Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

28 mayo 2013

Arabia Saudí: Apelación en favor de defensores de los derechos humanos condenados a cumplir hasta 11 años de prisión

El recurso de apelación presentado hoy por dos miembros de una destacada organización de derechos humanos saudí es una apuesta por la justicia en medio de la represión generalizada del activismo en el reino del Golfo Pérsico; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

El 9 de marzo, el Tribunal Penal de Riad condenó a Mohammad al Qahtani y al doctor Abdullah al Hamid a 10 y 11 años de prisión, respectivamente. Su declaración de culpabilidad estuvo relacionada con su papel de cofundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, por el que fueron acusados, entre otros cargos, de desobedecer a la autoridad, formar una organización no autorizada, incitar al desorden convocando manifestaciones y dañar la imagen del Estado transmitiendo información falsa a grupos extranjeros.

Además de largas penas de cárcel se les impuso la prohibición de viajar por un periodo equivalente tras su excarcelación. En abril recibieron la resolución por escrito, un documento combinado de más de 200 páginas con fecha del mes anterior, y a partir de ese momento sólo disponían de un mes para recurrir sus sentencias condenatorias.

“Los cargos formulados contra estos hombres se basan en la injusticia sin más, y constituyen otro intento de las autoridades de ejercer un control férreo sobre las libertades fundamentales. Las condenas deben anularse inmediatamente”, ha afirmado Ann Harrison, directora del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Estos hombres son presos de conciencia, por lo que deben ser liberados de inmediato y sin condiciones. Las autoridades consideran delictivo su activismo pacífico contra las violaciones de derechos humanos, cuando aquí el único culpable es el gobierno.”

El principal abogado defensor de ambos, Abdul Aziz al Hussan, decidió abandonar el país tras ser interrogado por la policía en las 24 horas siguientes a la publicación en Twitter de sus comentarios sobre la visita a sus clientes en prisión realizada en marzo. Al llegar a la prisión de Al Malaz (Riad) el 11 de marzo, Al Hussan encontró esposados a Mohammad al Qahtani y Abdullah al Hamid, y los funcionarios de la prisión se negaron a retirarles las esposas.

Aunque las autoridades saudíes negaron posteriormente que los hombres estuvieran esposados, otras personas confirmaron la declaración del abogado, incluidos familiares que los habían visitado la víspera. Poco después, ambos fueron trasladados a la sección de delincuentes comunes de la prisión de Al Hair, también en Riad.

Abdul Aziz al Hussan contó a Amnistía Internacional que, en su opinión, el proceso contra sus clientes es meramente político, y añadió que el poder ejecutivo del Estado saudí interfiere continuamente en los asuntos del poder judicial y que, “aunque existen jueces independientes, el sistema judicial no es independiente”.

Abdullah al Hamid, aquejado de diabetes, todavía no ha recibido asistencia médica adecuada y ha sido trasladado recientemente a un hospital para someterse a una operación en el ojo.

La semana pasada, ambos pudieron hablar con su otro abogado; según informes, Mohammad al Qahtani le contó que “los juicios son esencialmente políticos, resulta muy evidente en los interrogatorios y procedimientos, que principalmente se basaron en mis mensajes de Twitter, comparecencias en medios de comunicación y opiniones políticas”.

“La persistente persecución de los activistas de derechos humanos denota un alarmante desprecio por parte del gobierno hacia las organizaciones independientes. Las autoridades saudíes deben terminar con el hostigamiento de los activistas, poner en libertad a los presos de conciencia –entre ellos Mohammad al Qahtani, Abdullah al Hamid, Abdulkareem Yousef al Khoder y Mohammed Saleh al Bajady– y permitir que los defensores de los derechos humanos desempeñen su legítima labor sin obstáculos”, ha dicho Ann Harrison.

Acoso continuo a los fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos

En su sentencia de marzo, el tribunal ordenó además la disolución de la Asociación, la confiscación de sus bienes y el cierre de sus cuentas en redes sociales.

