Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

19 julio 2011

Italia: Sigue sin hacerse justicia 10 años después de la cumbre del G8 en Génova

Transcurridos 10 años desde las manifestaciones con motivo de la cumbre del G8 en Génova, las investigaciones y los enjuiciamientos han sido escasos, y las autoridades italianas siguen sin condenar y ofrecer una disculpa pública por los malos tratos infligidos a los manifestantes, ha declarado hoy Amnistía Internacional al pedir a Italia que refuerce las medidas contra el uso de la fuerza arbitrario y abusivo por parte de la policía.

“Las víctimas y sus familias merecen una disculpa”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

“Italia nunca ha llevado a cabo una investigación independiente, exhaustiva y efectiva sobre la actuación policial durante mas manifestaciones de julio de 2001. Como consecuencia, 10 años después, la brutalidad manifestada en las calles de Génova ha quedado impune en gran medida.”

Más de 200.000 personas participaron en manifestaciones antiglobalización convocadas en Génova durante la cumbre del G8 de 2011.

Aunque la gran mayoría protestó pacíficamente, en algunas manifestaciones se registraron actos violentos que causaron un número significativo de heridos e importantes daños a la propiedad.

Al finalizar la cumbre, el manifestante Carlo Giuliani había muerto abatido por disparos de un agente encargado de hacer cumplir la ley, y varios centenares de personas habían resultado heridas en enfrentamientos con la policía.

Una considerable cantidad de información muestra que los manifestantes sufrieron malos tratos policiales durante las manifestaciones callejeras, pero también en la escuela Armando Díaz, que se utilizaba como dormitorio, y en el centro de detención temporal de Bolzaneto.  

Durante los años siguientes, Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la apertura de juicios sobre los malos tratos infligidos a manifestantes en la escuela Armando Díaz y el cuartel militar de Bolzaneto.  

Sin embargo, como la tortura no constituye delito en la legislación nacional italiana, los agentes que puedan haber infligido tortura a manifestantes nunca han sido acusados de este delito. Es más, el enjuiciamiento de muchos de los delitos comunes imputados a los agentes ha prescrito, lo que ha llevado a una situación de impunidad.  

Las autoridades italianas tampoco han establecido mecanismos efectivos para prevenir el uso arbitrario y abusivo de la fuerza por parte de la policía, ni han adoptado medidas concretas para garantizar la investigación y el procesamiento de todos los agentes encargados de hacer cumplir la ley sospechosos de tortura, uso excesivo de la fuerza u otras violaciones de derechos humanos.

“Desde la cumbre de Génova de 2001, Italia ha pasado 10 largos años sin hacer que sus fuerzas policiales y de seguridad interna rindan cuentas ante la ley por los delitos cometidos contra los manifestantes”, ha afirmado Nicola Duckworth.

Italia aún no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, ni ha establecido un mecanismo preventivo nacional independiente para la prevención de la tortura y los malos tratos en el ámbito nacional.
      
“Las autoridades italianas deben revisar de inmediato sus prácticas de actuación policial y garantizar que sus agentes reciben material y formación para hacer uso de la fuerza y las armas de fuego sólo como último recurso”, ha declarado Nicola Duckworth.

Véase también:

Impunity for violations committed on the occasion of the 2001 Genoa G8 summit an intolerable stain on Italy’s human rights record

Índice AI: PRE01/351/2011
Región Europa y Asia Central
País Italia
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