América 2023
El espacio cívico seguía reduciéndose en toda la región de las Américas, lo que ponía en peligro los avances en materia de derechos humanos logrados en los decenios anteriores. Las personas que ejercían el periodismo y las que defendían los derechos humanos, especialmente quienes trabajaban en favor de la justicia climática y quienes luchaban por proteger su tierra y el medioambiente, eran objeto de hostigamiento, criminalización, agresiones y homicidios, por lo que la región continuó siendo una de las más peligrosas del mundo para estas actividades. La mayoría de los países americanos carecían de sistemas sólidos de protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad respondían con fuerza ilegítima a las manifestaciones pacíficas. Las autoridades seguían violando el derecho a la vida, a la libertad, a un juicio justo y a la integridad física, y la detención arbitraria era una práctica generalizada. La violencia de género seguía estando muy arraigada en toda la región, y las autoridades no abordaban la impunidad de estos delitos ni protegían a las mujeres, las niñas y otros grupos de población que corrían peligro de sufrir discriminación y violencia. Los avances logrados en años anteriores en relación con la ampliación del acceso al aborto seguro sufrieron un notable revés en toda la región, incluso en países donde este procedimiento se había despenalizado. Las personas LGBTI seguían siendo objeto de persecución generalizada y encontrando obstáculos para obtener reconocimiento legal. Los pueblos indígenas seguían viéndose desproporcionadamente afectados por las violaciones de derechos humanos y sufrían discriminación. En algunos países se negaba el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, especialmente en relación con proyectos de gran envergadura. Las devastadoras crisis políticas, humanitarias y económicas en las que estaba sumida toda la región de las Américas provocaron un acusado aumento del número de personas que abandonaban su país de origen en busca de seguridad. En varios países las autoridades no respetaban ni protegían los derechos de las personas refugiadas y migrantes, cuya creciente afluencia se gestionaba cada vez más mediante el uso de la fuerza militar. La impunidad de las violaciones de derechos humanos y de los crímenes de derecho internacional seguía siendo generalizada, y muchos países continuaban eludiendo el escrutinio internacional. Brasil, Canadá y Estados Unidos figuraban entre los principales emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial. La expansión de la extracción y la producción de combustibles fósiles en la región suponía una amenaza para las metas climáticas globales. Los gobiernos no se comprometieron a eliminar de forma gradual, rápida y equitativa el uso y la producción de todos los combustibles fósiles, ni las subvenciones a estos productos. Sin embargo, no todo fue negativo. Pese al panorama sombrío, los defensores y defensoras de los derechos humanos y otros actores que alzaban la voz en favor de la protección de esos derechos en toda la región de las Américas seguían luchando —en un clima de creciente adversidad— para lograr cambios estructurales, con vistas a crear una región más justa e igualitaria para todas las personas.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica
El espacio cívico seguía reduciéndose a un ritmo alarmante en toda la región. En países como El Salvador, Nicaragua y Venezuela, donde el derecho a la libertad de expresión ya estaba amenazado, los gobiernos impusieron más medidas legales e institucionales contra los grupos de la sociedad civil para tratar de silenciar las críticas. Entre agosto de 2022 y septiembre de 2023, Nicaragua revocó la personería jurídica de más de 2.000 ONG, con lo que la cifra total de ONG clausuradas desde 2018 ascendía a 3.394. En agosto se cerró la Universidad Centroamericana de Nicaragua, acusada de ser un “centro de terrorismo” y se confiscaron los bienes de organizaciones como Cruz Roja. En Cuba se aprobó en mayo una nueva ley que otorgaba al gobierno facultades para ordenar a los operadores de telecomunicaciones que dejaran de prestar sus servicios a quienes publicaran información que se considerara perjudicial para el orden público o la moralidad.
En 2023 se produjo un aumento de las protestas en El Salvador, conforme la situación del país seguía deteriorándose bajo el estado de excepción impuesto en marzo de 2022. La respuesta obstruccionista de las autoridades a estas expresiones legítimas de descontento social —que incluía estigmatización, amenazas, aplicación de vigilancia excesiva a quienes organizaban las protestas y a quienes participaban en ellas, y restricciones a la libertad de circulación— vulneraba los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
En países como Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Haití, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela, las autoridades respondían a las protestas públicas con medidas represivas. En Bolivia, la Defensoría del Pueblo denunció varios casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en respuesta a una serie de protestas que tuvieron lugar en enero tras la detención del gobernador de Santa Cruz.
