Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

5 junio 2008

Myanmar: Las acciones del gobierno aumentan el peligro para los supervivientes del ciclón

El gobierno de Myanmar está redoblando sus esfuerzos por obligar a los supervivientes del ciclón Nargis a que abandonen los refugios de emergencia, y está impidiendo que les llegue la ayuda humanitaria, según indica una nueva investigación publicada hoy, 5 de junio, por Amnistía Internacional. Las acciones del gobierno agravan la precariedad de la situación en la que se encuentran decenas de miles de personas, y aumentan el peligro de que mueran o sufran enfermedades o hambre.

El 20 de mayo, el gobierno de Myanmar -el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo- anunció el fin de la fase de rescate y ayuda de la respuesta al desastre, y el inicio de la fase de reconstrucción. Desde entonces, ha emprendido una campaña para obligar a los supervivientes del ciclón que han perdido su hogar a que abandonen los campos de reasentamiento tanto gubernamentales como no oficiales.

Las autoridades han dirigido sus acciones contra escuelas y monasterios, ya que ambos lugares se utilizaron como colegios electorales para el referéndum constitucional de mayo que se aplazó, y porque el trimestre escolar comenzó el 2 de junio.

La mayoría de los supervivientes que se han desplazado no pueden regresar a sus lugares de origen, ya que grandes áreas del delta del Irrawaddy, la más azotada por el ciclón, permanecen en gran parte inhabitables.

"Tras sobrevivir a la furia del ciclón, miles de personas sufren ahora a manos del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo", ha manifestado Benjamin Zawacki, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar.

Partiendo de una amplia variedad de fuentes, incluidos relatos de testigos presenciales y entrevistas con personas que poseen información de primera mano sobre las zonas afectadas por el ciclón, las averiguaciones de Amnistía Internacional subrayan la urgente necesidad de que tanto el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo como los donantes internacionales, en la respuesta al desastre, utilicen como salvaguardias las normas de derechos humanos.

Amnistía Internacional siente asimismo preocupación por el acceso a la ayuda humanitaria. El 16 de mayo, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, en su boletín de propaganda New Light of Myanmar (Nueva luz de Myanmar), se comprometió a "investigar los casos [de apropiación indebida de la ayuda humanitaria] para descubrir a los infractores y emprender contra ellos acciones punitivas conforme a la ley". Amnistía Internacional manifiesta su satisfacción por esas medidas, e insta al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a vigilar estrechamente la distribución de ayuda humanitaria por parte de sus funcionarios y a investigar todas las denuncias de robo, abuso de poder u otra desviación de la ayuda.

"Dado el largo historial de abusos del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, las agencias humanitarias deben estar especialmente alerta ante la posibilidad de que intente desviar u obstaculizar la ayuda", ha manifestado Benjamin Zawacki, que se encuentra en la región desde hace un mes para recopilar información de las áreas afectadas.

Amnistía Internacional ha confirmado más de 30 casos y relatos de personas que han sido obligadas a abandonar sus refugios de emergencia en monasterios, escuelas y otros lugares.

En las últimas dos semanas, la campaña de reasentamiento se ha vuelto más sistemática y generalizada. Las autoridades han reasentado a gente por fuerza obligándola a abandonar Maungmya, Maubin, Pyapon y Labutta, los lugares a donde se habían dirigido inicialmente los afectados, y alejarse más, rumbo al sur, de sus poblaciones originales.

De los 45 campos que existían en Pyapon, el 28 de mayo sólo quedaban tres. En Yangón, el 23 de mayo, las autoridades expulsaron a más de 3.000 supervivientes del ciclón de un campo oficial en Shwebaukan, en el norte de Dagon Myo Thit, y de un campo no oficial en la Escuela Secundaria Estatal núm. 2, en el municipio de Dala.

Entre los abusos se encuentran también la confiscación y el uso indebido de la ayuda humanitaria. Amnistía Internacional ha recibido más de 40 informes o testimonios sobre cómo las autoridades gubernamentales confiscaron, desviaron o retuvieron la ayuda humanitaria en lugar de entregársela a los supervivientes del ciclón.

Pese a las declaraciones de altos dirigentes del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo contra esa conducta, los funcionarios locales pueden actuar impunemente. Por ejemplo, Amnistía Internacional recibió declaraciones de testigos presenciales que afirmaban que, el 26 de mayo, en el puente de Pan Hlaing, municipio de Hlaing Tharyar, Yangón, el comandante de policía U Luu Win dio el alto a 48 camiones que transportaban suministros de donantes de Myanmar particulares. El 1 de junio, la policía todavía no había entregado esos camiones.

Información complementaria

El ciclón Nargis devastó el delta del Irrawaddy el 2 y 3 de mayo de 2008, causando a su paso la muerte de decenas de miles de personas. Se cree que hay más de 130.000 personas muertas o desaparecidas, y 2,4 millones se han visto seriamente afectadas: muchas se han quedado sin comida, refugio o atención médica básicos. Un mes después del ciclón, las Naciones Unidas anunciaron que sólo habían podido prestar ayuda humanitaria al 40 por ciento de los supervivientes.

La crisis desatada tras el ciclón se produce contra un telón de fondo de graves violaciones de derechos humanos, que se prolonga desde hace mucho tiempo. En la actualidad, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo mantiene recluidos a más de 1.850 presos políticos en muy malas condiciones. Casi todos los activistas políticos clave languidecen en prisión o escondidos. Quienes critican la política gubernamental son blanco habitual de acoso, amenazas y detenciones. Además, durante más de dos años, el ejército ha librado en el este de Myanmar una ofensiva continuada dirigida contra la población civil de etnia karen, a la que ha sometido a prácticas generalizadas de tortura, trabajo forzado y desplazamiento forzado.

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Documento público
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Si desean más información, pónganse en contacto con Benjamin Zawacki, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar, actualmente en Tailandia, en el número +66 (0)81 138 1912, o con Sam Zarifi, director del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía, en el número +44 (0)790 439 7935.
Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten http://www.amnesty.org/es/features-news-and-updates.  Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/research.
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