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Israel /TPO: La impunidad de los crímenes de guerra supondrá mas sufrimiento para la población civil

Thu, 02 Jul 2009 08:01:28 +0100

Las fuerzas israelíes mataron a centenares de civiles palestinos desarmados y destruyeron millares de viviendas en Gaza, en ataques que violaron las leyes de la guerra, concluye Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy, 2 de julio de 2009, y que es el primero de alcance exhaustivo que se publica sobre este conflicto de 22 días ocurrido este mismo año.

“La falta de medidas por parte de Israel para investigar debidamente la actuación de sus fuerzas en Gaza, incluidos los crímenes de guerra, y su continua negativa a cooperar con la misión internacional e independiente de investigación de la ONU, dirigida por Richard Goldstone, ponen de manifiesto su intención de eludir el escrutinio público y la rendición de cuentas”, ha manifestado Donatella Rovera, quien encabezó un delegación enviada por Amnistía Internacional a Gaza y el sur de Israel para realizar labores de investigación sobre el terrero durante el conflicto y después de él.

“La comunidad internacional, dirigida por el Consejo de Seguridad de la ONU, debe ejercer toda su influencia para conseguir que Israel coopere plenamente con la investigación Goldstone, que es ya el mejor medio para establecer la verdad.”

Hamás y otros grupos armados palestinos dispararon centenares de cohetes contra el sur de Israel, que mataron a tres civiles israelíes, hirieron a decenas más y obligaron a miles de personas a evacuar sus hogares. “Estos ataques ilegítimos constituyen crímenes de guerra y son inadmisibles”, ha añadido Rovera.

El informe de Amnistía Internacional, basado en datos recogidos por su delegación –de la que formaba parte un experto en cuestiones militares- durante la investigación que llevó a cabo sobre el terreno en enero y febrero, documenta el uso por parte de Israel de armas de campo de batalla contra una población civil que se hallaba atrapada en Gaza sin posibilidades de huida.

La magnitud e intensidad de los ataques contra Gaza no tenían precedente. Entre los 1.400 palestinos que mataron las fuerzas israelíes había unos 300 niños y niñas y centenares de civiles desarmados más que no tomaban parte en el conflicto.

A la mayoría de estas personas, las mataron con armas de alta precisión, para disparar las cuales se contaba con aviones de vigilancia teledirigidos no tripulados, cuyo excelente sistema óptico permitía ver con detalle el blanco. A otras las mataron con armas poco precisas --incluidos proyectiles de artillería con fósforo blanco, sustancia jamás utilizada anteriormente en Gaza-- que no deben emplearse nunca en zonas con gran densidad de población.

Amnistía Internacional comprobó que las víctimas de los ataques que investigó no habían muerto por haberse visto atrapadas entre dos fuegos en el curso de combates entre activistas armados palestinos y las fuerzas israelíes ni porque estuvieran sirviendo de protección a combatientes u objetos militares. Muchas murieron al ser bombardeadas sus casas mientras dormían. Otras se encontraban en ese momento sentadas en sus patios o tendiendo ropa en la azotea. Entre las víctimas de los ataques había niños y niñas que estaban jugando en su habitación, en la azotea de su casa o en la calle. Se atacó reiteradamente a personal paramédico y a ambulancias que habían acudido a socorrer a personas heridas o a recoger cadáveres.

“No se pueden explicar tantas muertes de niños y niñas, así como de otros civiles, calificándolas sin más de ‘daños colaterales’, como hace Israel –ha manifestado Donatella Rovera-. Quedan muchas cuestiones sin responder en torno a estos ataques y al hecho de que siguieran llevándose a cabo a pesar del creciente número de víctimas mortales civiles que estaban causando.”

Más de 3.000 viviendas fueron destruidas y unas 20.000 sufrieron daños en ataques israelíes que redujeron a escombros barrios enteros de Gaza y dejaron la ya mala situación económica del territorio en ruinas. Gran parte de la destrucción fue gratuita y no estaba justificada por razones de “necesidad militar.

El ejército israelí no ha respondido a las reiteradas peticiones que le ha hecho Amnistía Internacional durante los últimos cinco meses para que le proporcione información sobre los casos específicos descritos en su informe y se reúna con la organización para hablar de sus conclusiones.

"Hamás, por su parte, sigue justificando los ataques con cohetes que sus combatientes y otros grupos armados palestinos lanzaron a diario contra ciudades y pueblos del sur de Israel durante los 22 días de conflicto –ha explicado Rovera--. Aunque menos letales, estos ataques, efectuados con cohetes no guiados que no pueden dirigirse contra blancos específicos, violaron el derecho internacional humanitario y no pueden justificarse en ninguna circunstancia.”

Además de cohetes, Qassam de fabricación local, los activistas armados palestinos dispararon a menudo cohetes de tipo Grad, proyectiles de mayor alcance, introducidos clandestinamente en Gaza por los túneles que comunican con Egipto, que llegaban a zonas de Israel situadas más en el interior y ponían en peligro a una parte mucho mayor de su población civil.

“Al cabo de cinco meses, ninguno de los dos bandos ha se ha mostrado dispuesto a modificar sus prácticas y cumplir las disposiciones del derecho internacional humanitario, lo que hace temer que sea una vez más la población civil que la sufra en especial las consecuencias si se reanudan los combates”, ha señalado Donatella Rovera.

