India: Es preciso investigar la detención ilegal de una niña de 11 años en Manipur

Amnistía Internacional pide al gobierno de India que abra una investigación independiente sobre las denuncias según las cuales una niña de 11 años fue detenida ilegalmente por la policía en el estado de Manipur para obligar a entregarse a sus padres, a quienes se sospechaba vinculados a grupos locales de oposición

Las fuerzas de seguridad se llevaron a Bidyarani Devi Salam de su casa la mañana del 14 de agosto y la mantuvieron bajo custodia durante cinco días. Su detención ilegal echó a la calle a cientos de manifestantes que pedían su liberación.

Organizaciones locales de derechos humanos han exigido que se emprendan acciones legales contra la policía por detener ilegalmente a Bidyarani Devi Salam. Denuncian que la niña fue secuestrada para que se entregaran sus padres, sospechosos de colaborar con grupos armados locales de oposición.

 “El que las fuerzas armadas ejerzan la violencia contra una menor para justificar sus operaciones contra los grupos armados de oposición es un acto vergonzoso que no debe ser tolerado bajo ningún concepto”, ha dicho Madhu Malhotra, subdirectora del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

Bidyarani Devi Salam fue puesta en libertad y entregada a sus familiares el jueves, tras detener la policía a sus padres como sospechosos de ayudar al Ejército Popular de Liberación de Manipur.

La policía sostiene que se llevaron a la niña para que recibiera tratamiento médico tras el desmayo que sufrió cuando fueron a su domicilio a buscar a sus padres. Sin embargo, la policía no pudo explicar por qué no la enviaron a un centro infantil o a un hospital para recibir tratamiento.

Ésta es la segunda vez en un mes que Manipur es centro de atención por graves violaciones de derechos humanos. El 23 de julio, la policía y las fuerzas de seguridad de este estado mataron a disparos a un ex insurgente de 27 años, Chungkam Sanjit, y a una embarazada que se encontraba en ese momento en el mercado central de Manipur.

El ministro principal de Manipur, Ibobi Singh, ha ordenado una investigación judicial sobre los homicidios del 23 de julio y ha suspendido de servicio a seis policías. Sin embargo, los agentes aún no han sido acusados oficialmente de asesinato. Un tribunal ha dado de plazo hasta el 25 de agosto al gobierno del estado para que presente oficialmente cargos contra ellos.

Los días 4 y 5 de agosto, la policía detuvo a varios activistas de derechos humanos, tres de ellos mujeres, que condujeron a los manifestantes ante la residencia del gobernador del estado pidiendo el despido de los agentes de policía por los asesinatos y la presentación de cargos formales contra ellos.

“En vez de tomar medidas legales contra las fuerzas de seguridad que cometen graves violaciones de derechos humanos, el estado ha optado por castigar a los activistas locales por alzar pacíficamente sus voces pidiendo justicia”, ha dicho Madhu Malhotra

En Manipur se ha protestado reiteradamente contra la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas de 1958, que da inmunidad a las fuerzas de seguridad y las fuerzas paramilitares que se enfrentan a los grupos armados de oposición.

Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han exigido en reiteradas ocasiones la retirada de esta ley, que vulnera las obligaciones internacionales de India respecto a la protección de los derechos humanos.