Las autoridades de Kirguistán deben investigar con urgencia y enjuiciar a las personas responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas durante los disturbios de junio de 2010, ha declarado hoy Amnistía Internacional después de que una comisión internacional de investigación concluyera que los actos de violencia fueron equivalentes a crímenes de lesa humanidad.

Los cuatro días de enfrentamientos violentos entre personas de etnia kirguís y uzbeka en el sur del país se saldaron con 470 muertos, miles de heridos y el desplazamiento de cientos de miles de personas. 

Pese a haber colaborado con la investigación de la comisión, el gobierno kirguís ha rechazado la conclusión de la Comisión de Investigación de Kirguistán de que se cometieron crímenes de lesa humanidad.

“Este informe es exhaustivo y constructivo, y las autoridades de Kirguistán no pueden permitirse ignorar sus conclusiones”, ha declarado Nicola Duckworth, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Deben asegurarse de que los crímenes que se cometieron se investigan y enjuician debidamente y con arreglo a su tipificación en el derecho internacional. La comunidad internacional debe presionar y apoyar a las autoridades kirguisas a tal efecto.”

“Si no se garantiza que se hace justicia, se debilitará el Estado de derecho, se fomentarán la corrupción y la delincuencia, y se sembrarán las semillas del caos y de violaciones de derechos humanos en el futuro.”

Amnistía Internacional ya había condenado las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas durante y después de los sucesos violentos de junio de 2010, en los que hubo incendios, saqueos y ataques violentos en gran escala, incluidos homicidios y violencia sexual.

Aunque en los cuatro días de enfrentamientos tanto kirguises como uzbekos cometieron delitos graves, la mayoría de las víctimas de los daños, lesiones y muertes fueron uzbekas.

La comisión halló pruebas fehacientes de que se cometieron delitos generalizados, sistemáticos y coordinados contra uzbecos en Osh que, si se demuestran ante un tribunal, equivaldrían a crímenes de lesa humanidad.

Tras los sucesos violentos, los uzbekos fueron asimismo las principales víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en detención.

La comisión concluyó que la tortura de personas detenidas en relación con la violencia había sido “casi universal”, que seguía practicándose y que la respuesta de las autoridades ante las denuncias de tortura había sido “escandalosamente insuficiente”.

“El uso generalizado de la tortura en las operaciones de seguridad realizadas tras los sucesos violentos y el reiterado apoyo oficial a una versión de los hechos étnicamente parcial, culpando directamente a los uzbekos, han dejado una sensación de impunidad a los perpetradores y de injusticia a sus víctimas”, afirmó Nicola Duckworth.

“Todos los crímenes —incluidos los crímenes de lesa humanidad— deben investigarse y enjuiciarse de forma imparcial y efectiva. Esto no se está haciendo aún. El resultado es que cientos, cuando no miles, de personas —funcionarios y civiles, kirguises y uzbekos— no están rindiendo cuentas de sus crímenes.”