Fiyi. Amnistía Internacional advierte del deterioro de los derechos humanos

Un experto de Amnistía Internacional que acaba de realizar una visita de investigación a Fiyi ha advertido de que la situación de los derechos humanos se agrava de día en día en el país y de que la población civil vive con miedo, a causa de las draconianas medidas aplicadas por el régimen militar.

Apolosi Bose, investigador de Amnistía Internacional para la región del Pacífico, estuvo en Fiyi antes de que se derogase la Constitución el 10 de abril, y se entrevistó con diversas personas, entre las que había abogados, funcionarios judiciales y consulares, periodistas y defensores de los derechos humanos.

Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación la inestabilidad de la situación en Fiyi y pide el restablecimiento inmediato de la Constitución, la independencia del poder judicial y el Estado de derecho.

La organización condena la censura de los medios de comunicación y la detención de periodistas, las estrictas restricciones impuestas a la libertad de asociación, las amenazas a defensores de los derechos humanos y a personas críticas con el régimen y el nuevo reglamento de “emergencia pública”, que exime al personal policial y militar de responsabilidad por sus acciones incluso si muere o resulta herida alguna persona a causa de ellas.

“La situación del los derechos humanos en Fiyi empeora cada día –ha manifestado Apolosi Bose–. Se está generando una cultura de temor extremo e intimidaciones. Es preciso restablecer de inmediato en el país el Estado de derecho y respetar la independencia del poder judicial para garantizar el derecho a la libertad de expresión y asociación.”

“Hay una fuerte presencia militar y policial en la calle, particularmente en torno a lugares estratégicos, como las oficinas del gobierno, y en las salas de prensa de la nación. Constituye un constante e intimidante recordatorio de que el nuevo régimen militar no tolerará la disidencia y cumplirá las advertencias que ha hecho a quienes le critican.”

Se cree que, además de adoptar medidas de represión contra los periodistas y contra toda persona que critique al ejército o al gobierno provisional, ahora el régimen está también vigilando el intercambio de mensajes de correo electrónico y los blogs para reprimir aún más toda crítica.

“Debido a ello, se está obligando a la gente a autocensurarse, y hay importantes grupos de derechos humanos de Fiyi que no pueden hacer bien su trabajo –ha señalado Apolosi Bose–. Tales medidas han tenido un terrible efecto de paralización de la comunidad de defensores de los derechos humanos y ONG, que era muy activa.”

“Sin prensa libre que haga rendir cuentas de sus acciones a los militares ni poder judicial con que mantener el equilibrio de poder, el trabajo de estas organizaciones de derechos humanos es esencial. Sin embargo, están inmovilizadas por la represión. Sin nadie que defienda a quienes sufren abusos ni a quienes son vulnerables, existe un auténtico riesgo de que la población civil sea víctima de nuevos abusos graves contra los derechos humanos.”

Con la derogación de la Constitución y el posterior despido de todos los funcionarios judiciales y todos los titulares de cargos designados conforme a ella, Fiyi ha dado un brusco giro que la aleja de la democracia. Se han aplazado las elecciones cinco años y se ha declarado la ley marcial por un periodo de 30 días, durante el cual los periodistas tienen prohibido escribir nada negativo sobre el país o sobre el régimen militar.

Desde el 14 de abril se impide a los jueces, abogados y funcionarios judiciales entrar en los juzgados, y algunos, como el director de la Fiscalía y el presidente del Colegio de Abogados de Fiyi, han sido puestos bajo arresto domiciliario.

“Salvo en el caso de lo que los militares quieren que oiga, la población de Fiyi no tiene acceso a información sobre lo que está ocurriendo en el país –ha explicado Apolosi Bose-. Existe una gran confusión, pues la gente carece de la información necesaria para tomar decisiones en su vida cotidiana.”