Gambia: El gobierno debe poner fin a la represión

(Abuja) “Los máximos dirigentes africanos y la comunidad internacional deben presionar a las autoridades gambianas para que dejen de utilizar sus fuerzas de seguridad como instrumento de represión”, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 11 de noviembre de 2008, con motivo de la presentación de un informe sobre la situación de los derechos humanos en Gambia. La presentación del informe coincide con la reunión de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que se celebra en Abuja (Nigeria) del 10 al 24 de noviembre.
“Pedimos a la Comisión Africana que aborde la situación de los derechos humanos en Gambia como cuestión prioritaria y apruebe una resolución que ayude a acabar con la tortura, las detenciones y los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad locales. Instamos a todos los dirigentes africanos a presionar a Gambia para que ponga fin a esta larga tradición de impunidad por las violaciones de derechos humanos en el país” ha afirmado Tania Bernath, investigadora de Amnistía Internacional sobre Gambia.
En los 14 años que lleva el presidente Yahya Jammeh en el poder ha habido, según informes, seis intentos fallidos de golpe de Estado. El más reciente tuvo lugar en marzo de 2006 y dio lugar a la detención de al menos 59 personas, muchas de las cuales fueron objeto de detención ilegítima y juicio sin las debidas garantías, algunas fueron torturadas y hubo incluso víctimas de ejecución extrajudicial.
El informe Gambia: Fear rules (sólo en inglés) documenta violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército, la policía y el Servicio Nacional de Información, a los que el gobierno ha utilizado para reprimir la disidencia, especialmente después del intento de golpe de marzo de 2006. El informe se basa en entrevistas realizadas a personas que sufrieron abusos contra los derechos humanos en Gambia entre octubre de 2007 y septiembre de 2008.
En el informe, Amnistía Internacional expone los casos de al menos 30 personas detenidas sin cargos. Muchas no tienen acceso a familiares ni abogados y viven en precarias condiciones en la prisión Mile 2.
La organización resalta también que el desprecio del gobierno hacia el Estado de derecho y el poder judicial hace que la lucha contra la impunidad sea una ardua batalla en Gambia. Los abogados son reacios a defender causas de derechos humanos por miedo a represalias, y los familiares de las víctimas temen denunciar. Los medios de comunicación, en su mayoría, se autocensuran ante las detenciones, multas, amenazas y agresiones físicas que sufren las personas acusadas de criticar al gobierno. Todas las protestas públicas han cesado.
Una persona que trabaja en la defensa de los derechos humanos contó lo siguiente a Amnistía Internacional: “Una vez que te han detenido [en Gambia], quedas al margen de la protección de la ley y expuesto a sufrir toda clase de violaciones de derechos humanos por parte de la policía, el ejército y el Servicio Nacional de Información”.
“Hoy el miedo reina en Gambia, donde toda persona tenida por enemiga del gobierno corre peligro de detención, tortura e incluso muerte –afirma Tania Bernath–. Pedimos al gobierno de Gambia que incorpore las leyes y normas internacionales de derechos humanos al derecho interno de Gambia, acabe con el uso de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales y ponga en libertad sin cargos a todas las personas detenidas.”
Más aún, Amnistía Internacional pide al gobierno que investigue las denuncias de tortura, malos tratos, detención ilegal y desaparición forzada, dé a conocer los resultados y lleve a los presuntos responsables ante la justicia.
Otras organizaciones se hacen eco de estos llamamientos a la acción. “La comunidad internacional y los miembros de la Unión Africana no deben mirar hacia otro lado ante la situación de Gambia, sino presionar a las autoridades gambianas para obtener garantías de que su gobierno asume con seriedad sus obligaciones en materia de derechos humanos” afirma Adetokunbo Mumuni, director ejecutivo del Proyecto de Derechos Socioeconómicos y Rendición de Cuentas (SERAP).
“La adopción de una resolución sobre Gambia por parte de la Comisión Africana sería un paso importante para garantizar mayor respeto a los derechos humanos en aquel país, así como un recordatorio a su gobierno de que debe actuar de buena fe para poner fin a la arraigada cultura de impunidad en el país, que está fomentando nuevas violaciones de derechos humanos” ha afirmado Stella Amadi, del Centro para la Democracia y el Desarrollo.

Notificación para la prensa

Debido al alto riesgo de represalias contra quienes han hablado con Amnistía Internacional, muchos de los testimonios recogidos en el informe son anónimos. Las entrevistas con particulares a menudo se hicieron fuera de Gambia para garantizar su seguridad.
Amnistía Internacional colabora con una coalición de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales para garantizar que la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adopta una resolución específica sobre Gambia. Estas organizaciones son: Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta (Open Society Justice Initiative, OSJI), Centro para la Democracia y el Desarrollo (Centre for Democracy and Development, CDD), Proyecto de Derechos Socioeconómicos y Rendición de Cuentas (Socio-Economic Rights & Accountability Project, SERAP), Centro de Investigación y Documentación para Mujeres Defensoras (Women Advocates Research & Documentation Centre, WARDC) y Fundación de Medios de Comunicación para África Occidental (Media Foundation for West Africa). La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos tiene su sede en Gambia.