Acabar con la pena de muerte por delitos relacionados con drogas

nte la proximidad del Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, el 26 de junio, la Red Asiática contra la Pena de Muerte (ADPAN) -a la que pertenece Amnistía Internacional-, Human Rights Watch y la Asociación Internacional de Reducción de Daños piden a los gobiernos asiáticos que dejen de aplicar la pena de muerte por delitos relacionados con drogas.
Existe una tendencia mundial inequívoca y consolidada en el tiempo hacia la restricción o abolición de la pena de muerte. Sólo una reducida minoría de países sigue aplicando la pena de muerte: en 2008, 25 países llevaron a cabo ejecuciones. ADPAN, Human Rights Watch y la Asociación Internacional de Reducción de Daños se oponen a la pena de muerte en todos los casos porque supone una violación del derecho fundamental a la vida y a no sufrir castigo cruel, inhumano y degradante.
En Asia, 16 países aplican la pena de muerte por delitos relacionados con drogas. Dado que muchos países de la región no publican información alguna sobre la pena de muerte, es imposible calcular con precisión cuántas sentencias de muerte se imponen en relación con las drogas. Sin embargo, en Indonesia, Malaisia, Singapur y Tailandia, los informes indican que un alto porcentaje de las condenas a muerte se han dictado contra personas declaradas culpables de delitos por drogas. La red ADPAN, Human Rights Watch y la Asociación Internacional de Reducción de Daños ven con especial preocupación el hecho de que China, Indonesia y Vietnam sigan ejecutando a personas por delitos relacionados con drogas y que algunos países, como China desde principios de la década de 1990 e Indonesia en 2008, lleven a cabo tales ejecuciones el 26 de junio.
A pesar del número de ejecuciones en Asia, no existen indicios claros de un descenso en el tráfico de drogas que pueda atribuirse a la amenaza o el uso de la pena de muerte. No hay pruebas verosímiles de que la pena de muerte tenga mayor efecto disuasorio que otros castigos frente a la comisión de delitos graves en general. El estudio más reciente sobre las conclusiones de investigaciones relativas a la relación entre la pena de muerte y los índices de homicidios realizado por la ONU en 1988 y actualizado en 1996 y 2002, llegaba a la siguiente conclusión: "[...] la investigación no ha aportado datos científicos que demuestren que la ejecución tiene mayor efecto disuasorio que la prisión perpetua. Y no es probable que esos datos lleguen. Las pruebas en su conjunto no apoyan la hipótesis del efecto disuasorio".
Los mecanismos de derechos humanos de la ONU -entre ellos el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el Comité de Derechos Humanos- han concluido que aplicar la pena de muerte a los delitos relacionados con drogas no cumple la condición de "los más graves delitos", en virtud de la cual sólo se podrá aplicar la pena capital como "medida sumamente excepcional" cuando "hubo una intención de matar que tuvo por consecuencia la pérdida de vida" (Doc ONU A/HRC/4/20, 29 de enero de 2007, párr. 53). El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito también han expresado su profunda preocupación con respecto a la aplicación de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas.
A menudo se dictan sentencias de muerte tras procesos judiciales injustos, problema agravado por las leyes, políticas o prácticas que regulan los delitos relacionados con drogas en algunos países asiáticos. En Brunei, India, Laos, Singapur y Malaisia se aplica la pena de muerte preceptiva a ciertos delitos relacionados con drogas, y el juez no tiene ningún poder discrecional sobre la sentencia impuesta a los acusados que resultan culpables. La pena de muerte preceptiva infringe las normas internacionales sobre juicios con las debidas garantías. Es imprescindible dictar sentencia de manera individualizada para evitar la imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes así como la privación arbitraria de la vida. Singapur, con uno de los mayores índices de ejecución per cápita del mundo, y Malaisia siguieron imponiendo la pena de muerte a presuntos traficantes de drogas tras juicios en que se presumía su culpabilidad y la pena de muerte era preceptiva.
Las confesiones obtenidas mediante coacción forman en ocasiones la base de los fallos de culpabilidad, las sentencias de muerte y las ejecuciones. Muchos acusados, entre ellos los que se enfrentan a cargos por delitos relacionados con drogas, no tienen acceso a un servicio competente de asistencia letrada, por lo que la mayoría apenas tiene capacidad para montar su defensa en algún momento del proceso.
Las penas draconianas por delitos relacionados con drogas, incluida la pena de muerte, obstaculizan la labor de los programas de salud pública dirigidos a reducir el daño que las drogas pueden causar a consumidores, familiares, comunidades y el Estado. China, Malaisia y Vietnam han mejorado recientemente sus programas de reducción de daños para reducir el VIH, la Hepatitis C y otros daños para la salud y sociales relacionados con las drogas. Sin embargo, se ha comprobado una y otra vez que las penas excesivamente duras y una aplicación de la ley demasiado represiva alejan a los grupos-objetivo de tales servicios. Por tanto, la pena de muerte no sólo vulnera el derecho a la vida de los condenados, sino que resulta contraproducente para los intentos de reducción del daño causado por las drogas.
Con ocasión del Día Internacional contra las Drogas de 2009, la Red Asiática contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Asociación Internacional de Reducción de Daños hacen un llamamiento a los gobiernos asiáticos para que:
• aprueben la suspensión inmediata de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte en consonancia con las resoluciones 62/149 y 63/168 de la Asamblea General de la ONU sobre "moratoria en el uso de la pena de muerte";
• conmuten todas las penas de muerte impuestas por delitos de drogas;
• eliminen de su legislación nacional las disposiciones que establecen la pena de muerte por delitos relacionados con drogas;
• supriman el carácter preceptivo de la pena en los casos de delitos punibles con la muerte;
• den a conocer las estadísticas sobre la pena de muerte y los datos relativos a la administración de justicia en los casos de pena capital; y
• aprovechen la ocasión del Día Internacional contra las Drogas de 2009 para resaltar las políticas sobre salud pública que han demostrado su eficacia para reducir los daños relacionados con drogas.