De acuerdo con el derecho internacional, los Estados tienen la obligación de ejercer la jurisdicción universal e iniciar investigaciones criminales en sus tribunales nacionales siempre que haya indicios suficientes de comisión de crímenes de guerra u otros delitos de derecho internacional, para detener y poner a disposición judicial a los presuntos responsables.

“No se debe dejar a los autores de crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional eludir la rendición de cuentas y la acción de la justicia.”

Entre otras recomendaciones, en su informe Amnistía Internacional pide a los Estados que suspendan todas las transferencias de material militar, asistencia militar y municiones a Israel y a Hamás y los demás grupos armados palestinos hasta que no haya riesgo sustancial de que tal material se utilice para cometer violaciones graves del derecho internacional

La organización pide a Israel que se comprometa a no llevar a cabo ataques directos, indiscriminados ni desproporcionados contra civiles, a no utilizar artillería, morteros ni armas de fósforo blanco en zonas densamente pobladas y a poner fin al bloqueo que mantiene sobre la Franja de Gaza, con el que está infligiendo un castigo colectivo a toda su población.

Amnistía Internacional insta a Hamás a que renuncie a su política de ataques con cohetes contra centros de población civil de Israel e impida que otros grupos armaos realicen tales ataques.

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o por correo electrónico en press@amnesty.org. Para los comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/for-media. Para documentación general traducida al español consulten http://www.amnesty.org/es/library.

India: Fallo histórico contra la legislación sobre la “sodomía”

Fri, 03 Jul 2009 11:22:31 +0100

Amnistía Internacional acoge con satisfacción que el Tribunal Superior de Delhi haya tomado la histórica decisión de despenalizar la homosexualidad.

“Esta decisión es un importante paso para garantizar que las personas pueden expresar en India su orientación sexual o su identidad de género sin temor a sufrir discriminación -ha señalado Madhu Malhotra, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional--. El legado colonial británico ha hecho un daño incalculable a generaciones de personas en India y en toda la Commonwealth.”

El fallo del Tribunal anula una ley colonial británica del siglo XIX que prohíbe las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo por considerarlas “relaciones carnales en contra del orden natural”. Esta ley se utilizaba para reprimir la labor de las organizaciones que trabajan en la prevención del VIH/sida en India. El Tribunal la ha anulado por considerarla discriminatoria y “contraria a la moral constitucional”.

“Amnistía Internacional insta al gobierno indio a que aborde el problema de la discriminación y los abusos cometidos por la policía y otras instituciones y tome medidas para poner fin a la discriminación ejercida por motivos de orientación sexual e identidad de género en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos la vivienda, el empleo y los servicios de salud”, ha manifestado Madhu Malhotra.

El fallo del Tribunal rebate todos los argumentos presentados por el gobierno en defensa de la ley. Se determina en él que su Sección 377, en la que se penalizaba la homosexualidad, reflejaba una forma de entender la orientación sexual que es “incompatible con la idea científica y profesional que se tiene actualmente de ella”. En particular, el Tribunal ha afirmado que la opinión del gobierno de que estas disposiciones ayudaban a detener la propagación del VIH/sida es “completamente infundada” y está “basada en ideas erróneas e incorrectas”.

El Tribunal ha reconocido que la Sección 377 se utilizaba para “tratar brutalmente” a los miembros de la comunidad gay y a otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, abuso que los defensores locales de los derechos humanos y Amnistía Internacional llevaban mucho tiempo documentando. Los jueces han decidido que la moral popular o la desaprobación pública de ciertos actos no son una justificación válida de la restricción de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución india.

India no tiene leyes que penalicen específicamente los abusos sexuales contra menores, por lo que utilizaba la Sección 377 con tal fin. El fallo del Tribunal restringe ahora la aplicación de ésta a los casos de violación y abuso de menores. Amnistía Internacional insta a los legisladores a reelaborar la ley para que se traten explícitamente en ella estos delitos.

La Fundación Naz, organización india de defensa de los derechos sexuales que impugnó la validez de la Sección 377, ha explicado a Amnistía Internacional: “Es un día increíble. Hoy se ha despenalizado la homosexualidad, pero no se ha legalizado. Es un paso muy pequeño, pero India ha entrado por fin en el siglo XXI”.

Con esta decisión, India es el último país que se ha sumado a tendencia mundial a la despenalización. Amnistía Internacional pide a los Estados que continúan tratando la homosexualidad como delito que sigan el ejemplo de India y anulen esta legislación, que se mantiene sobre todo en países de la Commonwealth.

Para más información, véase Amor, odio y ley: Despenalizar la homosexualidad

Pakistán: Más de dos millones de personas viven en terribles condiciones fuera de los campos para población desplazada

Fri, 03 Jul 2009 13:55:42 +0100

El gobierno central de Pakistán y los gobiernos de las provincias paquistaníes afectadas deben tomar con urgencia más medidas para ayudar a los más de dos millones de personas que han huido de la intensificación de los combates en el noroeste del país y no tienen acceso a la ayuda distribuida en los campos oficiales para la población desplazada, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 2 de julio de 2009. En particular, el gobierno paquistaní debe garantizar que las personas de etnia pastún que huyen de los combates no sufren discriminación al recibir asistencia.

