Cualquier intento del Parlamento lituano de criminalizar la promoción de la homosexualidad supondría un incumplimiento de la obligación internacional del país de defender y respetar la libertad de expresión y luchar contra la discriminación. Así lo ha advertido Amnistía Internacional hoy, 9 de septiembre.

Esta advertencia se debe a que el Parlamento lituano se dispone a debatir, durante su periodo de sesiones de otoño, reformas legislativas que criminalizarían la “promoción de la homosexualidad en lugares públicos”.

“Estas propuestas suponen un paso más en el avance de Lituania hacia la homofobia promovida por el Estado”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central.

Si se adoptan, permitirían el procesamiento de una amplísima variedad de actividades, incluidas la campaña sobre cuestiones de derechos humanos relativas a la orientación sexual y la identidad de género, la difusión de información sobre salud sexual a gays, lesbianas, bisexuales o personas transgénero, o la organización de festivales de cine gay o del Desfile del Orgullo Gay.

“Amnistía Internacional considerará preso o presa de conciencia a cualquier persona detenida en virtud de la reforma propuesta del Código Penal”, ha manifestado Nicola Duckworth.

Las reformas propuestas vinieron precedidas, en julio de este año, por la adopción de la discriminatoria Ley sobre la Protección de Menores contra el Efecto Pernicioso de la Información Pública, que prohíbe los materiales que “agiten en favor de las relaciones homosexuales, bisexuales y polígamas” en escuelas o en lugares públicos y medios de comunicación en los que puedan ser vistos por menores. Las nuevas reformas van incluso más allá, ya que podrían criminalizar prácticamente cualquier expresión pública o retrato de la homosexualidad, o la información sobre ella.

Las reformas impedirían de hecho a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero acceder a información, ayuda y protección adecuadas para poder vivir su orientación sexual y su identidad de género. También es probable que conduzcan a un aumento de la discriminación y de otros abusos contra los derechos humanos en diversos ámbitos, incluidos el empleo y el acceso a bienes y servicios.

“Veinte años después de la caída del Muro de Berlín, el Parlamento lituano está retornando al pasado al imponer límites draconianos al flujo de información y a la libertad de expresión, y al estigmatizar a parte de la población”, ha manifestado Nicola Duckworth.

“Cuesta creer que un miembro de la Unión Europea pueda siquiera considerar la posibilidad de adoptar una legislación así.”

“Los parlamentarios, como representantes elegidos por el pueblo, deben ser la fuerza motriz de la protección de los derechos de todas las personas y del respeto de las obligaciones internacionales contraídas por el país.”

Información complementaria
Las dos reformas legislativas que se están estudiando son:
• un nuevo artículo 310 del Código Penal, titulado “Promoción de las relaciones homosexuales en lugares públicos”, que establece que “una persona que promueva las relaciones homosexuales en lugares públicos está cometiendo un delito penal punible con el trabajo comunitario, una multa o prisión”. El delito en cuestión también puede ser cometido por personas jurídicas;
• un nuevo artículo 214 del Código Administrativo, titulado “Promoción de las relaciones homosexuales o la financiación de su promoción en lugares públicos”, que establece que “la promoción de relaciones homosexuales o la financiación de esa promoción en lugares públicos se castigarán con una multa de entre mil y cinco mil litas”.

Lituania es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, tratados que garantizan ambos la libertad de expresión. Las restricciones a la libertad de expresión deben ser necesarias para lograr un objetivo permitido y deben estar claramente prescritas por ley. Las reformas propuestas no cumplen ninguno de estos dos criterios.

Tanto el PIDCP como el Convenio Europeo, así como otros instrumentos internacionales de derechos humanos, prohíben la discriminación sobre la base de la orientación sexual. Las reformas propuestas, en tanto que limitan el disfrute de una amplia variedad de derechos sobre esta base sin justificación objetiva o razonable, violarían claramente la obligación de Lituania de no actuar de forma discriminatoria.