El 23 de abril, el gobierno mexicano, para atender a la pandemia de COVID-19, suspendió la financiación de diferentes programas, incluido el de las Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana (CAMI). Estas casas son espacios que proporcionaban apoyo directo a víctimas de violencia y realizaban trabajo de prevención. El gobierno no ha sido transparente respecto a cómo podrían estos recortes afectar a otros programas que apoyan y atienden a mujeres víctimas de la violencia. Pedimos al gobierno que garantice que todos los programas que protegen a las mujeres frente a la violencia tienen acceso a recursos para continuar con su fundamental labor.
