Amnistía Internacional pide que se celebre un nuevo juicio, ante un tribunal ordinario, para las 22 personas condenadas por un Tribunal  de Emergencia por su participación en las violentas protestas que estallaron en Mahalla en abril de 2008.

“Las personas condenadas hoy son chivos expiatorios utilizados por las autoridades para ocultar su incapacidad de manejar adecuadamente las protestas de Mahalla y para encubrir el hecho de que no han investigado el homicidio de tres personas, entre ellas un muchacho de 15 años”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. El Tribunal Supremo de Emergencia de Seguridad del Estado, establecido en virtud de la legislación de emergencia, burla las garantías básicas de juicios justos y niega a los acusados el derecho de apelar.

Las penas de prisión dictadas el lunes, que oscilan entre los tres y los cinco años, son las primeras que dicta el Tribunal Supremo de Emergencia de Seguridad del Estado desde que Egipto renovó la legislación de emergencia en mayo de 2008 invocando las amenazas del terrorismo y la inestabilidad en la región.

Tariq Mohamed Abdel Hafiz Al Sawi, Ali Ali Amin Abu Omar, Ahmed Kamel  Ahmed Mohamed Ismail, y Karim Ahmed Al Sayed Al Rifa’y, de edades comprendidas entre los 19 y los 38 años, dijeron a los jueces que habían sido torturados por agentes del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado para que confesaran. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Emergencia de Seguridad del Estado no sólo no ordenó una investigación independiente, sino que utilizó las confesiones para condenar a los acusados a tres años de prisión.

Las 22 personas condenadas el lunes forman parte de un grupo de 49 personas juzgadas por su presunta participación en las violentas protestas contra la escalada del coste de la vida que tuvieron lugar el 6 y 7 de abril en la ciudad industrial de Mahalla, al norte de El Cairo. Al menos tres personas, entre ellas el escolar Ahmed Ali Mabrouk, murieron tras recibir disparos de las fuerzas de seguridad, y decenas más resultaron heridas en lo que parece haber sido un uso excesivo de la fuerza durante las protestas.

Amnistía Internacional ha venido pidiendo que se investigue el homicidio, a manos de la policía, de Ahmed Ali Mabrouk y de otros dos hombres durante las protestas de Mahalla. Esa investigación aún no se ha llevado a cabo.

El Tribunal Supremo de Emergencia de Seguridad del Estado de Tanta, al norte de El Cairo, absolvió a las 49 personas de los cargos de incendio provocado y reunión no autorizada “con el objetivo de alterar el orden público y la seguridad”, pero condenó a 19 de ellas, casi todas en la veintena y dedicadas al trabajo de artesanía, a tres años de prisión por robo. Además, Ahmed El Sayed  Al Dahan –chófer de 24 años– y Mahmoud Abu Bakr El Shenawi –carpintero de 22– fueron condenados también a tres años de prisión por posesión de armas de fuego. Ahmed Abdel Raouf Hassanein, desempleado de 40 años, fue condenado a cinco años por agresión a agentes de policía y posesión de armas.

“Instamos a las autoridades egipcias a dejar de minar el sistema de justicia penal ordinario mediante el uso de tribunales extraordinarios de emergencia que afianzan los abusos contra los derechos humanos, incluida la tortura”, ha manifestado Hassiba Hadj  Sahraoui.