“A medida que los combates se extienden al norte y al sur, parece que la crisis de desplazamiento, que, según el gobierno, iba a durar sólo dos semanas, podría prolongarse meses, sin socorro a la vista para los millones de personas víctimas de ella –ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional--. Para empeorar aún más las cosas, la gran mayoría de las personas desplazadas viven fuera de los campos oficiales, que es donde las agencias de ayuda humanitaria están distribuyendo medios de cobijo, alimentos y agua a quienes los necesitan.”

Casi el 90 por ciento de las personas desplazadas no tienen acceso a campos organizados y viven en condiciones de hacinamiento extremo con comunidades de acogida o en asentamientos precarios ya existentes y edificios abandonados. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de viviendas habitadas por tres o cuatro familias, lo que reduce considerablemente la capacidad de las comunidades de acogida para ofrecerles agua no contaminada y alimentos suficientes a todas. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de un importante riesgo de trasmisión de enfermedades con la llegada del calor y los monzones.

“El gobierno paquistaní tiene que velar por que los millones de personas que se han visto desplazadas y las comunidades que las acogen reciban la asistencia necesaria –ha manifestado Sam Zarifi--. Las condiciones son particularmente difíciles para las personas desplazadas que han buscado refugio en otras provincias de Pakistán.”

Hay que señal en particular que Amnistía Internacional ha documentado unas dos decenas de casos de pastunes desplazados a quienes les han dicho que, por motivos de seguridad, no pueden alquilar viviendas, acceder a los servicios de salud ni matricular a sus hijos en la escuela sin autorización, la cual es especialmente difícil de conseguir para muchas personas que han perdido sus documentos de identidad al huir. Este problema se agudiza en el caso de las mujeres y de los hogares donde el cabeza de familia es una mujer, porque en las zonas del noroeste bajo control de los talibanes, a muchas mujeres se les prohibía solicitar documentos nacionales de identidad.

Las condiciones parecen especialmente difíciles en la provincia de Sind, donde algunos grupos políticos locales avivan el temor a que la llegada de pastunes constituya una amenaza para la población local. Según grupos locales de ayuda humanitaria, más de 200.000 personas desplazadas han llegado ya a varias localidades de Sind, incluidas Jamshoro, Kotri y Sukkhar, sumándose a los millones de pastunes que viven ya en Karachi, la mayor ciudad de Pakistán.

Un líder del Partido Taraqi Pasand de Sind, grupo local que se opone a que se socorra a los desplazados, ha dicho a Amnistía Internacional: “Todos los nacionalistas de Sind están en contra del asentamiento de personas desplazadas de la Provincia de la Frontera del Noroeste o de cualquier otro lugar, pues los sindíes se están convirtiendo en una minoría en su propia provincia. Tememos que una vez que estas personas desplazadas lleguen a Sind ya no regresen y se vuelvan una carga para nuestra economía. No permitiremos que quienes son sean de Sind ocupen las tierras que son de de Sind y de los sindíes”.

“Numerosas personas que lo han perdido todo a causa de los combates están siendo tratadas ahora como ciudadanos de segunda clase en su propio país –ha afirmado Sam Zarifi--. El gobierno central y los gobiernos locales deben garantizar que, independientemente de su etnia o extracción, todos los paquistaníes desplazados internamente son tratados de acuerdo con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, de la ONU, y tienen alimentos, agua, medios de cobijo y atención médica adecuados.”

Fin

Documento público
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Federación Rusa: La rendición de cuentas es clave para la normalización en el norte del Cáucaso

Tue, 30 Jun 2009 08:07:24 +0100

Sólo la plena rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos que se han perpetrado en los últimos diez años y con anterioridad puede conseguir la total normalización de Chechenia y el norte del Cáucaso, ha dicho Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

El informe, titulado Rule without law: Human rights violations in the North Caucasus, pone de relieve las violaciones de derechos humanos que siguen perpetrándose en Chechenia, Ingusetia, Dagestán y Kabardino-Balkaria en un clima de impunidad. Se basa en testimonios que hablan de homicidios indiscriminados y uso excesivo de la fuerza, además de muerte y tortura bajo custodia, detención arbitraria y secreta, secuestros, amenazas a activistas de derechos humanos y periodistas independientes, ataques a familiares de presuntos combatientes y desalojos forzosos de personas internamente desplazadas.

En el contexto de Chechenia, la operación antiterrorista que las autoridades rusas declararon allí dio luz verde a estos abusos. El 16 de abril de 2009 las autoridades anunciaron su fin, pero poco después volvieron a introducirla en varios distritos.

“Ha habido y continúa habiendo una ausencia total de voluntad política para mantener el Estado de derecho y abordar la impunidad en Chechenia, que ha conducido a la desestabilización de todo el norte del Cáucaso. Con demasiada frecuencia los autores de violaciones de derechos humanos –tanto en el pasado como en la actualidad– están libres”, ha dicho Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

Si bien en la actualidad hay menos combates entre las fuerzas del gobierno y los grupos armados en Chechenia, los combates se han intensificado en otras regiones.

