Las autoridades de El Salvador deben cumplir, de manera urgente, con una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de proveer a una mujer embarazada seriamente enferma tratamiento médico vital en las próximas 72 horas.

Beatriz, una joven de 22 años, está embarazada de cuatro meses y medio y ha sido diagnosticada con un número de enfermedades severas, incluyendo lupus y fallas renales. 

Los médicos dicen que la joven podría morir si continúa con su embarazo, pero no la han tratado porque temen que si lo interrumpen podrían ser procesados bajo las estrictas leyes anti-aborto del país.

“La vida de Beatriz pende de un hilo a causa de las injustificables demoras y burocracias de las autoridades,” dijo Esther Major, investigadora sobre Centro America de Amnistía Internacional.

“Las autoridades de El Salvador deben cumplir con la recomendaciones de la Comisión Interamericana y permitir que Beatriz pueda vivir y cuidar a su hijo de dos años. La vida de Beatriz esta en sus manos.”

El 22 de Marzo pasado, los profesionales de la salud que tratan a Beatriz pidieron permiso a las autoridades nacionales para llevar a cabo el aborto necesario para proteger la salud y vida de la joven. Solicitaron, además, garantías que aseguren que los médicos que cuidan de Beatriz no serán enjuiciados bajo las leyes del país que prohíben el aborto. 

Al no recibir respuesta, los abogados de Beatriz llevaron su pedido a la Corte Suprema de Justicia del país, que tampoco pronunció, a pesar de la urgencia del caso.

El Código Penal de El Salvador establece que cualquier persona que solicite o lleve a cabo un aborto puede recibir una larga sentencia en prisión. Esto significa que tanto los médicos como Beatriz pueden arriesgar encarcelamiento si llevan a cabo la interrupción.