Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

2 febrero 2010

Papúa Nueva Guinea: La violencia policial y los desalojos ilegales cerca de una mina de oro deben investigarse

El gobierno de Papúa Nueva Guinea debe investigar la actuación de miembros de la policía que, mientras desalojaban a personas de manera ilegal de los terrenos próximos a una de las mayores minas de oro del país, quemaron sus hogares y les amenazaron con pistolas, ha señalado hoy Amnistía Internacional.

El informe de la organización de derechos humanos Derechos minados. Desalojos forzosos y brutalidad policial en los alrededores de la mina de oro de Porgera, Papúa Nueva Guinea, documenta la violencia y los desalojos forzosos a los que la policía ha sometido a las familias que viven junto a las minas de oro de Porgera.

Amnistía Internacional también considera motivo de preocupación el apoyo que las empresas relacionadas con la mina están dispensando a la policía, una vez que éstas se dieran cuenta de la actividad policial en la zona.

Un 95% de la propiedad y la gestión de la mina está en manos de empresas filiales de la mayor empresa de explotación aurífera del mundo, la canadiense Barrick Gold Corporation (en adelante, Barrick), como parte de la empresa conjunta Porgera Joint Venture (PJV). PJV proporcionó alojamiento, comida y combustible a la policía en virtud de un acuerdo que, según ha indicado PJV, estaba condicionado a que la policía observase la legislación nacional y las normas internacionales, incluidos los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos. Amnistía Internacional no dice que cualquiera de las dos empresas sea responsable de la violencia policial o de los desalojos forzosos. Sin embargo, la organización considera que Barrick y PJV no respondieron de la manera adecuada cuando su personal fue consciente de la actividad de la policía en la zona.

“Las familias que vivían cerca de las instalaciones de la mina, en vez de poder confiar en la policía para que las protegieran, han sufrido violaciones de los derechos humanos por parte de miembros de la policía, quienes de forma ilícita han quemado sus casas y destrozado sus pertenencias y sus huertos”, ha indicado Shanta Martin, especialista de Amnistía Internacional en materia de minería y derechos humanos.

El informe ilustra cómo, entre abril y julio de 2009, la policía efectuó incursiones en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea y quemó, al menos, 130 edificios, obligando a abandonar sus hogares a las familias, entre las que había niños y niñas de corta edad, mujeres embarazadas y personas ancianas.

Los residentes de la zona en la que hubo un mayor número de desalojos, Wuangima, declararon a Amnistía Internacional que nadie les avisó previamente de que sus casas iban a ser derruidas y que, en muchas ocasiones, no tuvieron la oportunidad de recoger sus pertenencias antes de que las quemaran. El gobierno no les ha proporcionado un alojamiento alternativo y muchas de las familias dependen de sus familiares para tener alojamiento y alimento.  

“En cuanto PJV tuvo noticia de que la policía estaba quemando las casas situadas al lado de las instalaciones de la mina, debía haber tomado nota e informado de tales actividades a las autoridades de Papúa Nueva Guinea, instado a que se llevase a cabo una investigación, tal y como aconsejan los Principios Voluntarios –ha indicado Shanta Martin–. Sin embargo, PJV sigue mostrando su apoyo a la policía y Barrick ha defendido públicamente la actuación de los miembros de la policía”.
El informe de Amnistía Internacional insta al gobierno de Papúa Nueva Guinea a que lleve a cabo una investigación completa de los desalojos forzosos y la violencia policial. Además, el documento exhorta a que se procese a las personas responsables y que se proporcionen remedios legales a las personas afectadas. Asimismo solicita a Barrick y a PJV que faciliten información sobre la actuación de la policía a las autoridades de Papúa Nueva Guinea y que les insten a investigar.

Información complementaria

El 11 de mayo de 2009, Amnistía Internacional emitió una declaración pública sobre la actuación de la policía que tuvo como resultado el desalojo forzoso de habitantes de pueblos de Porgera.

El 16 de junio de 2009, Barrick condenó públicamente la declaración pública de Amnistía Internacional, tachándola de “mal elaborada y errónea” y declaró que los edificios que habían sido quemados eran únicamente chozas temporales e improvisadas, y alojamientos rudimentarios habitados por población transeúnte.
Entre el 18 de agosto y el 2 de octubre de 2009 Amnistía Internacional llevó a cabo más investigaciones sobre los derechos humanos de las personas que se vieron afectadas por los desalojos forzosos, y que incluyeron la inspección visual de los restos quemados de las casas y la celebración de 27 reuniones en las que tomaron parte más de 180 personas. Estas investigaciones de la organización confirmaron que al menos 130 edificios fueron destruidos, incluidas casas de ocupación permanente sólidamente construidas. Sin embargo, no pudieron determinar exactamente cuántas casas fueron destruidas y cuántas personas se vieron afectadas.
A principios de noviembre de 2009, Amnistía Internacional comunicó al gobierno de Papúa Nueva Guinea, a Barrick y a PJV sus conclusiones iniciales. En una reunión celebrada el 3 de diciembre de 2009 entre la organización de derechos humanos, Barrick y PJV y en una carta con fecha de 7 de diciembre de 2009, Barrick reconoció que la declaración pública previa por la cual la compañía indicaba que únicamente se habían quemado estructuras temporales era imprecisa. Barrick y PJV indicaron a Amnistía Internacional que estaban de acuerdo en que era necesario llevar a cabo más investigaciones. A pesar de que Amnistía Internacional ha solicitado a las empresas que pidan una investigación independiente, a fecha de 10 de diciembre de 2009 ninguna empresa lo había hecho. 


Nota para periodistas:

  • Derechos minados se presenta en el marco de la campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional, cuyo objetivo es poner fin a las violaciones de derechos humanos que originan e intensifican la pobreza global. La campaña movilizará a personas de todo el mundo para que pidan a los gobiernos, empresas y otros agentes influyentes a escuchar las voces de quienes viven en la pobreza y a reconocer y proteger sus derechos. Si desean más información, visiten: http://demanddignity.amnesty.org/es/campaign/about-demand-dignity 
  • Con la campaña Exige Dignidad, lanzada en mayo de 2009, Amnistía Internacional pide a los gobiernos a escala global que adopten todas las medidas necesarias para prohibir e impedir los desalojos forzosos, entre ellas la aprobación de leyes y políticas conformes con el derecho internacional de los derechos humanos.
Índice AI: PRE01/032/2010
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