Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

25 febrero 2009

Guatemala: El Congreso debe aprobar la ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzada e Involuntariamente

Amnistía Internacional ha instado hoy, 25 de febrero, al Congreso de Guatemala a que apruebe una ley para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzada e Involuntariamente, como paso fundamental para poner en práctica las recomendaciones formuladas hace diez años por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico guatemalteca.

“El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico fue un enorme hito para los derechos humanos en Guatemala”, ha manifestado Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional. “Es hora de que el gobierno imparta algo de justicia.”

“Resulta muy decepcionante que tantas de las recomendaciones del informe continúen pendientes, y que todavía no se haya hecho justicia para las decenas de miles de casos de desaparición forzada, homicidio y tortura perpetrados durante el largo conflicto guatemalteco.”

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico guatemalteca, elaborado en virtud de los acuerdos de paz promovidos por la ONU que pusieron fin al conflicto, se publicó el 25 de febrero de 1999.

En él se concluía que, durante el conflicto armado interno de Guatemala –entre 1960 y 1996–, unas 200.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada o fueron asesinadas, y que se perpetraron 669 masacres, la mayoría de ellas en poblados indígenas. La Comisión concluyó también que el ejército guatemalteco y sus aliados habían sido responsables de la inmensa mayoría de los abusos, y que algunos de esos casos habían constituido genocidio.

El 5 de diciembre de 1982, 250 hombres, mujeres, niños y niñas murieron cuando las fuerzas de seguridad guatemaltecas irrumpieron en su poblado de Dos Erres. Desde que se inició oficialmente la investigación sobre esta masacre en 1994, la defensa ha presentado al menos 30 apelaciones, y ha invocado otros procedimientos judiciales que han retrasado el proceso en unas 49 ocasiones.

Hasta la fecha, más de catorce años después, ningún alto mando ni autoridad ha comparecido ante la justicia por su papel a la hora de ordenar, planificar o ejecutar las violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas que tuvieron lugar en Guatemala. Las pocas investigaciones que se iniciaron fueron deplorablemente lentas e inadecuadas.

“Las autoridades guatemaltecas tienen el deber legal y moral de garantizar que se investigan los delitos cometidos durante el conflicto armado interno del país, muchos de los cuales constituyen crímenes de lesa humanidad, y que los responsables comparecen ante la justicia”, ha manifestado Kerrie Howard. “Sin justicia, Guatemala no podrá avanzar y dejar atrás su oscuro pasado.”

Algunas de las recomendaciones fundamentales incluidas en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico para garantizar que se otorga reparación a los familiares de las víctimas y a los supervivientes de los abusos se han puesto en práctica, pero en la mayoría de los ámbitos todavía no ha habido progresos.

Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción por la noticia de que la Secretaría de la Paz del gobierno guatemalteco ha proporcionado al Ministerio Público información sobre más de 3.300 casos de abusos contra los derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado interno de Guatemala. La organización confía en que esta información ayude a redoblar los esfuerzos por investigar y procesar a los responsables de abusos cometidos en el pasado.

“La mejor manera de que las autoridades guatemaltecas recuerden y honren a las víctimas de los abusos cometidos durante el conflicto armado es garantizar que quienes cometieron, autorizaron o planearon aquellos crímenes no pueden eludir la acción de la justicia”, ha manifestado Kerrie Howard.

 

Región América
País Guatemala
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