Las autoridades moldavas parecen estar castigando a las organizaciones no gubernamentales (ONG) por desempeñar su labor de defensa de los derechos humanos, según ha afirmado hoy, 29 de abril, Amnistía Internacional.

En una carta dirigida a la primera ministra de Moldavia, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por las indagaciones sin precedentes del Ministerio de Justicia y los estrictos controles fiscales de que están siendo objeto en Moldavia determinadas ONG que participaron activamente en el proceso de observación de las elecciones o que han documentado violaciones de derechos humanos cometidas, según los informes, por las autoridades tras las violentas manifestaciones del 7 de abril.

“Los defensores y defensoras de derechos humanos son una fuente de inspiración y merecen que el Estado los apoye y proteja en su lucha por la promoción de los derechos humanos”, declaró Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central.

“Las autoridades moldavas no están cumpliendo su deber de garantizar que los activistas de derechos humanos pueden desempeñar su función sin trabas, o de protegerlos contra toda vulneración de sus derechos, tal como establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.”

Amnistía Internacional ha tenido noticia de que al menos siete ONG, entre ellas la estructura local de Amnistía Internacional en Moldavia, recibieron cartas del Ministerio de Justicia fechadas el 16 de abril. En ellas se pedía a cada una de las organizaciones que explicaran la posición que habían adoptado en los disturbios y las medidas que habían tomado para prevenir y frenar la violencia. Las siete organizaciones y otras cuatro también recibieron apercibimientos del cuerpo local de inspectores fiscales con fecha de 24 de abril para que presentasen informes económicos de los ejercicios 2008 y 2009 e hiciesen constar sus fuentes de ingreso y sus gastos hasta el 28 de abril. Los plazos concedidos para la elaboración de estos informes son extremadamente breves, por lo que a las ONG les resultará muy difícil cumplir estos requerimientos.

El 28 de abril, representantes del cuerpo local de inspectores fiscales se presentaron en la oficina que Amnistía Internacional tiene en Moldavia. Solicitaron a la organización que les proporcionase una lista del personal remunerado y otros documentos.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades estatales que aclaren estas acciones.

La organización insta al gobierno de Moldavia a garantizar que las organizaciones de derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil pueden llevar a cabo sus actividades sin sufrir hostigamiento, impedimentos ni intimidación.