Derechos económicos, sociales y culturales

Todas las personas, sea cual sea su lugar de residencia, tienen derecho a vivir con dignidad. Esto significa que a nadie se le debe negar su derecho a la educación, a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua y al saneamiento, al disfrute del más alto nivel posible de salud y a otros derechos económicos, sociales y culturales.

Desde que en 1948 se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, la comunidad internacional ha reconocido que todos los derechos humanos son indivisibles.

Tras la marginación en la que, durante gran parte del siglo XX, la política de la Guerra Fría sumió a los derechos económicos, sociales y culturales, un gran número de personas y organizaciones actúan hoy para reclamar estos derechos. No obstante, se necesitan mayores esfuerzos para garantizar el respeto, la protección y la realización de estos derechos para todas las personas en todos los lugares.

Durante más de 45 años, Amnistía Internacional ha movilizado a millones de personas de todo el mundo y se ha adaptado para abordar los motivos de preocupación más acuciantes en materia de derechos humanos del momento actual, entre los que se cuentan:

la epidemia global de desalojos forzados en masa;
la negación generalizada del acceso a servicios de salud esenciales;
la discriminación contra las personas que viven con el VIH/sida;
la discriminación contra las niñas y las minorías en el acceso a la educación:
otras violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.

El hambre, la falta de hogar y las enfermedades prevenibles no son problemas sociales inevitables ni la mera consecuencia de la falta de recursos: son el resultado de leyes, políticas y acciones que minan los derechos humanos de las personas.

¿Cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales?

El derecho a una vivienda adecuada, que incluye la protección frente al desalojo forzado y el acceso a una vivienda asequible, habitable y culturalmente adecuada.
Los derechos culturales, que incluyen el derecho de las minorías y los pueblos indígenas a la preservación y la protección de su identidad cultural.
El derecho a la educación, que incluye el derecho a una educación primaria gratuita y obligatoria y a una educación progresivamente disponible, accesible, aceptable y adaptable.
El derecho a la alimentación, que incluye el derecho a no pasar hambre y el acceso permanente a comida nutritiva suficiente o a los medios para obtenerla.
El derecho a la salud, es decir, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, incluidas unas condiciones de vida saludables y servicios de salud disponibles, accesibles y de buena calidad.
El derecho al agua y al saneamiento, es decir, el derecho a contar con agua suficiente y a disponer de instalaciones higiénicas seguras y accesibles física y económicamente.
El derecho al trabajo y los derechos laborales, es decir, el derecho a elegir libremente el trabajo y a gozar de unas condiciones laborales justas, protección frente al trabajo forzado y el derecho a formar sindicatos y unirse a ellos.

¿Quién es responsable?

Los Estados, a través de los gobiernos nacionales, son los principales responsables de hacer realidad los derechos humanos. Deben respetar, proteger y realizar los derechos sociales, económicos y culturales.

Cuando los Estados carecen de recursos para hacer realidad por sí mismos los derechos económicos, sociales y culturales, deben pedir y recibir ayuda internacional. La violación de los derechos económicos, sociales y culturales no es una cuestión de ausencia de recursos adecuados, sino de falta de voluntad, negligencia y discriminación.

Los Estados también tienen obligaciones en materia de derechos humanos que trascienden sus fronteras. Cada vez es más frecuente que cooperen en acuerdos de comercio internacional y que ayuden a personas de otros países a través de la ayuda internacional al desarrollo, así como que las empresas internacionales tengan su sede en un país y operen en otro.

En estos y otros casos, los gobiernos deben garantizar que no violan los derechos humanos en el extranjero y que protegen a la población de otros países frente a los abusos cometidos por quienes están bajo su jurisdicción. Asimismo, deben actuar para respaldar la realización universal de los derechos humanos, garantizando la ausencia de discriminación y dando prioridad a las personas y grupos más vulnerables.

La ayuda a las personas marginadas no es una cuestión de caridad: es una obligación en materia de derechos humanos.

Los Estados actúan juntos a través de las instituciones financieras internacionales y, al hacerlo, deben asegurarse de que su impacto en los derechos humanos es positivo.

Las empresas también tienen la responsabilidad de garantizar que no contribuyen a violaciones de derechos humanos, operen donde operen.

¿Qué está haciendo Amnistía Internacional?

Mientras la membresía de Amnistía Internacional sigue uniéndose a comunidades locales y activistas de todo el mundo en la campaña por la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, seguimos sacando a la luz la realidad de los graves abusos contra estos derechos que sufren mujeres, hombres, niños y niñas reales, poniendo un rostro humano a las frías estadísticas de privación y abandono.

Pedimos que se hagan cumplir legalmente los derechos económicos, sociales y culturales y que se ponga fin a los graves abusos contra personas marginadas y excluidas.

En todas nuestras acciones reflejamos nuestra creencia de que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes.

Nuestro trabajo en favor de los derechos económicos, sociales y culturales no está separado de nuestro trabajo en favor de los derechos civiles y políticos; de hecho, son dos áreas que se refuerzan mutuamente.

Caso

El 3 de noviembre de 2003, cientos de familias sin hogar ocuparon el edificio Prestes Maia, una fábrica de ropa abandonada, de 22 pisos, en el centro de São Paulo.

Trabajando con una ONG local –el Movimiento de los Sin Techo del Centro (Movimento Sem-Teto do Centro, MSTC)–, estas personas transformaron el edificio abandonado, que dejó de ser un refugio de delincuentes para convertirse en un hogar y centro cultural.

El gobierno local trató en varias ocasiones de desalojar a las familias, sin garantías de alternativas adecuadas para las personas que iban a ser desalojadas. Miembros de Amnistía Internacional de todo el mundo escribieron para manifestar su preocupación, y los abogados del MSTC lograron frenar en los tribunales varias órdenes de desalojo.

En febrero de 2007, el gobierno municipal firmó un acuerdo con los residentes por el que proporcionaba hogar para algunas familias y una ayuda al alquiler para las demás hasta que se encontraran hogares también para ellas.

Jomarina, dirigente de la comunidad, dio las gracias a Amnistía internacional en nombre de las familias de Prestes Maia: “No esperábamos esta victoria, pero la participación de Amnistía Internacional dio una repentina visibilidad a la campaña”.

Manoel Del Rio, abogado que trabaja con el MSTC, dijo: “El alojamiento es la base desde la cual las personas pueden empezar a luchar por otros derechos. Los grupos de derechos humanos no habían prestado atención al movimiento de los sin techo. Amnistía Internacional dio credibilidad al derecho a la vivienda como cuestión de derechos humanos. La lucha continúa hoy con más fuerza que nunca”.

En 2008, Amnistía Internacional lanzará una campaña mundial –la Campaña por la Dignidad Humana– destinada a detener y prevenir los abusos contra los derechos humanos que provocan la pobreza y la acentúan.

La campaña pedirá la rendición de cuentas de los responsables, el respeto por el papel clave que las personas que viven en la pobreza pueden desempeñar para cambiar su situación, y la igualdad de acceso a los derechos humanos de todas las personas.