La histórica resolución por la que un ex jefe de Estado guatemalteco deberá ser juzgado junto con otros altos mandos por genocidio supone un paso más hacia la justicia y la reparación por las violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas en el pasado, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

Un juzgado penal de la ciudad de Guatemala falló ayer que el general José Efraín Ríos Montt deberá ser juzgado por crímenes de genocidio por las matanzas de miles de personas –en su mayoría habitantes de poblados indígenas mayas– entre 1982 y 1983, mientras fue gobernante de facto del país centroamericano.

La decisión se comunicó el mismo día en que el Congreso de Guatemala ratificó la adhesión del país a la Corte Penal Internacional, que carece de jurisdicción retrospectiva.

“Para algunas de las decenas de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas en Guatemala y para sus familiares, este juicio supone un punto de inflexión que les ha costado tres décadas lograr: el hombre que presuntamente tenía la responsabilidad de mando cuando se cometieron algunas de las peores atrocidades por fin se enfrenta a la justicia” ha dicho Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional sobre América Central.

Violaciones generalizadas

En 1999, la Comisión de la Verdad, respaldada por la ONU, concluyó que durante los 36 años de conflicto armado interno guatemalteco unas 200.000 personas fueron víctimas de homicidio o desaparecieron. La Comisión documentó más de 600 matanzas, y concluyó que había tenido lugar un genocidio.

La Comisión determinó que casi la mitad de las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto habían tenido lugar en 1982. El general Ríos Montt gobernó el país de facto durante nueve meses de ese año.

La causa contra Ríos Montt forma parte de una causa penal iniciada en 2001 contra varios exoficiales del ejército por la Asociación para la Justicia y Reconciliación, que representa a cientos de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

El general retirado, que ahora tiene 85 años, ha sido puesto bajo arresto domiciliario hasta que termine el juicio, y si es declarado culpable podría ser condenado a una pena de entre 20 y 30 años de cárcel.

“Han pasado tres décadas desde las matanzas y la causa se presentó hace 11 años. Las víctimas y sus familias no tendrán que esperar más para conseguir la reparación que merecen”, ha dicho Sebastián Elgueta.

Casos acumulados 

Hay numerosos casos más de violaciones de derechos humanos perpetradas en el conflicto armado interno de Guatemala que aún no están plenamente investigados.

La Comisión de la Verdad de 1999, respaldada por la ONU, registró 23.671 víctimas de ejecución arbitraria y 6.159 víctimas de desaparición forzada.

A pesar de la orden judicial y del compromiso de ex presidente guatemalteco Álvaro Colom, el ejército aún tiene que entregar documentos que podrían resultar cruciales para investigar estas y otras violaciones de derechos humanos.

Mientras, las familias de miles de personas sometidas a desaparición durante el conflicto armado siguen sin saber qué se hizo con los restos de sus familiares.

“El nuevo presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, debe tomar la iniciativa para garantizar que se rinden cuentas por las violaciones y que las víctimas y sus familiares reciben la justicia que llevan esperando más de 30 años”, ha dicho Sebastián Elgueta.

"La primera prioridad del nuevo presidente –ha añadido Elgueta– debe ser dejar clara su intención de romper el círculo vicioso de impunidad que ha marcado al país.”