En Argentina, Canadá, Cuba, Estados Unidos, México y Puerto Rico, el gobierno presentó cargos penales contra personas que se manifestaban de forma pacífica. En Chile se aprobó legislación que diluía las obligaciones jurídicas relativas al uso de la fuerza. En 16 estados de Estados Unidos se presentaron proyectos de ley que restringían el derecho a protestar; en el estado de Carolina del Norte se elevaron las penas aplicables a los delitos de “disturbios” ya tipificados y a las protestas que se realizaran cerca de oleoductos.
La región de las Américas seguía siendo un lugar peligroso para quienes ejercían el periodismo. En Argentina, Colombia, Cuba, El Salvador, México, Paraguay, República Dominicana y Venezuela se sometió a amenazas, hostigamiento, homicidio y vigilancia ilegítima a profesionales de los medios de comunicación. En República Dominicana se demostró con pruebas que la destacada periodista especializada en corrupción e impunidad Nuria Piera había sido atacada en 2020 y 2021 con el programa espía Pegasus de NSO Group, que permitía el acceso pleno y sin restricciones a los dispositivos; las autoridades negaron haber participado en la vigilancia. En México, al menos cinco periodistas fueron asesinados por motivos posiblemente relacionados con su trabajo, según la organización ARTICLE 19.
Los Estados deben derogar las leyes y abolir las prácticas que obstaculizan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Deben adoptar medidas adicionales para proteger de forma efectiva el derecho de las personas a expresar sus opiniones, y para salvaguardar la labor de quienes ejercen el periodismo.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
América seguía siendo una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos. Los riesgos eran mayores para quienes se dedicaban a defender la tierra y el medioambiente en países como Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México. Las mujeres y las personas indígenas y negras defensoras de derechos seguían corriendo especial peligro. Gobiernos y actores no estatales utilizaron diversas herramientas —como el hostigamiento, la estigmatización, la criminalización y el homicidio— para impedir que activistas de los derechos humanos llevaran a cabo su legítima y necesaria labor en países como Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. En Brasil, Justicia Global señaló que, en promedio, 3 personas defensoras habían perdido la vida de forma violenta cada mes en los 4 años anteriores. Honduras presentaba —en relación con su población— la cifra más alta del mundo de personas defensoras de los derechos humanos asesinadas, según datos de Global Witness. En julio, un miembro de la comunidad hondureña de Guapinol murió por disparos efectuados a plena luz de día seis meses después de que dos familiares suyos hubieran sido igualmente asesinados. Habían estado haciendo campaña contra una empresa minera para proteger el río del que dependía su sustento. Al concluir el año, los homicidios continuaban impunes.
Aunque la mayoría de los países de las Américas carecían de sistemas sólidos de protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, Colombia mostró algunas señales de mejora: el Ministerio del Interior anunció el fortalecimiento del programa de protección colectiva de las personas defensoras de los derechos humanos integrantes de organizaciones populares y comunidades, dirigido específicamente a quienes defendían la tierra y el territorio.
Los Estados deben garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo sus actividades en condiciones de seguridad, elaborando programas de protección efectiva, o mejorando los existentes, así como velando por que las personas sospechosas de agredir a activistas comparezcan ante la justicia.
Detenciones arbitrarias y juicios injustos
La detención arbitraria seguía siendo una práctica generalizada en la región. Las autoridades continuaban violando el derecho a la libertad, a un juicio justo y a la integridad física en países como Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. En Estados Unidos, muchas detenciones tenían un trasfondo de discriminación.
En El Salvador se habían registrado más de 73.000 detenciones arbitrarias desde la declaración del estado de excepción en marzo de 2022. La mayoría de las personas detenidas eran acusadas de “agrupaciones ilícitas”, delito relacionado con la actividad de las pandillas y la pertenencia a ellas. Tales detenciones violaban las garantías procesales por la ausencia de órdenes judiciales y el ocultamiento de la identidad de los jueces que tramitaban los casos.
