Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

1 noviembre 2012

Nigeria: Las fuerzas de seguridad, fuera de control en la lucha contra el terror de Boko Haram

(Abuja) Las brutales acciones de las fuerzas de seguridad de Nigeria en respuesta a la campaña de terror de Boko Haram están empeorando aún más una situación ya de por sí desesperada y pueden hacer que las personas atrapadas en medio del conflicto se inclinen precisamente hacia el grupo que las autoridades tratan de derrotar, ha dicho Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.  

El informe, titulado Nigeria: Trapped in the cycle of violence (Nigeria: Atrapados en un círculo vicioso de violencia), documenta las atrocidades perpetradas por Boko Haram, así como las graves violaciones de derechos humanos con que responden las fuerzas de seguridad: desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, quema de viviendas y detención sin juicio.

“El círculo vicioso de ataque y contraataque se ha caracterizado por violencia ilegítima por ambas partes, con consecuencias demoledoras para los derechos humanos de quienes se han visto atrapados en medio”, ha dicho Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. 

“La gente vive en un clima de miedo e inseguridad, expuesta a los ataques de Boko Haram y enfrentándose a violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado que deberían brindarles protección".

Boko Haram ha cometido graves abusos contra los derechos humanos, como asesinatos, quema de colegios e iglesias y ataques contra instalaciones de medios de comunicación y periodistas. El informe documenta un creciente clima de temor en el que la gente está demasiado atemorizada para denunciar los delitos y los periodistas no hablan de ellos porque temen por su seguridad. 

Al mismo tiempo, las operaciones de seguridad dirigidas contra Boko Haram se han desarrollado con escaso respeto por el Estado de derecho o los derechos humanos. 

Cientos de personas acusadas de estar vinculadas con Boko Haram han sido detenidas arbitrariamente por una combinación de la Fuerza Especial Conjunta –a su vez un grupo combinado de fuerzas a las que el presidente ha confiado la tarea de restaurar la ley y el orden en zonas afectadas por Boko Haram–, el Servicio de Seguridad del Estado y la policía.  

Muchas de estas personas han permanecido largos periodos recluidas sin cargos ni juicio, sin que sus familiares fueran avisados oficialmente de su detención, sin comparecer ante ninguna autoridad judicial y sin acceso a abogados ni al mundo exterior. Un importante número de ellas incluso han sido ejecutadas extrajudicialmente. 

Un hombre contó a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad detuvieron a su hermano. Tras varios intentos de localizarlo, al final encontró su cadáver en una comisaría. “Tenía [lo que parecían] marcas de cables, el cuerpo cubierto de hematomas [...], al igual que el lado derecho de la cabeza, y una expresión de conmoción en la cara. No lo puedo olvidar [...] No he presentado denuncia, tengo miedo.”

“El gobierno de Nigeria debe tomar medidas eficaces para proteger a la población contra la campaña de terror de Boko Harem en el norte y el centro del país, pero debe hacerlo dentro de los límites del Estado de derecho. Toda injusticia cometida en nombre de la seguridad sólo sirve para exacerbar el terrorismo, creando un círculo vicioso de muerte y destrucción”, ha dicho Salil Shetty. 

“Sólo aclarando la verdad sobre los acontecimientos, determinando la responsabilidad de los abusos y poniendo a disposición judicial a los responsables podrá restaurarse la confianza en el sistema de justicia y garantizarse los derechos humanos”.  

Nota para los periodistas:

Una delegación de Amnistía Internacional visitó los estados de Kano y Borno y la Unidad Territorial de la Capital Federal entre febrero y julio de 2012. 

Los delegados entrevistaron a víctimas de ataques, familiares de víctimas mortales o de personas que habían sido arrestadas o detenidas y cuyas viviendas habían sido incendiadas. El equipo también se entrevistó con ministros clave, representantes de las fuerzas de seguridad, jueces, maestros, periodistas y abogados. 

La delegación solicitó acceso a las cárceles, las comisarías y los centros de detención del ejército o del Servicio de Seguridad del Estado, pero no le fue concedido. 

Índice AI: PRE01/520/2012
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