“Los recientes ataques de grupos armados contra oficiales de alta graduación en Ingusetia, donde el 22 de junio el presidente Yunus-Bek Yevkurov resultó herido en un intento de asesinato, son sólo la punta del iceberg” ha dicho Nicola Duckworth.

En los últimos años, cientos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y gran número de civiles han muerto a manos de grupos armados en toda la región. También en junio fueron asesinados el vicepresidente del Tribunal Supremo de Ingusetia y el ministro del Interior de Dagestán.

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional ha recibido informes desde Chechenia, Ingusetia y Kabardino-Balkaria según los cuales se han dictado sentencias condenatorias por delitos relacionados con el terrorismo basadas en confesiones forzadas y testimonios extraídos bajo tortura, mientras funcionarios encargados de hacer cumplir la ley implicados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado están en libertad.

“El objetivo legítimo de enfrentarse a los grupos armados y traer la estabilidad a la región no podrá conseguirse por medios ilegítimos y con medidas que violan el derecho internacional humanitario”, ha dicho Nicola Duckworth.

“Y, a pesar de ser esto muy necesario, tampoco podrá conseguirse la estabilidad únicamente reconstruyendo edificios, carreteras y fuentes de energía, como se ha hecho en los últimos años en Chechenia.”

“Sólo mediante investigaciones minuciosas e independientes de los abusos contra los derechos humanos perpetrados en el pasado y que siguen perpetrándose se podrá conseguir la normalización y la seguridad y acabar con el dolor de las víctimas. Tales investigaciones servirán además para disuadir de futuras violaciones.”

Durante 15 años Amnistía Internacional ha investigado constantemente y sacado a la luz casos de abusos contra los derechos humanos en el norte del Cáucaso, incluidos crímenes de guerra. La organización ha desvelado la falta de rendición de cuentas a pesar de las barreras impuestas por las autoridades rusas a sus representantes y a los de otras organizaciones de derechos humanos y observadores independientes para visitar la región.

“Abrir la región a periodistas y observadores independientes sería una señal de que las autoridades están dispuestas a la transparencia y el diálogo”, ha dicho Nicola Duckworth.

“Si todas las partes no muestran un respeto real por el Estado de derecho y no hay un verdadero compromiso de abordar el enconado legado que dejó la ostensible falta de voluntad política a todos los niveles para evitar y castigar toda una lista de graves abusos, no habrá estabilidad y seguridad para los habitantes del norte del Cáucaso”.

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten http://www.amnesty.org/es/features-news-and-updates.
Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/research.

Nigeria: La contaminación ha dado lugar a una tragedia de derechos humanos en el delta del Níger

Tue, 30 Jun 2009 13:31:09 +0100

Abuja.– Amnistía Internacional ha calificado la situación en el delta del Níger de “tragedia de derechos humanos” hoy, 30 de junio de 2009, y ha afirmado que la población del delta del Níger sufre abusos contra sus derechos humanos a manos de las empresas petroleras a las que su gobierno no puede o no va a obligar a rendir cuentas.

“El delta del Níger es un descarnado ejemplo de la falta de rendición de cuentas de un gobierno ante su población, y de la casi nula rendición de cuentas por parte de las empresas multinacionales en relación con las consecuencias de sus operaciones para los derechos humanos” ha afirmado Audrey Gaughran, responsable del trabajo sobre empresas y derechos humanos y coautora de un importante informe, Petroleum, Pollution and Poverty in el delta del Níger, publicado el 30 de junio en una conferencia de prensa en Abuja.

En el informe se examinan los vertidos de petróleo y materiales de desecho, las explosiones de gas y otros impactos ecológicos de la industria petrolífera. La mayoría de las pruebas sobre contaminación y daño al medio ambiente reunidas por AI y expuestas en su informe se refieren a las operaciones de Shell, principal compañía petrolera que actúa en los terrenos del delta del Níger.

“Quienes habitan el delta del Níger tienen que beber, cocinar y lavarse con agua contaminada. Comen pescado contaminado con petróleo y otras toxinas, si es que consiguen encontrar aún bancos de pesca. La tierra que cultivan se está degradando. Tras los vertidos de petróleo, el aire que respiran huele a petróleo, gas y otros agentes contaminantes. La gente se queja de problemas respiratorios y lesiones en la piel, y sin embargo ni el gobierno ni las compañías petroleras vigilan los efectos de la contaminación del petróleo en los seres humanos” señaló Audrey Gaughran.

Apenas se ha informado sobre las consecuencias de la contaminación para los derechos humanos en el delta del Níger. La mayoría de la población de la zona depende de su entorno natural para alimentarse y subsistir, especialmente mediante la agricultura y la pesca.

“El gobierno de Nigeria es consciente de los peligros que entraña la contaminación del petróleo para los derechos humanos, pero no ha tomado medidas que garanticen que no se lesionan esos derechos. A pesar de la contaminación generalizada de tierras, ríos y arroyos del delta del Níger –y de las numerosas denuncias por parte de habitantes de la región–, prácticamente no hemos conseguido ningún dato oficial sobre las consecuencias de cualquier aspecto de la contaminación petrolera para los seres humanos en el delta del Níger.”

