A partir del 28 de mayo de 2021, el gobierno de Daniel Ortega inició una nueva fase de su estrategia represiva. Entre los elementos característicos de este periodo se tiene la detención de un nuevo grupo de personas identificadas como opositoras al gobierno. Luego de un riguroso análisis de la información disponible, Amnistía Internacional concluyó que la ocultación del paradero de diez personas detenidas constituye desaparición forzada a la luz de obligaciones internacionales que tiene el Estado nicaragüense en materia de derechos humanos.
