Amnistía Internacional ha acusado a Israel de negar a la población palestina el derecho al agua al ejercer el control total de los recursos hídricos comunes y aplicar políticas discriminatorias.
La propuesta, que es consecuencia de una iniciativa de miembros de dos partidos suizos, preguntará al electorado suizo si desea agregar la frase siguiente a la Constitución: “La construcción de minaretes está prohibida”.
Amnistía Internacional ha instado a las autoridades filipinas a que lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre un brutal ataque perpetrado en la provincia meridional de Maguindanao que se ha saldado con al menos 46 muertos.
Amnistía Internacional ha reiterado su llamamiento para que todas las personas detenidas reciban un trato humano, tras los informes que señalan que el soldado israelí capturado Gilad Shalit podría quedar en libertad en un intercambio de prisioneros.
Al menos 130.000 personas desplazadas por la guerra con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil siguen recluidas en campos bajo control militar y privadas de su libertad de circulación.
Las autoridades tunecinas deben liberar inmediatamente a Taoufik Ben Brik, periodista y conocido crítico del gobierno, declaró Amnistía Internacional el martes, 24 de noviembre de 2009.
Las autoridades de Tayikistán deben enjuiciar debidamente los casos de violencia contra las mujeres y no hacer caso omiso de ellos considerándolos un mero “asunto de familia privado”.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, finalizó su visita a Corea del Sur con una declaración ofrecida en una rueda de prensa en Seúl.
En octubre, las autoridades de Myanmar detuvieron al menos a 10 periodistas y activistas políticos por tratar de ayudar a sobrevivientes del ciclón Nargis. Hoy se desconoce su paradero.
En Filipinas, en la provincia meridional de Maguindanao, se ha dado muerte al menos a 21 civiles. Se trata, según informes, de los primeros homicidios relacionados con las elecciones nacionales previstas para mayo de 2010.
Huang Qi ha sido condenado hoy a tres años de prisión por su trabajo en favor de las familias de cinco alumnos de una escuela que murieron al derrumbarse el edificio escolar durante el terremoto de Sichuan en 2008.