Amnistía Internacional afirmó que la normativa gubernamental sobre la industria petrolera es del todo insuficiente.

“El gobierno de Nigeria no cumple con su obligación de respetar y proteger el derecho de la población del delta del Níger a la alimentación, el agua, la salud y a ganarse el sustento –afirmó Audrey Gaughran–. Por su parte, algunas compañías petroleras se han aprovechado de la falta de medidas por parte del gobierno, mostrando un escandaloso desprecio por las consecuencias de sus actividades para los derechos humanos.”

No obstante, se han observado algunos signos de mejora recientemente. La recién creada Agencia Nacional de Detección y Respuesta a los Vertidos de Petróleo (NOSDRA, por sus siglas en inglés) parece tener un planteamiento más sólido.

“Acogemos con satisfacción el enfoque que NOSDRA parece querer adoptar, más proactivo, si bien para ello se precisan más recursos” afirmó Audrey Gaughran.

“El gobierno debe abordar el impacto de la contaminación producida por la industria petrolera en los derechos humanos. Tiene la obligación de proteger a la ciudadanía de los abusos contra sus derechos humanos o los daños que causan las empresas. Y no está cumpliendo con esa obligación.”

La organización de derechos humanos acusó asimismo al gobierno nigeriano de depositar en la práctica gran parte de la responsabilidad de poner remedio a los abusos contra los derechos humanos en manos de los propios agentes responsables de los abusos: las compañías petroleras. Como consecuencia, a menudo los remedios no son efectivos.

Sin embargo, Amnistía Internacional no atribuye exclusivamente la culpa al gobierno nigeriano en su informe.

“El hecho de que un gobierno no proteja los derechos humanos de su población no exime a las empresas de ser responsables de sus actos –afirmó Audrey Gaughran–. Las empresas petroleras como Shell no pueden sin más hacer caso omiso de las consecuencias de sus operaciones sólo porque el gobierno no las obligue a rendir cuentas. La norma internacional no es que las empresas puedan actuar impunemente a su antojo; existen normas internacionales que regulan las operaciones de la industria petrolera, y en relación con las repercusiones sociales y medioambientales, que las empresas petroleras del delta del Níger conocen perfectamente.”

“Aunque Shell asegura públicamente que es una empresa social y ecológicamente responsable, sigue causando daños directos a los derechos humanos al no prevenir debidamente y mitigar los efectos de la contaminación y el daño medioambiental en el delta del Níger” afirmó Audrey Gaughran.

Además, Shell y otras empresas no realizan un seguimiento adecuado del impacto de sus operaciones petroleras en los derechos humanos, ni revelan como debieran información al respecto. Las comunidades que habitan el delta del Níger a menudo no tienen acceso a información fundamental sobre las repercusiones de la industria petrolera en sus vidas, ni siquiera cuando esas operaciones se llevan a cabo en su propia comunidad. Semejante falta de información aviva el miedo y la inseguridad en las comunidades, contribuye a crear conflicto y socava básicamente los derechos humanos.

Amnistía Internacional afirmó que los procesos de limpieza en el delta del Níger no suelen ajustarse a ninguno de los conceptos de buenas prácticas que establecen los expertos; algunas empresas permiten de manera negligente que personal no especializado se encargue de limpiar los vertidos de petróleo, lo que da lugar a que sigan contaminándose la tierra y el agua.

Prácticamente todas las comunidades visitadas por Amnistía Internacional relataron que los arroyos, lagos o ríos habían resultado contaminados por vertidos de petróleo u otros agentes relacionados con él, y a menudo en más de una ocasión, provocando la ira de la comunidad.

Comunidades y grupos armados en el delta del Níger han contribuido asimismo al problema de la contaminación cometiendo destrozos en la infraestructura del petróleo y robando producto. Pero no está claro el alcance del problema.

“El gobierno nigeriano está desesperado por ver el fin del conflicto en el delta del Níger –manifestó Audrey Gaughran–. Pero la pobreza y el conflicto que siguen azotando la región no tendrán fin hasta que se resuelvan las causas subyacentes, incluidos varios decenios de daños medioambientales y la impunidad por los abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos, y hasta que el gobierno nigeriano reúna la voluntad política suficiente y los medios para hacer frente a las actividades de las empresas petroleras que causan daños generalizados a los derechos humanos.”

Notificación de prensa

El 1 de julio de 2009, Peter Voser se convertirá en el nuevo director general de la compañía Royal Dutch Shell. En su calidad de tal, hereda los fracasos y las malas prácticas de Shell en el delta del Níger. Este legado es, en gran medida, resultado de la inacción de Shell para prevenir y abordar eficazmente la contaminación y los daños medioambientales causados por sus operaciones. Amnistía Internacional ha enviado al señor Voser una copia de su informe y le ha pedido que convierta en objetivo prioritario las operaciones de limpieza de Shell en el delta del Níger. Como primer paso, Amnistía Internacional se ha unido a organizaciones afines en la región para pedir al señor Voser que “diga la verdad” sobre el impacto de Shell en la situación de los derechos humanos dando a conocer información básica y comprometiéndose públicamente a evaluar el impacto social y sobre los derechos humanos de las operaciones de Shell.

