India: Es hora de acabar con la lotería que supone el sistema de pena capital

2 mayo 2008

Nueva Delhi.– El primer gran estudio sobre las sentencias judiciales sobre casos de pena de muerte dictadas en India pone de manifiesto que el sistema está plagado de defectos de funestas consecuencias y que el único remedio es abolir la pena capital por completo, según han manifestado los autores del estudio hoy, 2 de mayo de 2008, en Nueva Delhi.  Amnistía Internacional considera que al menos 140 personas fueron condenadas a muerte en 2006 y 2007. Según los últimos datos oficiales disponibles, a fecha de 31 de diciembre de 2005 había 273 personas en espera de ejecución. En la actualidad es muy probable que la cifra sea considerablemente superior. La suerte de estos condenados a muerte es, en última instancia, una lotería. En este primer estudio integral, basado en unas 700 sentencias sobre casos de pena de muerte dictadas por el Tribunal Supremo a lo largo de más de 50 años, los autores ponen al descubierto un sistema judicial que no se ajusta a las leyes y normas internacionales relativas a la pena capital. La organización People’s Union for Civil Liberties (PUCL), de los estados indios de Tamil Nadu y Puducherry, y la Sección India de Amnistía Internacional han publicado un estudio titulado Lethal Lottery: The Death Penalty in India, A study of Supreme Court judgments in death penalty cases 1950-2006 [Lotería mortal: La pena de muerte en India. Estudio sobre sentencias del Tribunal Supremo en casos de pena de muerte entre 1950 y 2006].

Es el primero que aborda la esencial falta de imparcialidad del sistema de pena de muerte en India analizando los indicios de abuso de derecho y abuso procesal, así como de arbitrariedad y contradicción en las fases de investigación, juicio, pronunciamiento de sentencia y apelación, encontrados en las sentencias del Tribunal Supremo sobre casos de pena capital. El estudio demuestra que:
  • la pena de muerte no se ha aplicado en India “en los más excepcionales de los casos excepcionales”, como se afirma en el país;
  • al contrario, existen abundantes indicios de que la pena de muerte ha sido un medio arbitrario, impreciso y abusivo de tratar a las personas acusadas.
El doctor V. Suresh, presidente de PUCL (Tamil Nadu y Puducherry), ha afirmado lo siguiente: “Mientras se siga aplicando la pena de muerte en India, persistirá el peligro de que se utilice de manera desproporcionada contra minorías étnicas, personas sin recursos económicos u otros grupos desfavorecidos. Sólo hay una forma de garantizar la erradicación de tales desigualdades en la administración de justicia: la abolición absoluta de la pena de muerte”. Amnistía Internacional considera positivo el actual paréntesis en la celebración de ejecuciones en el país. La relativa falta de ejecuciones en los últimos 10 años –sólo una en 2004– demuestra que la población de India está dispuesta a vivir sin la pena de muerte. “India está en una encrucijada. Puede optar por seguir la tendencia mundial a favor de la suspensión de la pena de muerte, plasmada en la resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2007. Se uniría así a los 27 países de la región de Asia y Oceanía que ya han abolido la pena capital en la legislación o en la práctica.”

“O puede optar por seguir ejecutando por ahorcamiento a los condenados a muerte a pesar de que este importante trabajo de investigación ha demostrado que el sistema judicial por el que se encuentran en esa situación no es imparcial”, ha afirmado Mukul Sharma, director de AI India.

Encontrarán el informe íntegro en http://www.amnesty.org/en/report/info/ASA20/007/2008, y un resumen en http://www.amnesty.org/en/report/info/ASA20/006/2008.

Información complementaria

El estudio sobre los tribunales pone de relieve los siguientes defectos básicos:

Errores en la consideración de pruebas: La mayoría de las sentencias de muerte dictadas en India se basan únicamente en pruebas circunstanciales. En una vista de apelación celebrada ante el Tribunal Supremo en 1994, el tribunal observó con sarcasmo que la memoria del testigo principal, cuyo testimonio en el juicio tres años después de los hechos resultó mucho más preciso que su declaración registrada a los pocos días, había mejorado progresivamente.

Representación letrada inadecuada: Entre otros hechos preocupantes, los abogados pasaron por alto datos fundamentales de incapacidad mental, eludieron presentar un alegato en la fase de determinación de la sentencia o no actuaron para hacer valer las alegaciones de que el acusado era menor de 18 años en el momento de cometerse el delito frente a las pruebas que indicaban lo contrario.

Legislación antiterrorista: Algunos motivos de preocupación son: la definición difusa de “actos terroristas”, la falta de garantías durante la detención y las disposiciones que permiten que se admitan como prueba las confesiones a la policía.

Arbitrariedad en la determinación de la sentencia: En el mismo mes, distintas salas del Tribunal Supremo han tratado casos semejantes de diferente manera, tomando en cuenta o despreciando arbitrariamente elementos atenuantes.

En la sentencia sobre la causa de Bachan Singh en 1980, el Tribunal Supremo resolvió que la pena de muerte sólo podía aplicarse a los casos “más excepcionales de entre los casos excepcionales”. Más de un cuarto de siglo después, es evidente que siguen sin cumplirse las restricciones del tribunal toda vez que los tribunales y las autoridades del Estado no aplican metódicamente los procedimientos establecidos en la legislación y en esa sentencia.

Un total de 135 países han abolido la pena de muerte en la legislación o en la práctica, reconociendo así que las ejecuciones son inaceptables. En 2007, sólo 24 países llevaron a cabo ejecuciones (Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Pakistán fueron los máximos ejecutores, con el 88 por ciento de todas las ejecuciones de las que se tuvo conocimiento). Véase http://www.amnesty.org/es/death-penalty.