Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

19 junio 2012

Migrantes irregulares tratados como delincuentes en Chipre

Cientos de los hombres y mujeres que llegan cada año a Chipre en busca de refugio y asilo, huyendo de la guerra, la persecución y la pobreza, son encerrados por las autoridades de la isla incumpliendo sus obligaciones internacionales, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Punishment without a crime: Detention of migrants and asylum-seekers in Cyprus examina las deficiencias de la ley y la práctica chipriotas que tienen como resultado la violación de los derechos de migrantes irregulares y solicitantes de asilo. El informe pide a las autoridades chipriotas que adecuen la legislación del país a las normas internacionales.

“La detención no debe ser un instrumento para regular la migración. Las autoridades chipriotas vulneran deliberadamente la legislación internacional y de la Unión Europea cuando detienen a migrantes irregulares sin considerar medidas alternativas y sin demostrar que su detención es realmente necesaria”, ha afirmado Jezerca Tigani, directora adjunta del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“En cambio, es habitual privarles de su libertad, durante meses o años, no porque hayan cometido un delito sino simplemente para llevar a cabo su deportación, y ello incluso en casos en que la expulsión es imposible.”

La mayoría permanecen recluidos durante meses, incluso durante años, a menudo en condiciones deficientes, sin acceso a atención médica adecuada, y normalmente no pueden impugnar la legalidad de su detención debido a la precariedad de la asistencia letrada gratuita. En muchos casos, las autoridades chipriotas se niegan a poner en libertad a personas detenidas aun en el caso de que el Tribunal Supremo ordene su liberación.

Al visitar de nuevo los Bloques 9 y 10 de la Prisión Central de Nicosia y el centro de detención de Lakatamia, a mediados de junio de 2012, una delegación de Amnistía Internacional no pudo constatar ninguna mejora sustancial en las condiciones de hacinamiento y falta de higiene, agravadas aún más por el calor del verano.

Algunos solicitantes de asilo permanecen detenidos durante todo el periodo en que se examinan sus solicitudes. Amnistía Internacional tiene constancia de casos en los que se expulsó a solicitantes de asilo mientras su caso estaba pendiente de resolución ante el Tribunal Supremo.

“Mientras esperan una decisión sobre su solicitud de asilo, los solicitantes se encuentran en una posición extremadamente vulnerable y no deben ser objeto de detención por inmigración excepto en las circunstancias más excepcionales prescritas por las leyes y normas internacionales y regionales”, ha afirmado Jezerca Tigani.

Cada decisión de detener debe ser revisada de forma automática y periódica para verificar su legalidad, necesidad y proporcionalidad por un tribunal o por un órgano competente, independiente e imparcial semejante, trámites que han de ir acompañados de la provisión adecuada de asistencia letrada gratuita.

Como esto no sucede, se priva de modo innecesario, y por tanto ilegal, a cientos de personas de su libertad durante meses.

Casos 

K, madre de tres hijos, huyó de su Irán natal en 2003, y al llegar a Chipre el año siguiente solicitó asilo de inmediato pero la solicitud fue rechazada. En 2008 se casó en una mezquita con un refugiado reconocido en Chipre, y ese mismo año dio a luz a una hija. En agosto de 2011, la policía la detuvo en un mercado local porque sus documentos no estaban en regla. K dijo a Amnistía Internacional en diciembre de 2011 en la Prisión Central de Nicosia, donde llevaba cinco meses: “Mi hija piensa que su madre la ha abandonado, y ha desarrollado muchos problemas psicológicos”. En enero de 2012, las autoridades dejaron en libertad provisional a K y le dieron tres meses para poner en regla su documentación y casarse de nuevo con su esposo en el ayuntamiento. Sin embargo, funcionarios del ayuntamiento le dijeron que necesitaba un pasaporte válido. Para obtenerlo, la embajada de Irán exige un certificado de nacimiento que ella no puede conseguir a tiempo. K dijo: “La última vez que me dirigí a las autoridades de inmigración me dijeron que no me preocupara, dijeron que cuanto termine mi periodo de libertad condicional me detendrán por otros seis meses y luego me soltarán de nuevo por otros tres meses. Piensan que esto está bien pero no lo está. ¿Qué les sucederá a mis niños?”

O, solicitante de asilo rechazado, nacional de Sierra Leona, llegó a Chipre en 2001 desde Sierra Leona. Explicó que había huido de Sierra Leona como consecuencia de hechos derivados de la guerra civil que se libró en el país durante un decenio... En 2004, las autoridades chipriotas cerraron su expediente, diciendo que no habían podido localizarlo para examinar su solicitud. En febrero de 2005 lo detuvieron y en los tres años siguientes las autoridades intentaron expulsarlo en cuatro ocasiones. O quedó en libertad en mayo de 2008, después de 39 meses de reclusión ininterrumpida. Se vio obligado finalmente a aceptar trabajo ilegal y fue detenido de nuevo en octubre de 2010 por “estancia y empleo ilegales”. En agosto de 2011 impugnó ante el Tribunal Supremo la legalidad de la duración de su detención. Ganó y el tribunal ordenó su liberación inmediata. Sin embargo, antes de salir del recinto del tribunal fue detenido y recluido una vez más. La nueva orden de detención estaba fechada un día antes de que el Tribunal Supremo dictara la sentencia. O fue deportado a Sierra Leona en febrero de 2012, después de pasar en total más de cuatro años detenido en Chipre.

Índice AI: PRE01/285/2012
Región Europa y Asia Central
País Chipre
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