Honduras: Las fuerzas de seguridad deben respetar los derechos humanos

Wed, 01 Jul 2009 11:00:11 +0100

A la vista de que se espera que hoy, 30 de junio, se celebren más manifestaciones en apoyo del derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya, Amnistía Internacional insta a las fuerzas de seguridad a “abstenerse de usar fuerza excesiva contra los manifestantes y a garantizar la seguridad de quienes participan en las manifestaciones”.

“Nos preocupa la seguridad de los manifestantes”, afirmó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América.

“Si no se permite a los manifestantes expresar sus opiniones pacíficamente, se estará avivando una situación ya de por sí frágil”, señaló Kerrie Howard.

El llamamiento de Amnistía Internacional a las fuerzas de seguridad tiene lugar después de que simpatizantes del presidente Zelaya se enfrentaran con el ejército en manifestaciones celebradas en la noche del lunes 29 de junio. Según informes de los medios de comunicación, varios manifestantes resultaron heridos.

Diversos sindicatos hondureños han anunciado que comenzarán hoy martes, 30 de junio, una huelga indefinida en apoyo del presidente derrocado.

Por su parte, Zelaya ha anunciado que regresará el jueves a Honduras. José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, se ha ofrecido a acompañarlo.

La agitación política en Honduras empezó cuando el ejército detuvo al presidente Zelaya y lo expulsó del país el pasado domingo 28 de junio. Roberto Micheletti, presidente del Congreso, ha jurado su cargo como "presidente interino”.

Si desean concertar una entrevista con alguna de las personas expertas de Amnistía Internacional en este ámbito, pónganse en contacto con Josefina Salomón:+44 207 413 5562;+44 7778 472 116 (móvil), jsalomon@amnesty.org.

Bielorrusia desafía la moratoria que pedía el Consejo de Europa

Wed, 01 Jul 2009 12:28:14 +0100

Amnistía Internacional y el Comité Bielorruso de Helsinki han señalado hoy, 30 de junio, que las autoridades de Bielorrusia siguen haciendo caso omiso de la presión internacional que se está ejerciendo para que declaren una moratoria de la pena de muerte. Según acaban de saber las dos organizaciones, el Tribunal Regional de Brest condenó a muerte el 29 de junio a un hombre de 30 años.

La condena se ha dictado menos de una semana después de que, el 23 de junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa votase a favor de restablecer el estatuto de invitado especial del Parlamento de Bielorrusia, a condición de que Bielorrusia declarase una moratoria en el uso de la pena de muerte.

“Esta condena a muerte es una muestra clara de que no hay una ‘moratoria de facto’ en Bielorrusia, tal como ha afirmado el gobierno, y de que debemos mantener la alerta ante la posibilidad de que sigan llevándose a cabo ejecuciones”, manifestó Nicola Duckworth, directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

“Ya es hora de que Bielorrusia siga el ejemplo de Europa y Asia Central y dé la espalda a la pena de muerte declarando una moratoria oficial como primer paso hacia la abolición.”

Según información de prensa, dos hombres (cuyos nombres no se han proporcionado) fueron declarados culpables de varios asesinatos de ancianas solteras cometidos entre noviembre de 2007 y enero de 2008 en el distrito de Drahichin, cerca de Brest, en el suroeste del país. Los informes señalan que el hombre condenado a muerte hacía trabajos esporádicos para las ancianas y aprovechaba la ocasión para averiguar dónde guardaban los objetos de valor. Luego regresaba y las estrangulaba mientras su cómplice las sujetaba, aunque también fue acusado de haber cometido otros dos asesinatos en solitario. Su cómplice ha sido condenado a cadena perpetua. Ambos permanecen detenidos desde enero de 2009. La condena todavía no se ha hecho efectiva y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.

Amnistía Internacional y el Comité Bielorruso de Helsinki se oponen a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de quien delinque o el método empleado por el Estado para acabar con la vida de la persona condenada. La pena capital viola el derecho a la vida, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.

El 21 de junio, el fiscal general Gregory Vasilevich anunció a la prensa que en 2008 se había dictado una condena a muerte, mientras que, el 25 de junio, el presidente del Tribunal Supremo Valentin Sukala comunicó que en 2008 se habían dictado dos condenas a muerte.

“No se pone a disposición de la opinión pública ninguna otra fuente de información, y tales contradicciones muestran la total ausencia de datos transparentes y fiables sobre la pena de muerte en Bielorrusia”, declaró Aleh Hulak, presidente del Comité Bielorruso de Helsinki.

Amnistía Internacional y el Comité Bielorruso de Helsinki piden una vez más a las autoridades bielorrusas que pongan fin a la pena de muerte.

Más información ( Sólo en inglés ) : Belarus: Ending Executions in Europe: Towards abolition of the death penalty in Belarus

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número +44 20 7413 5566, o por correo electrónico en press@amnesty.org. Para los comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/for-media. Para documentación general traducida al español consulten http://www.amnesty.org/es/library.
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Italia: El Senado debe frenar un controvertido proyecto de ley

Tue, 30 Jun 2009 14:21:27 +0100

Amnistía Internacional ha manifestado hoy, 29 de junio, que en la votación que tendrá lugar el martes 30 de junio el Senado italiano deberá rechazar un polémico proyecto de ley, pues perjudicará a los sectores vulnerables del país.

