Indonesia: Investigar la destrucción de casas por la policía en Riau

Las autoridades indonesias deben investigar de inmediato la destrucción, el 18 de diciembre, de unas 300 casas en el poblado de Suluk Bongka, según ha declarado Amnistía Internacional hoy, 23 de diciembre. Fuentes locales han dicho a Amnistía Internacional que durante el enfrentamiento murieron dos niños, y que casi 400 personas permanecen sin hogar, viviendo en un bosque cercano. Además, 58 personas permanecen bajo custodia de la policía.

“Centenares de personas viven en el bosque, pues sus casas han sido destruidas, y dos familias lloran la muerte de sus hijos. El gobierno indonesio debe investigar de inmediato cómo y por qué ha sucedido esto, y debe examinar específicamente el papel desempeñado por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley locales en este suceso”, ha manifestado Josef Benedict, encargado de campañas sobre Indonesia de Amnistía Internacional.

Unos 700 miembros locales de las fuerzas de seguridad dispararon balas y gas lacrimógeno para desalojar a los residentes del poblado, en la provincia de Riau, costa este de Sumatra. La policía contó con la ayuda de Satpol PP (unidad de la policía administrativa local), Pamswakarsa (grupos de seguridad civil) y civiles aparentemente contratados para llevar a cabo el desalojo.

Fuentes locales han informado de que una niña de dos años murió al caer a un pozo durante el enfrentamiento, mientras que un bebé de dos meses murió por quemaduras. Otras dos personas sufrieron heridas de bala.

Cuando los habitantes del poblado huían al bosque, dos helicópteros dejaron caer lo que se cree que era un acelerador de fuego sobre el poblado de Suluk Bongka, Bengkalis, quemando hasta los cimientos unas 300 casas. A continuación, entraron las excavadoras, que arrasaron con lo que quedaba.

Los habitantes del poblado mantenían una disputa por las tierras con la empresa de suministros de pulpa de madera PT Arara Abadi desde 1996, cuando el Ministerio de Bosques indonesio otorgó a la empresa derechos de gestión para la agricultura industrial. Desde entonces, la empresa ha tratado de desalojar a los habitantes del poblado, pero las cartas oficiales enviadas tanto por el Ministerio de Bosques como por el gobernador de Riau en 2007 decían claramente que la empresa no podía iniciar sus operaciones hasta que se hubiera resuelto la disputa.

El desalojo de los habitantes de Suluk Bongka se llevó a cabo sin que se hubiera resuelto la disputa y sin que los habitantes recibieran aviso previo o documentos oficiales al respecto.

La policía inicialmente detuvo a unas 200 personas. De ellas, 58 continúan detenidas en la comisaría de distrito de Bengkalis.

La policía está impidiendo la entrada a la zona a las organizaciones de derechos humanos. Komnas HAM, la comisión nacional de derechos humanos, ha manifestado que, no obstante, tratará de enviar un equipo de investigación y de dar protección a los habitantes del poblado que hayan presentado denuncia ante ella.

Amnistía Internacional pide urgentemente que:

•  la policía ponga en libertad a los detenidos, o los acuse de delitos reconocibles;
•  la policía permita el acceso a la zona a Komnas HAM y los grupos de derechos humanos; 
•  el gobierno indonesio garantice la seguridad de los habitantes del pueblo que permanecen en el bosque, y proporcione cobijo, agua y alimentos esenciales a quienes se han quedado sin hogar;
•  el gobierno indonesio ordene una investigación inmediata sobre el uso de fuerza letal excesiva por parte de la policía y sobre la muerte de los dos niños, y lleve a los responsables ante la justicia;
• el gobierno indonesio proporcione reparación a quienes han perdido su hogar.

“La prioridad inmediata es el bienestar de las personas obligadas a vivir en el bosque. Apenas se dispone de información sobre su situación, y es por eso por lo que las autoridades indonesias deben actuar urgentemente para permitir la entrada a las organizaciones locales, o al menos deben proporcionar información más detallada sobre la manera en la que están cuidando de estos ciudadanos”, ha manifestado Josef Benedict.