Discriminación

La discriminación es una agresión a la noción misma de derechos humanos. Niega sistemáticamente a ciertas personas o grupos el disfrute de todos sus derechos humanos basándose en quiénes son o cuáles son sus creencias. Resulta fácil negar los derechos humanos de una persona cuando se la considera “infrahumana”.

Este es el motivo por el cual el derecho internacional de los derechos humanos se basa en el principio de la no discriminación. Los autores de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirmaron explícitamente que consideraban la no discriminación como la base de la Declaración.  

Y sin embargo, en todos los países del mundo todavía persiste la discriminación por motivos de raza, etnia, nacionalidad, clase, religión o creencias, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad o estado de salud –o por una combinación de factores–, y adopta muy diversas formas.

Nosotros y ellos: la lucha contra la discriminación

Si bien los autores y el marco pueden variar, en la base de toda forma de discriminación están la ignorancia y los prejuicios de la sociedad, la discriminación y la represión oficiales y la impunidad de la que con demasiada frecuencia disfrutan los responsables. Algunos gobiernos justifican sin ambages ciertas formas de discriminación en aras de la moralidad, la religión o la ideología.

La discriminación consagrada en la ley –por ejemplo, cuando la ley restringe las libertades fundamentales de las mujeres o se niega a reconocer los derechos de los pueblos indígenas– supone en la práctica el desposeimiento de los derechos humanos.

A menudo la inacción oficial facilita violentas manifestaciones de prejuicios. La discriminación supone que a ciertos grupos se les niega igual protección ante la ley frente a la violencia infligida contra ellos, como las agresiones racistas, la violencia doméstica o los ataques a personas por su religión o su orientación sexual, sean éstas reales o atribuidas.

La discriminación en la aplicación de la ley puede suponer que las autoridades consideren a ciertos grupos “delincuentes en potencia” y que por tanto sus integrantes tengan más probabilidades de ser detenidos y encarcelados. También puede significar que estas personas tengan más probabilidades de recibir un trato más duro, posiblemente equivalente a tortura u otras formas de maltrato, una vez que entren en el sistema de justicia penal.

La identidad o la condición de una persona también puede afectar el tipo de maltrato que padece y las consecuencias de éste. Por ejemplo, las mujeres transgénero detenidas con presos varones corren especial peligro de ser violadas y sufrir otras formas de violencia sexual.

Muchas personas sufren discriminación por más de un elemento de su identidad. Por ejemplo, las mujeres indígenas no sólo son discriminadas como mujeres, sino también como indígenas. Esta multiplicidad de factores interactúa y modifica la experiencia de discriminación de cada persona.

Insulto a la dignidad

Numerosas leyes y prácticas restringen las libertades fundamentales de las mujeres, incluidas las de circulación y expresión.

Desde su infancia, las niñas sufren peor trato que los niños, en forma, por ejemplo, de malnutrición selectiva y negación de igualdad de acceso a la educación y los servicios de salud. Las mujeres que no se casan se enfrentan a muchos obstáculos, como conseguir vivienda y crédito; pero a su vez, las mujeres casadas o las viudas también pueden ser tratadas como menores ante la ley.

La violencia se utiliza para aterrorizar a las mujeres en el hogar, en el trabajo, bajo custodia y en situaciones de conflicto, en las que la violación se utiliza con frecuencia como “arma de guerra”. Dondequiera que se inflija, esta violencia está estrechamente ligada a la posición subordinada de las mujeres en la sociedad y a las restricciones a su autonomía. En ocasiones son los funcionarios del Estado los que perpetran la violencia. A menudo son cómplices de la violencia de otros, como empleadores, autoridades religiosas o tradicionales o miembros de la familia.

Decenas de países siguen teniendo leyes que tipifican como delito la homosexualidad. Estas leyes discriminatorias no sólo privan de sus derechos humanos a un sector de la población, sino que también pueden invocarse para torturar o maltratar a las personas detenidas.