El proyecto de ley, conocido como “paquete de seguridad” y aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de mayo de 2009, contiene disposiciones que vulnerarán gravemente los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo y otras disposiciones que parecen ser discriminatorias y que probablemente afecten de forma desproporcionada a las comunidades romaní y sinti.

“Las autoridades italianas son responsables del bienestar de todas las personas que viven en su territorio, con independencia de cómo hayan llegado éstas al país. De aprobarse, algunas de las propuestas del “paquete de seguridad” negarán los derechos básicos de los sectores marginales de la sociedad y también violarán las obligaciones contraídas por Italia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos” dijo David Diaz-Jogeix, director adjunto del Programa Regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

Amnistía Internacional siente especial preocupación por las siguientes disposiciones del proyecto de ley:
criminalización de la migración irregular;
negación de derechos a personas vulnerables mediante requisitos de residencia y de registro;
creación y capacitación de asociaciones ciudadanas para patrullar los municipios.

Si se tipifica como delito la migración irregular, podrá imponerse a los migrantes irregulares una multa de entre 5.000 y 10.000 euros. Habida cuenta de las disposiciones penales existentes y de las que posiblemente se aprueben, los funcionarios y empleados del sector público (profesionales de la medicina, docentes y personal municipal) tendrán la obligación de informar a la policía sobre la existencia de migrantes irregulares, so pena de que se presenten cargos penales en su contra.

La aprobación de esta ley disuadirá a los migrantes irregulares de solicitar acceso a la enseñanza y a la atención médica (incluso de urgencia), o protección a las fuerzas de seguridad ante actos delictivos, por miedo a ser denunciados ante la policía. Esta ley también podría impedir a migrantes irregulares notificar a las autoridades el nacimiento de un hijo, lo cual afectaría al derecho del recién nacido a ser reconocido jurídicamente.

“Los Estados tienen la potestad y el deber de controlar la migración, pero no deben hacerlo a expensas de los derechos humanos, como el derecho a la salud, a la educación o al registro de nacimiento de los migrantes irregulares”, señaló David Diaz-Jogeix.

Con arreglo a la disposición sobre residencia y registro del proyecto de ley, se borrará de los registros locales de residentes a todas las personas sin hogar o a las que vivan en viviendas precarias o en casas móviles. El registro de residencia en el municipio es un requisito previo para obtener acceso a atención médica, asistencia social, educación y vivienda pública en el propio lugar donde se reside. Teniendo en cuenta que son los migrantes irregulares quienes habitan mayoritariamente en viviendas precarias y las comunidades romaní y sinti las que viven en casas móviles, la aplicación de la ley podrá suponer la discriminación indirecta de estos segmentos de población.

Por último, la disposición que permite la colaboración de asociaciones ciudadanas privadas con las autoridades locales para patrullar las calles y vigilar situaciones que el proyecto de ley califica de “daño a la seguridad urbana” y “malestar social” podría fomentar la actividad parapolicial y la discriminación. No queda claro qué poderes tendrán estas patrullas, qué formación será necesaria para participar en ellas (en el caso de que se exija alguna), bajo qué autoridad operarán y qué medidas se tomarán para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones del derecho de los derechos humanos que se cometan.

En los últimos años, Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado ataques perpetrados por grupos organizados contra personas romaníes y extranjeras en diversos lugares de Italia.
“La potencial ‘legitimación’ de asociaciones ciudadanas privadas podría ocasionar un aumento o una mayor ocultación del hostigamiento y los abusos, que incluso pueden constituir delitos”, afirmó David Diaz-Jogeix.

“Las autoridades serán las responsables últimas de la incitación a la discriminación y a la hostilidad contra minorías, incluidas las comunidades romaní, sinti y las personas migrantes.”

Amnistía Internacional pide al Parlamento italiano que no apruebe ninguna ley que pueda resultar discriminatoria o violar la obligación del país de respetar, proteger y hacer realidad derechos reconocidos internacionalmente.

FIN/

Documento público
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número +44 20 7413 5566, o por correo electrónico en: press@amnesty.org. Para los comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/for-media. Para documentación general traducida al español consulten http://www.amnesty.org/es/library.

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Honduras: Los derechos humanos y el Estado de derecho, en grave peligro

Tue, 30 Jun 2009 14:28:25 +0100

Amnistía Internacional ha manifestado que el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, debe poder regresar a Honduras de inmediato, sin condiciones y con seguridad.

“La retirada forzosa del presidente Zelaya coloca los derechos humanos y el Estado de derecho en situación de grave peligro” señaló Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

La organización teme la detención arbitraria de activistas políticos y de derechos humanos que apoyen o se sospeche que apoyan al presidente Zelaya en medio de la confusión de la situación política, y ha expresado su preocupación por la seguridad de estas personas.

“Consideraremos presos de conciencia a quienes sean detenidos por criticar la retirada y el exilio forzosos del presidente Zelaya” afirmó Kerrie Howard.

