en el país. Las pruebas sobre abusos contra los derechos humanos deben preservarse, y los testigos y sobrevivientes deben ser identificados y protegidos.

Es necesario reforzar la Unidad de Investigaciones Especiales, creada por las autoridades de transición centroafricanas para investigar los delitos cometidos en el país, y ampliar sus competencias más allá de la capital, Bangui. Asimismo, se debe reforzar la comisión de investigación de la ONU sobre abusos contra los derechos humanos cometidos en el país.

Amnistía Internacional ha pedido asimismo a las autoridades que consideren la posibilidad de establecer un tribunal mixto, formado por expertos nacionales e internacionales, que se encargue de enjuiciar los delitos de derecho internacional y contribuya a la consolidación del sistema de justicia nacional. Este tribunal no impediría el enjuiciamiento de los casos por la Corte Penal Internacional, que ha iniciado un examen preliminar de la situación.

“La creación de la Unidad de Investigaciones Especiales, la comisión de investigación de la ONU y el examen preliminar de la situación en el país que ha iniciado la Corte Penal Internacional transmiten ya el mensaje inequívoco de que no se va a tolerar la impunidad. Pero queda mucho por hacer para conseguir una rendición de cuentas efectiva”, ha afirmado Christian Mukosa.

“Sólo se podrá obtener justicia por los delitos cometidos en la República Centroafricana a través de un esfuerzo coordinado de la comunidad internacional que venga respaldado por una voluntad política clara de las autoridades de transición de la República Centroafricana. Se va estrechando el cerco alrededor de los responsables de abusos contra los derechos humanos. Ya se conocen sus nombres y paraderos. Sus delitos se están documentando. Y tendrán que enfrentarse a la justicia.”

Lean el informe aquí.

Información complementaria

Este informe se basa en tres visitas de investigación distintas realizadas a la República Centroafricana y Chad en diciembre de 2013 y enero, febrero y marzo de 2014. En él se documentan principalmente delitos cometidos entre diciembre de 2013 y mayo de 2014.

En mayo de 2014, el Consejo de Seguridad de la ONU y el gobierno de Estados Unidos impusieron sanciones selectivas a diversos dirigentes de la República Centroafricana que también son identificados en este informe. El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad impuso sanciones al ex presidente François Bozizé, a uno de los coordinadores del grupo armado antibalaka, Levy Yaketé, y a un jefe militar de Seleka, Nourredine Adam. A estos tres nombres se añaden los de Michel Djotodia, ex presidente y jefe militar de Seleka, y Abdoulaye Miskine, dirigente de un grupo armado, ambos sancionados en virtud de una orden ejecutiva dictada por el presidente estadounidense, Barack Obama.

El despliegue de unos 5.800 efectivos de la Unión Africana para el mantenimiento de la paz como parte de la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana con Liderazgo Africano (MISCA), de 2.000 soldados franceses de la operación militar Sangaris y de 700 soldados y gendarmes de la operación militar europea en la República Centroafricana (EUFOR-RCA) no ha servido para proteger plenamente a la población civil frente a los violentos ataques que siguen perpetrando los diversos grupos y fuerzas armados. La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), cuyo mandato básico incluye proteger los derechos humanos y combatir la impunidad, será enviada al país el 15 de septiembre de 2014.

Las personas nombradas en el informe son:
Nourredine Adam; François Bozizé; Michel Djotodia; Patrice-Edouard Ngaissona; Levy Yakété; coronel Bishara; coronel Aba Tom; capitán Joackim Kokaté; Leopold Narcisse Baro; Armel Sayo Bedaya; Baba Laddé; capitán Gilbert Kamizulaye; Guere Poro; general Mango Lampetit; comandante “Rambo”; Richard Bejouane; coronel “12 puissance”; coronel Dieudonné; coronel Yussuf Hamed; y coronel Yahya.

Consulten un documento reciente de preguntas y respuestas de Amnistía Internacional sobre la situación en la República Centroafricana en http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/pyr-crisis-ddhh-republica-centroafricana-2014-08-05.

 

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