Kirguistán: ¿Represión de las actividades de derechos humanos?

Kirguistán podría estar sumándose a la lista de países que restringen gravemente las posibilidades de desarrollar actividades de derechos humanos, ha advertido hoy, 26 de febrero de 2009, Amnistía Internacional.

El 26 de febrero de 2009 se negó la entrada en Kirguistán a Vitali Ponomarev, director del programa sobre Asia Central de la organización rusa de derechos humanos Memorial, quien es experto en la región desde hace mucho tiempo y defiende abiertamente los derechos humanos allí.

Según periodistas locales, la expulsión del defensor de los derechos humanos, llevada a cabo en el aeropuerto, cerca de la capital kirguís, Bishkek, se realizó a raíz que el Servicio de Seguridad Nacional decidiera dos días antes de su llegada prohibirle la entrada en Kirguistán durante cinco años.

“La decisión de prohibir la entrada en Kirguistán a un defensor de los derechos humanos notable por sus críticas podría estar directamente relacionada con sus actividades de derechos humanos -ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional-. Es una preocupante señal de la tendencia observada en otras partes de la región a reprimir todo intento de sacar a la luz abusos contra los derechos humanos”.

En enero de 2009, Memorial publicó un informe sobre la detención, juicio y condena de 32 personas, entre ellas dos mujeres y un muchacho de 17 años, acusados de haber orquestado unas protestas violentas que tuvieron lugar en octubre de 2008 en la localidad de Nookat, en el sur de Kirguistán, y de haber participado en ellas. Según informes, las protestas estallaron cuando, al suspenderse las celebraciones tradicionales de la festividad de Eid al Fiar, decenas de habitantes de la localidad se enfrentaron a la policía. Las autoridades kirguises dijeron que los acusados eran miembros del partido islamista prohibido Hizb ut Tahrir y que querían derrocar el orden constitucional, pero tanto ellos como sus familiares negaron estas acusaciones.

El informe de Memorial, basado en investigaciones realizadas por Vitali Ponomarev en Kirguistán en diciembre de 2008, arroja serias dudas sobre la infalibilidad de las sentencias condenatorias dictadas contra esas 32 personas y critica la versión oficial de los hechos. Se apunta en él a presuntas torturas a que fueron sometidos los acusados, incluidas las mujeres, durante su prisión preventiva para obligarlos a confesar. El juicio mismo y la vista de apelación posterior no cumplieron, según el informe, las normas internacionales sobre juicios justos.

“Las autoridades de Kirguistán deben iniciar de inmediato investigaciones independientes e imparciales sobre lo ocurrido en Nookat -ha señalado Nicola Duckworth-. Asimismo, un paso en la dirección correcta será permitir que Vitali Ponomarev y otros activistas de los derechos humanos trabajen sin problemas en Kirguistán.”

La prohibición de entrar en el país durante cinco años y la consiguiente expulsión de Vitali Ponomarev recuerdan prácticas del vecino Uzbekistán, donde las autoridades han prohibido la entrada a numerosas personas que se han mostrado críticas, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y organizaciones internacionales para impedirles llevar a cabo investigaciones sobre graves denuncias de persistentes violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. En agosto de 2008, las autoridades de Kirguistán prohibieron la entrada al país durante 10 años al representante de una organización internacional de derechos humanos.

“Las autoridades de Kirguistán no deben seguir el ejemplo de Uzbekistán, sino permitir que los activistas de los derechos humanos, los expertos y los periodistas independientes realicen sus actividades con seguridad y trabajen sin temor a sufrir hostigamiento o intimidaciones”, ha afirmado Nicola Duckworth.