Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

13 noviembre 2008

España no debe ser una excepción mundial a la hora de investigar los crímenes del pasado

Amnistía Internacional ha instado al gobierno de España a cumplir sus obligaciones internacionales en relación con los crímenes del pasado y a proteger los derechos de las víctimas garantizando una investigación judicial efectiva sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil (1936-1939) y el régimen franquista (1936-1975). 
Esta reclamación se ha efectuado con motivo de la presentación de un nuevo informe de Amnistía Internacional que desmiente mitos y distorsiones en torno a la investigación de las desapariciones forzadas y otros delitos contra el derecho internacional en esa etapa. El informe sigue las recomendaciones efectuadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU el pasado 31 de octubre, según las cuales las autoridades españolas deben cumplir con sus obligaciones internacionales, en calidad de Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El Comité ha manifestado su preocupación por los obstáculos a los que llevan años enfrentándose las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación, y ha instado a las autoridades españolas a tomar medidas para derogar la Ley de Amnistía de 1977 y garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. También pide al Gobierno que cree una comisión independiente para establecer la verdad histórica sobre violaciones de derechos humanos y contra el derecho internacional humanitario cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo, y que garantice la localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas, y su restitución a los familiares.

Amnistía Internacional considera que España, ahora el país con mayor número de casos de desaparición forzada denunciados ante sus tribunales, ha prolongado una situación de injusticia a la que debe poner fin, a riesgo de situarse entre los pocos países del mundo que dan la espalda a su obligación de investigar delitos de derecho internacional constitutivos de crímenes contra la humanidad.

Mitos y distorsiones
El 20 de octubre de 2008, el Ministerio Fiscal recurrió la decisión del juez Baltasar Garzón -quien promovió el procesamiento del ex presidente chileno Augusto Pinochet-  de investigar los crímenes del pasado, invocando la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos, entre otras alegaciones. Su aplicación podría suponer el establecimiento de mecanismos de impunidad incompatibles con la legalidad internacional respecto de crímenes contra la humanidad.

Para la comunidad internacional, cualquier Estado que, con desprecio a los derechos de las víctimas, busca establecer la lógica del olvido respecto a este tipo de crímenes, se coloca fuera de la legalidad reconocida internacionalmente. La desaparición forzada se encuentra entre los más graves crímenes, que no pueden prescribir ni ser amnistiados sin socavar la legalidad internacional, que forma parte del ordenamiento jurídico español.

Ante esta situación, Amnistía Internacional publica hoy un documento titulado Mitos y distorsiones y el informe ,España. La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo Ambos documentos ponen de relieve que las alegaciones del Ministerio Fiscal para frenar la acción de la justicia son totalmente incompatibles con el derecho internacional, e incluso con la propia legislación española.

Así, la Fiscalía argumenta, en su recurso de apelación, que la Ley de la Memoria Histórica de 2007 no permite investigaciones judiciales porque ya facilita medidas adecuadas y suficientes a favor de las víctimas. Sin embargo, la propia Ley establece que "es compatible con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España". 

Amnistía Internacional ha analizado cómo se ha hecho frente a los crímenes contra la humanidad en más de 25 países en los que se cometieron desapariciones forzadas en el pasado. Todos estos países son los que han acumulado más casos denunciados de desaparecidos ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. Desafortunadamente, este grupo ha informado de que el gobierno español no ha presentado información sustantiva que permita establecer el paradero de tres personas cuya desaparición había sido denunciada ante este grupo.

Además, España es uno de los países a los que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha tenido que recordar que no se pueden invocar amnistías ni alegar prescripciones respecto a este tipo de crímenes.
"En España, donde se han impulsado investigaciones de crímenes contra la humanidad cometidos en otros países en numerosas ocasiones, el Ministerio Fiscal no puede ahora poner en duda u oponerse a cumplir con la obligación de investigar los graves crímenes que se cometieron durante la Guerra Civil y el franquismo", ha declarado Esteban Beltrán, director de la Sección española de Amnistía Internacional. "España no puede presentarse ante la comunidad internacional como un Estado que infringe sus obligaciones internacionales".

Información complementaria
El pasado 16 de octubre, el  Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dispuso admitir a trámite y declararse competente para investigar los crímenes de desaparición forzada cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo: un paso imprescindible para cumplir con la obligación internacional del Estado español de garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas de estos crímenes atroces.

El 20 de octubre de 2008, el Ministerio Fiscal formulaba un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal respecto del auto de admisión a trámite, solicitando su archivo.

Hace más de un siglo que los crímenes contra la humanidad son reconocidos por el derecho internacional por su naturaleza especialmente ultrajante para la conciencia de toda la humanidad. Las desapariciones forzadas, o delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero, constituyen el crimen más grave contra el derecho internacional.
La responsabilidad internacional del Estado en relación a las víctimas es también exigible desde entonces. Los gobiernos de la transición a la democracia y los sucesivos no se ocuparon de los derechos de quienes padecieron abusos graves y fueron privados de reparación y recursos efectivos. Los autores de tales crímenes no fueron llevados ante la justicia ni hubo una investigación imparcial para esclarecer los crímenes del pasado.

El derecho a conocer la suerte que corrieron los desaparecidos es un derecho imprescriptible e inalienable de las víctimas, además de ser un delito permanente mientras no se determine el paradero de las víctimas.
Contacto: AI España, Ángel Gonzalo o Carmen López, tel. + 34 91 310 12 77.

Índice AI: PRE01/285/2008
Región Europa y Asia Central
País España
Si deseas más información, ponte en contacto con Oficina de Prensa Internacional »

Oficina de Prensa Internacional

Teléfono : +44 (0) 20 7413 5566
9.30 - 17.00 GMT de lunes a viernes
Teléfono : +44 (0) 777 847 2126
Línea operativa 24 horas
Fax : +44 (0) 20 7413 5835
Oficina de Prensa Internacional
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
Reino Unido
Sigue a la Oficina de Prensa Internacional en Twitter
@amnestypress