Colombia: Uso del sistema judicial para perseguir a defensores de los derechos humanos

Amnistía Internacional ha condenado hoy, 19 de marzo de 2009, a las autoridades colombianas por utilizar el sistema de justicia del país para menoscabar el trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos.

La condena se produce en el contexto de la reanudación de las actuaciones penales entabladas contra dos destacados activistas colombianos: el padre Javier Giraldo, cura jesuita, y Elkin Ramírez, abogado de la Corporación Jurídica Libertad. Ambos llevan mucho tiempo denunciando el homicidio de ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en una matanza cometida en febrero de 2005. Entre los implicados en estas muertes hay soldados de la Brigada XVII del Ejército.

La causa penal abierta contra Javier Giraldo y Elkin Ramírez tiene su origen en una acusación de injuria, calumnia y falsa denuncia presentada por el coronel Néstor Duque en 2005, cuando era comandante del Batallón de Ingenieros Carlos Bejarano Muñoz de la Brigada XVII del Ejército.

La acusación se formuló a raíz de que los dos activistas denunciaran a la Brigada XVII por irregularidades observadas en la detención de miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en 2004. Aunque la Fiscalía General retiró los cargos de injuria, calumnia y falsa denuncia presentados contra ambos, a principios de este año reabrió la causa.

“Tememos que la decisión de reabrir la causa contra el padre Javier Giraldo y Elkin Ramírez guarde relación con su trabajo sobre la matanza de San José de 2005 y sea un intento de crear una cortina de humo para menoscabar las investigaciones criminales sobre la participación de la Brigada XVII en los homicidios”, ha manifestado Marcelo Pollack, director adjunto del Programa para América de Amnistía Internacional.

“Es irónico que se haga a menudo uso indebido de la principal línea de defensa de los defensores de los derechos humanos --la ley y el sistema judicial—para hostigar e intimidar a estos activistas”, ha señalado Marcelo Pollack.

Las agresiones contra defensores de los derechos humanos y otros activistas, como los sindicalistas, son una constante en los 40 años de conflicto armado de Colombia. Sólo en 2008 fueron víctimas de homicidio más de 12 defensores de los derechos humanos y 46 sindicalistas.

Una de las últimas víctimas ha sido Álvaro Miguel Rivera Linares, activista que trabajaba sobre cuestiones de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero y sobre los derechos de las personas con VIH/sida. El 6 de marzo de 2009 se encontró su cadáver, atado y amordazado, en su apartamento, en la ciudad de Cali.

“Una manera efectiva de combatir el hostigamiento y las agresiones contra activistas es que las autoridades reconozcan públicamente la inestimable labor de quienes defienden los derechos humanos”, ha afirmado Marcelo Pollack.