Moldavia: Posible detención de activistas de la sociedad civil

Los activistas de la sociedad civil no deben ser considerados responsables de los disturbios que se produjeron al día siguiente de una acción de protesta juvenil realizada el 6 de abril en la capital moldava, Chisinau, ha declarado hoy Amnistía Internacional. De ser declarados culpables podrían ser condenados a ocho años de prisión.

Amnistía Internacional considera que los activistas ejercieron su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica y si son detenidos por organizar una reunión pacífica que habían notificado a las autoridades, la organización les considerará presos de conciencia.

"Las autoridades moldavas tienen la obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión y de reunión -ha afirmado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional-. Deben distinguir cuidadosamente entre los presuntos autores de actos delictivos y quienes han ejercido su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica."

El 6 de abril, un grupo de activistas de la sociedad civil integrado por Elena Zgardan, Natalia Morari, Artur Gurãu, Ion Þãrnã, Ghenadie Brega y otras personas informó a las autoridades de que se iba a realizar una manifestación de varios centenares de personas en la plaza de la Gran Asamblea Nacional, en torno al monumento a Esteban el Grande, en las proximidades de los edificios del gobierno en el centro de Chisinau. Los organizadores querían conmemorar un "día de duelo" por los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas en Moldavia el 5 de abril y anunciaron la concentración en redes sociales de Internet, por medio de mensajes de texto enviados por teléfono móvil y corriendo la voz. Natalia Morar declaró a Amnistía Internacional que no esperaban que acudiesen más de 300 jóvenes y que se quedaron asombrados al ver que se les unían 10.000 personas, entre ellas los líderes de todos los partidos importantes de la oposición. Los organizadores del acto pidieron a los manifestantes que se marchasen a las 20 horas, pero los líderes políticos presentes siguieron dirigiéndose a la multitud hasta las 20:30 y antes de dispersarse pacíficamente anunciaron que habría una concentración a las 10 de la mañana siguiente.

La concentración propuesta para el 7 de abril acabó en disturbios violentos. Ese día, la Fiscalía General hizo público un comunicado de prensa en el que afirmaba que los organizadores y participantes del "día de duelo" habían violado lo dispuesto en la ley sobre reuniones por no respetar el orden público y por la participación de menores, incitación a la embriaguez y daños al transporte público. En el comunicado se nombraba a Ghenadie Brega.

A Amnistía Internacional le preocupan los informes sobre uso excesivo de la fuerza por la policía tras los disturbios del 7 de abril. Valentina Cusnir, parlamentaria independiente, estaba cerca de la calle principal de Chisinau hacia el mediodía del 7 de abril. Valentina declaró a Amnistía Internacional que presenció cómo la policía golpeaba a cinco jóvenes que habían tratado de volcar un quiosco. Dijo que varios policías propinaron patadas a un hombre "como si estuvieran jugando al fútbol". Vio más palizas y cómo los policías disparaban sus armas al aire para intimidar a los manifestantes. Valentina Cusnir también informó de que un policía la insultó al gritar: "¡Lleváosla también a ella, esa puta!" El policía la agarró de los brazos y cuando ella se resistió, la derribó al suelo a empujones y la arrastró unos 200 metros antes de dejarla marchar. Valentina sufrió magulladuras e hinchazón en los brazos y la espalda, y una posible conmoción cerebral al golpearse la cabeza contra el pavimento.

Amnistía Internacional entiende que la policía tiene la responsabilidad de proteger la propiedad y garantizar el orden público, no obstante lo cual la organización insta a las autoridades a que investiguen de forma independiente y exhaustiva los informes sobre uso excesivo de la fuerza por la policía. Además, los detenidos deben ser acusados formalmente y sin dilación de un delito reconocible o puestos en libertad, y tener acceso a abogados y médicos. Asimismo, debe informarse a sus familias de su detención.

Información complementaria
El 7 de abril se congregaron en la plaza de la Gran Asamblea Nacional hasta 15.000 personas  que marcharon hasta los edificios de la Presidencia y el Parlamento. A mediodía, la manifestación había desembocado en actos de violencia. Tras un pulso inicialmente pacífico entre la policía y los manifestantes en las escalinatas de ambos edificios, la multitud comenzó a presionar contra la línea de policía. Personal de Amnistía Internacional presenció cómo la multitud arrojó objetos como botellas de vidrio y de plástico, piedras, huevos, así como trozos de pavimento y de ladrillos contra el edificio de la administración presidencial, custodiado por la policía antidisturbios. Según algunas denuncias, la violencia fue provocada por funcionarios vestidos de civil que estaban entre la multitud. Pese a su importante presencia, la policía antidisturbios finalmente se retiró por completo y los manifestantes irrumpieron en ambos edificios y saquearon despachos, iniciaron incendios y arrojaron muebles y documentos por las ventanas. Ambos edificios permanecieron prácticamente sin vigilancia el resto del día.  

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o por correo electrónico en press@amnesty.org. Para los comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/for-media. Para documentación general traducida al español consulten http://www.amnesty.org/es/library.