Amnistía Internacional ve asimismo con preocupación los informes que apuntan a que se han cerrado canales de televisión y se han impuesto restricciones a los medios de comunicación de gran difusión, lo que impide a la población conocer la evolución de los acontecimientos en el país.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades hondureñas a: respetar plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales; poner en libertad de inmediato a cualquier representante del gobierno y activista político que esté bajo custodia; abstenerse de llevar a cabo más detenciones arbitrarias, y garantizar que la oposición política y los defensores de los derechos humanos pueden desempeñar sus actividades legítimas sin miedo a represalias.

Información general

El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue detenido por personal del ejército hondureño y obligado a exiliarse. Según informes, varios ministros del gobierno han sido igualmente detenidos. Roberto Micheletti, presidente del Congreso, ha jurado el cargo de “presidente provisional”. El señor Micheletti ha impuesto el toque de queda durante dos noches.

Si desean concertar una entrevista con algún experto de Amnistía Internacional, pónganse en contacto con:

Josefina Salomón, tel.: +44 207 413 5562, móvil:+44 7778 472 116, jsalomon@amnesty.org

Azerbaiyán: Amnistía Internacional apoya a periodistas independientes

Mon, 29 Jun 2009 08:11:24 +0100

Hoy, 29 de junio de 2009, miembros de Amnistía Internacional de toda Europa –incluyendo Reino Unido, Alemania y Turquía– salen a la calle para mostrar su apoyo a los medios de comunicación independientes de Azerbaiyán, que sufren una presión cada vez mayor por parte de las autoridades.
Esta acción, integrada en la campaña de la organización en solidaridad con periodistas independientes y activistas de derechos humanos de Azerbaiyán, tiene lugar mientras el Parlamento país (Milli Mejlis) se prepara para debatir el 30 de junio varios cambios legislativos que afectan al registro y a la financiación de los medios de comunicación independientes, así como a la sociedad civil.
Si estos cambios se aprueban, el control y el escrutinio del gobierno sobre las actividades de periodistas y activistas de derechos humanos aumentarán y se socavará la capacidad de éstos para vigilar los abusos y hacer rendir cuentas a las autoridades. También podrían limitar el acceso al país de representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos.
Emin Hüseynov, director del organismo azerbaiyano de vigilancia mediática Instituto para la Libertad y la Seguridad de los Periodistas (IRFS) ha dicho que, si el Parlamento finalmente los aprueba, los cambios legislativos allanarán el camino para el cierre de medios de comunicación independientes y de organizaciones que defienden la libertad de expresión.
“La introducción de legislación restrictiva y la prohibición de emisoras de radio extranjeras son algunos de los métodos que las autoridades de Azerbaiyán están utilizando para silenciar a los medios de comunicación en el país”, ha dicho Nicola Duckworth, directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
“Periodistas independientes están siendo intimidados, detenidos y enviados a prisión tras juicios injustos. Siguen sin resolverse las agresiones e incluso el asesinato de periodistas independientes”.
“Una sociedad sin medios de comunicación independientes y sin sociedad civil es una sociedad sin voz y sus miembros se convierten fácilmente en víctimas de violaciones de derechos humanos”, ha afirmado Nicola Duckworth.
Amnistía Internacional ha elaborado una lista de casos que ilustran el alcance de los abusos contra los derechos humanos que han sufrido profesionales del periodismo en Azerbaiyán en los últimos meses (Azerbaijan: Independent journalists under siege, Índice AI: EUR 55/004/2009, 29 de junio de 2009).
“El presidente Ilham Aliyev ha afirmado que el Estado debe proteger los derechos de todos los periodistas. Ya es hora de que las autoridades de Azerbaiyán traduzcan en hechos sus palabras y obligaciones internacionales”, ha dicho Nicola Duckworth.
Como primera medida urgente, Amnistía Internacional insta al Parlamento de Azerbaiyán a que no apruebe ninguna enmienda que pueda utilizarse en la práctica para impedir las actividades legítimas de los medios de comunicación y de las organizaciones de la sociedad civil. El país debe garantizar que su legislación y sus prácticas actuales son acordes con las obligaciones internacionales del gobierno.
Casos
Emin Hüseynov, director del Instituto para la Libertad y la Seguridad de los Periodistas (IRFS), al parecer ha sido golpeado por la policía en varias ocasiones.
Aqil Xalil, del periódico Azadliq, fue acuchillado en el pecho tras sufrir otra agresión en 2008. Aunque las autoridades afirmaron haber encontrado a un autor, Aqil Xalil y varias organizaciones de derechos humanos de Azerbaiyán creen que los verdaderos autores lograron eludir la justicia.
Elmar Hüseynov, redactor jefe del periódico Monitor, murió por disparos en 2005. Cuatro años después, nadie ha sido llevado ante la justicia por su muerte.
Qanimat Zahid y Eynulla Fatullayev se encuentran en prisión debido a su actividad periodística pacífica, tras haber sido juzgados en juicios sin las debidas garantías. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia y pide su liberación inmediata e incondicional.
Varios periodistas de Naxçivan, un enclave autónomo azerbaiyano situado entre Amenia, Irán y Turquía, también han sido reprimidos por intentar denunciar presuntos abusos de autoridad por parte de las autoridades locales.

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