Amnistía Internacional ha manifestado hoy, 8 de junio, su profunda preocupación por la situación en la Amazonía peruana tras los sucesos del 5 de junio en la ciudad de Bagua, departamento de Amazonas. Según los informes, los sucesos se saldaron al parecer con al menos 30 manifestantes y 22 policías muertos, y más de 150 manifestantes y 24 policías heridos, así como más de 70 detenidos, incluidos varios menores.

“El derecho a la vida, a la integridad física y a no ser objeto de tortura ni malos tratos son derechos que deben ser respetados en todo momento por excepcionales que sean las circunstancias”, afirmó Nuria García, investigadora para Perú de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional recordó que si bien las autoridades tienen el derecho y el deber de garantizar la ley y el orden, deben hacer un uso proporcionado de la fuerza, acatando en todo momento sus obligaciones de respetar los derechos humanos.

Igualmente, la organización de derechos humanos hizo un llamado a los líderes de las organizaciones indígenas para que envíen una clara señal a los manifestantes de que la toma de rehenes y el homicidio de agentes de las fuerzas del orden son acciones inaceptables.

“La situación alrededor de las protestas en la Amazonía sigue crítica y es vital que las autoridades tomen medidas decisivas para evitar que se cometan violaciones a los derechos humanos o que sus acciones pudieran resultar en una escalada de violencia”, dijo Nuria García.

“Es igualmente esencial que las autoridades competentes aseguren una investigación imparcial y pronta para establecer la verdad sobre los hechos de los crímenes cometidos, y para llevar ante la justicia a todos los responsables, sean quienes sean.”

Amnistía Internacional instó también a las autoridades a que hagan pública la información sobre las personas detenidas en dependencia policiales y militares, y se garantice el derecho de todos los detenidos tanto a la vida e integridad física, como su derecho a la defensa.

La organización exhortó a las autoridades peruanas a garantizar que, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, se consulta y se coopera de buena fe con los pueblos indígenas interesados, por medio de sus instituciones representativas, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Información complementaria

Durante más de 50 días, comunidades indígenas en la Amazonía peruana se han movilizado en protesta por una serie de decretos ley sobre el uso de la tierra y de los recursos naturales en la selva amazónica dentro del marco del tratado de libre comercio entre Perú y EE.UU. Dicha legislación no habría sido consultada con las comunidades indígenas, de acuerdo a las obligaciones del Estado peruano incluidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En respuesta a estas protestas, el 9 de mayo el gobierno declaró el estado de emergencia en la zona por un período de 60 días.

El 5 de junio, efectivos de la Policía Nacional desalojaron a grupos de las comunidades indígenas que tenían bloqueada la carretera de acceso a la ciudad de Bagua. En el curso del desalojo se produjeron víctimas mortales y numerosos heridos, tanto entre la población civil como entre los efectivos policiales. A raíz de estos hechos, Amnistía Internacional ha recibido informes sobre una escalada de uso de la violencia, que incluiría tanto casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, como casos de secuestros y homicidios de policías por parte de miembros de comunidades indígenas.

Varios líderes de las organizaciones indígenas tienen cargos en su contra por rebelión, sedición y conspiración para una rebelión y contra la tranquilidad pública. Entre ellos se encuentra Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). El 6 de junio las autoridades dictaron orden de detención contra Alberto Pizango.