La Asociación se fundó en 2009 y, a pesar de que tuvo que funcionar sin permiso, se había convertido en una de las más prestigiosas entre las poquísimas organizaciones de derechos humanos independientes de Arabia Saudí. Ha informado de violaciones de derechos humanos y ayudado a las familias de muchas personas recluidas sin cargos a interponer demandas contra el Ministerio del Interior.

Fowzan al Harbi, otro de los fundadores de la organización y su actual vicepresidente, también es objeto de investigación desde el 11 de mayo de 2013, por las mismas acusaciones que sus compañeros. Sus perseverantes esfuerzos para mantener en funcionamiento la Asociación a pesar de la orden judicial de disolverla podrían acarrearle una condena aún más dura. Se teme que pronto sea juzgado y encarcelado junto a los demás.  

El doctor Abdulkareem al Khoder, otro fundador de la Asociación, fue interrogado al mismo tiempo que los otros dos recurrían su condena, y se enfrenta a los mismos cargos en un juicio en curso. El 25 de abril de 2013 fue encarcelado para cumplir cuatro meses de cárcel en virtud de una orden judicial arbitraria después de haberse negado a asistir a la vista de su causa en protesta por la decisión del juez de prohibir la entrada a 10 mujeres.

Los tres detenidos se suman al primer cofundador, encarcelado tras un juicio secreto en 2012.

Mohammed al Bajady fue detenido en marzo de 2011. Más de un año después, el Tribunal Penal Especial, establecido para ver causas de terrorismo, lo condenó a cuatro años de prisión y le impuso la prohibición de viajar durante cinco años tras su excarcelación. Según informes, el tribunal lo declaró culpable de participar en el establecimiento de una organización de derechos humanos, dañar la imagen del Estado a través de los medios de comunicación, pedir a las familias de personas detenidas por motivos políticos que protesten y organicen sentadas, poner en duda la independencia del poder judicial y estar en posesión de libros prohibidos.

Durante el juicio no tuvo acceso a representación letrada, y se dictó sentencia a puerta cerrada. Sus familiares no han tenido noticias de él desde el pasado septiembre, cuando los llamó para informarles de que se había declarado en huelga de hambre. Su abogado, Fowzan al Harbi, no ha conseguido permiso para verlo a pesar de sus constantes solicitudes.

Se ha impuesto la prohibición de viajar a varios fundadores y miembros más de la Asociación, que también son objeto de investigación.

Información complementaria

La iniciativa de las autoridades saudíes de disolver la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos se enmarca en una campaña general de represión contra blogueros, críticos y activistas de derechos humanos.

La disidencia política y la libertad de expresión están gravemente restringidas y en general no se la tolera la crítica al Estado.

El gobierno no autoriza la actividad de otras organizaciones de derechos humanos que no sean la Comisión de Derechos Humanos, órgano del gobierno saudí, y la Sociedad Nacional para los Derechos Humanos, también controlada por el gobierno.

A algunas ONG locales de derechos humanos que han tratado de registrarse no se lo han permitido, por lo que se han visto obligadas a funcionar sin licencia. Se ha detenido y puesto bajo custodia con diversos pretextos a miembros de varias de ellas.

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y de asociación, así como a circular libremente. No está permitido someter estos derechos a restricciones de ninguna clase salvo las que disponga la ley, con el fin de proteger ciertos intereses públicos (seguridad nacional, orden público, salud y moral públicas) o los derechos de otras personas, y siempre que su necesidad y proporcionalidad sean demostrables en cada caso para lograr ese fin.

El derecho de todas las personas a la libertad de asociación con otras personas incluye constituir organizaciones y pertenecer a ellas.

Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos subraya que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos, y que cada Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todas las personas sometidas a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueden disfrutar de todos esos derechos en la práctica.

Más información en: 

http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/tribunal-saudi-reclusion-arbitraria-defensor-ddhh-2013-04-25

http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE23/015/2013

Índice AI: PRE01/248/2013
Región Oriente Medio y Norte de África
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