En países como El Salvador, México, Nicaragua y Venezuela, las personas detenidas sufrían con frecuencia tortura u otros malos tratos y, en ocasiones, desaparición forzada. En Venezuela, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que se habían llevado a cabo aproximadamente 15.700 detenciones arbitrarias entre 2014 y 2023, y que unas 280 personas seguían detenidas por motivos políticos. El activista, estudiante y músico John Álvarez fue detenido el 30 de agosto y recluido en régimen de incomunicación durante más de 24 horas. Fue torturado y obligado a incriminar a un líder sindical y a un periodista en un vídeo grabado por agentes de policía. Quedó en libertad en diciembre.
El derecho a un juicio justo no se respetaba en numerosos países, como Bolivia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Nicaragua y Venezuela. Un total de 30 hombres musulmanes permanecían recluidos de manera arbitraria e indefinida en el centro de detención de la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba), en contravención del derecho internacional. Se les seguía denegando la celebración de audiencias, a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos había resuelto en 2008 que tenían el derecho de hábeas corpus.
Las autoridades deben garantizar el derecho a un juicio justo y abstenerse de hacer un uso indebido del sistema de justicia. Los Estados deben hacer efectivo el derecho a obtener reparación de quienes hayan sufrido detención arbitraria.
Uso excesivo e innecesario de la fuerza
El uso excesivo e innecesario de la fuerza —incluidos medios letales— por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley estaba presente en toda la región, especialmente en Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Honduras, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. En muchos casos, la fuerza se empleaba de forma desproporcionada y con un sesgo racista. En Brasil, al menos 394 personas murieron violentamente en operaciones policiales que tuvieron lugar entre julio y septiembre en los estados de Bahía, Río de Janeiro y São Paulo, mientras que el gobierno seguía sin adoptar medidas para reducir la violencia policial, incluido el uso de cámaras corporales. En Estados Unidos, al menos 1.153 personas perdieron la vida a manos de la policía en 2023, según los medios de comunicación. En Perú, el Estado respondió a las protestas celebradas en todo el país con fuerza letal y un uso excesivo de medios menos letales, y aplicó un sesgo racista especialmente contra miembros de pueblos indígenas. Las protestas se saldaron con la muerte de 49 civiles y un policía, y centenares de personas heridas, en menos de 2 meses. Al menos 20 de esos casos podían considerarse ejecuciones extrajudiciales.
La reforma de la policía avanzó con resultados diversos en Chile y Colombia. Las autoridades de Colombia aprobaron varias iniciativas normativas para modificar la estructura y el funcionamiento de algunos aspectos de la policía, incluida la implantación de un nuevo manual sobre el uso de la fuerza durante las protestas. La reforma policial integral seguía pendiente.
La militarización de la seguridad continuó en varios países, como El Salvador y Honduras, ambos con un estado de excepción en vigor. Ecuador y México ampliaron sus marcos jurídicos para permitir la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Las autoridades deben garantizar que la aplicación de la ley cumple con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, en particular las que rigen el uso de la fuerza, y que las personas presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos comparecen ante la justicia.
Derechos de las mujeres y de las niñas
La arraigada violencia de género, incluidos el femicidio y el feminicidio, seguía siendo la norma en toda la región, y las autoridades se abstenían sistemáticamente de abordar la impunidad de estos crímenes. En México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que, en promedio, cada día eran asesinadas nueve mujeres y la mayoría de los casos no llegaban a resolverse de manera eficaz. En Canadá, la ONU denunció un aumento del número de mujeres y niñas indígenas desaparecidas o asesinadas, así como unos índices elevados de explotación y agresiones sexuales de mujeres, niñas y personas de dos espíritus, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, que se cuestionan la identidad de género, intersexuales, asexuales y de otros grupos sexuales y de género (2SLGBTQQIA+, por sus siglas en inglés) indígenas que vivían en las inmediaciones de las obras de construcción de gasoductos.