Al institucionalizar la discriminación, tales leyes pueden actuar como incitación oficial a la violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en la comunidad en general.

Sin embargo, estos motivos de preocupación no se limitan a países donde la homosexualidad es ilegal. Debido a los prejuicios institucionalizados, las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero que entran en contacto con la ley por otras razones pueden ser víctimas de abusos.    

Cada día, en todas las regiones del mundo, se producen actos de discriminación racial. Según las investigaciones de Amnistía Internacional, muchas, si no la mayoría, de las víctimas de brutalidad policial en Europa y Estados Unidos son personas negras o pertenecientes a otras minorías étnicas. Los Estados tienen la obligación de impedir la violencia racista a manos de cualquiera, no sólo de sus funcionarios.

Y sin embargo, en muchos países los malos tratos por motivos racistas son alentados por las respuestas cada vez más xenófobas a la inmigración, la discriminación en el sistema de justicia penal y los bandos de los conflictos armados.  

La violencia contra los pueblos indígenas, especialmente en el marco de disputas por los derechos sobre la tierra, es una herencia de siglos de subyugación. Los pueblos indígenas figuran de forma desproporcionada entre los más pobres tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo.

Esta omnipresente pobreza tiene sus raíces en la historia de la colonización y en la constante discriminación sistémica y falta de reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, incluido el desposeimiento de sus tierras ancestrales, la pérdida de control sobre sus recursos naturales y sus conocimientos tradicionales y su asimilación e integración forzadas a la sociedad dominante y la economía de mercado.

Datos clave

El derecho internacional garantiza los derechos humanos a toda persona sin distinción por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición.

Los órganos de expertos de las Naciones Unidas han afirmado que este principio incluye la discriminación por orientación sexual.

El razonamiento que subyace a este principio es que privar a alguien de sus derechos debido a una característica que esa persona no puede cambiar –como la raza o la etnia– o que es tan intrínseca a ella que no debe verse obligada a cambiar –como la religión– viola los principios internacionales de derechos humanos.

Los gobiernos están obligados a tomar medidas fundamentales para garantizar el derecho de toda persona a no padecer discriminación. Deben derogar las leyes discriminatorias que facilitan los abusos contra los derechos humanos y niegan la igualdad en el acceso a la justicia. También deben proteger eficazmente contra la violencia en la comunidad en general. Las leyes e instituciones del Estado deben abordar las causas fundamentales de la discriminación, no reproducirla ni fomentarla con fines políticos.

Discriminación directa: es el trato desfavorable o perjudicial a una persona o grupo basado en una característica prohibida o en un motivo como la raza o el género.

Discriminación indirecta: se produce cuando una práctica, norma, requisito o condición parece neutral, pero tiene un efecto desproporcionado sobre personas o grupos concretos, salvo que dicha práctica, norma, requisito o condición estén justificados. Se pide a los gobiernos que tengan en cuenta las diferencias pertinentes entre los grupos a fin de evitar la discriminación indirecta.

¿Qué está haciendo Amnistía Internacional?

Amnistía Internacional desarrolla su Campaña para Combatir la Violencia contra las Mujeres. Nuestro informe de 2007 sobre la desprotección por parte del gobierno estadounidense de las mujeres indígenas frente a la violencia sexual ha dado lugar a varias sesiones gubernamentales, ha recaudado dinero para mantener un refugio de sobrevivientes de la violencia sexual y ha asegurado que los defensores y defensoras de los derechos humanos de las mujeres indígenas estuvieran presentes en los medios de comunicación estadounidenses.

En 2006, el informe de Amnistía Internacional titulado “Stonewalled”: Seguir exigiendo respeto. Abusos policiales contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Estados Unidos documentó la violencia de género, en ocasiones equivalente a tortura y malos tratos, que lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero sufren en Estados Unidos, a pesar de décadas de campaña en favor de los derechos humanos.

Amnistía Internacional trabajó con los pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales para la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Después de más de 20 años, la Declaración fue adoptada por fin en septiembre de 2007.

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