Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

8 febrero 2012

Panamá: Deben investigarse debidamente las muertes de manifestantes

Las autoridades panameñas deben investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía tras la muerte de dos manifestantes en tres días de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad e indígenas ngäbe-buglé, ha declarado hoy Amnistía Internacional. 

Al parecer, el 5 de febrero la policía mató a tiros a Jerónimo Rodríguez Tugrí en San Félix, en la provincia occidental de Chiriquí. Según informes, más de 40 personas —agentes de policía incluidos— resultaron heridas durante las manifestaciones.

El 7 de febrero los medios de comunicación informaron de la muerte de otro manifestante, Mauricio Méndez, en David, provincia de Chiriquí. Todavía no se han confirmado las circunstancias en las que se produjo.

“Las autoridades deben realizar una investigación completa, independiente, imparcial y rápida sobre las muertes de manifestantes y todos los heridos, y llevar a los responsables ante la justicia”, ha declarado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

Los indígenas ngäbe-buglé —que viven en la zona occidental del país, en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro— bloquearon la Carretera Panamericana como parte de una protesta que se inició el 30 de enero ante el temor de que una enmienda a un proyecto de ley preparase el terreno a la construcción de proyectos hidroeléctricos en sus tierras.

Ayer, después de una semana de protestas masivas en todo el país, el gobierno y los ngäbe-buglé llegaron al acuerdo de iniciar un diálogo sobre las demandas de los manifestantes y la retirada inmediata de la policía antidisturbios de las zonas donde había sido desplegada. Los indígenas, por su parte, abandonarán los bloqueos de carreteras que habían organizado.

“Es lamentable que hayan muerto dos personas y que decenas más resultaran heridas como consecuencia de la actitud permanente de las autoridades panameñas de no proteger los derechos de los pueblos indígenas. Estos tienen el derecho a ser consultados y a dar su consentimiento libre, previo e informado respecto de los proyectos de desarrollo, y deben ser consultados de buena fe antes de que se adopte cualquier medida legislativa que pueda afectarles”, afirmó Guadalupe Marengo.
Panamá respaldó la adopción en 2007 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que protege claramente a estos pueblos de la pérdida de sus tierras y recursos so pretexto del desarrollo. La Declaración se adoptó precisamente para evitar la pérdida de vidas y de medios de subsistencia, y para garantizar que las comunidades indígenas disfrutan de todos sus derechos humanos sin discriminación.

“Ya es hora de que Panamá cumpla esta Declaración y demuestre a su pueblo y al mundo que respeta y protege con seriedad los derechos de todas las personas. Los proyectos de desarrollo y la explotación de los recursos naturales no deben convertirse en fuente de abusos contra los pueblos indígenas. Los indígenas han sufrido años de abusos y discriminación; los Estados tienen el deber de corregir estos abusos”, concluyó Guadalupe Marengo.

Índice AI: PRE01/070/2012
Región América
País Panamá
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