El acceso a los derechos sexuales y reproductivos seguía siendo sumamente difícil en toda la región, incluso en países como Argentina, donde el aborto se había legalizado en 2020, y, Colombia, donde se había despenalizado en 2022. En El Salvador continuaba vigente la prohibición total del aborto y al menos 21 mujeres se enfrentaban a procedimientos judiciales por cargos relacionados con emergencias obstétricas. Chile no avanzó en la adopción del marco jurídico necesario para despenalizar completamente el aborto y garantizar la igualdad de acceso sin barreras a servicios de aborto seguro. En Brasil, el aborto continuaba siendo delito y el Ministerio de Salud informó de que, hasta julio, al menos 19 personas habían muerto a causa de abortos practicados en condiciones de riesgo; en septiembre, el Tribunal Supremo Federal comenzó a examinar un recurso en el que se solicitaba la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de embarazo, pero la votación se suspendió.
En algunos países se retrocedió aún más en cuanto al acceso al aborto. Tras la decisión adoptada en 2022 por la Corte Suprema de Estados Unidos poniendo fin a las medidas federales de protección del derecho al aborto, 15 estados del país prohibieron el aborto totalmente o con excepciones sumamente limitadas; las medidas seguían afectando de forma desproporcionada a las personas negras y de otros grupos racializados.
Aun así, hubo algunos avances. En Honduras, el aborto seguía estando prohibido, pero el gobierno puso fin a 14 años de prohibición del uso y venta de la píldora anticonceptiva de emergencia. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto, así como la suspensión del ejercicio de la profesión al personal médico por practicar un aborto o proporcionar ayuda para su realización.
Las autoridades deben poner fin a la impunidad de los delitos violentos cometidos contra las mujeres y las niñas. También deben garantizar el acceso al aborto seguro y otros derechos sexuales y reproductivos, incluida la educación sexual integral.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
Las personas LGBTI seguían siendo objeto de actos generalizados de hostigamiento, discriminación, amenazas, ataques violentos y homicidio, y encontrando obstáculos para obtener reconocimiento legal en países como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Puerto Rico. La impunidad era la norma en la mayoría de los casos.
En Guatemala, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo seguía siendo ilegal, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+ informó de que al menos 34 personas habían sido asesinadas por su orientación sexual o su identidad de género durante el año. Por decimocuarto año consecutivo, Brasil presentó la cifra de homicidios de personas transgénero más elevada de todos los países del mundo. En Perú, y pese a las numerosas denuncias de actos de violencia y homicidios contra personas LGBTI, seguía sin haber un registro oficial de delitos de odio. En Paraguay, la justicia rechazó 5 demandas presentadas por personas transgénero que exigían el reconocimiento legal de sus nombres conforme a su identidad de género. En Estados Unidos aumentó espectacularmente la aprobación de legislación anti-LGBTI estatal; sólo el 54% de las personas adultas LGBTI estadounidenses vivían en estados que contaban con legislación sobre delitos de odio que abarcaba la orientación sexual y la identidad y expresión de género.
En Argentina, Sofía Inés Fernández, mujer trans de 40 años, fue encontrada muerta en abril en una celda de una comisaría policial de la localidad de Derqui, en la provincia de Buenos Aires, donde había sido detenida por presunto robo. Los policías denunciados afirmaron que la mujer había muerto por suicidio, pero la autopsia preliminar reveló la asfixia como causa de la muerte.
Pese al panorama sombrío, hubo algunos avances. En abril se expidió por primera vez en Colombia un diploma universitario que reflejaba la identidad no binaria de su titular.
Las autoridades deben reforzar la protección de las personas LGBTI, lo que incluye investigar de forma efectiva las denuncias de abusos contra los derechos humanos y llevar a los responsables ante la justicia.
Derechos de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas, sometidos históricamente a discriminación racial y marginación, seguían viéndose desproporcionadamente afectados por las violaciones de derechos humanos. En Colombia, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, de la ONU, señaló que el 45% de todas las víctimas de desplazamiento en 2023 eran personas afrodescendientes y, el 32%, indígenas. En Brasil, Sônia Guajajara, mujer indígena, se convirtió en la primera titular del Ministerio de los Pueblos Indígenas. El Ministerio de Salud de ese país declaró una emergencia de salud pública nacional debido a la falta de asistencia disponible para el pueblo Yanomami, afectado por la desnutrición, la contaminación y la violencia sexual a causa principalmente de la presencia de actividades mineras ilegales en su territorio de la Amazonía.
En varios países, como Argentina, Canadá, Ecuador y Venezuela, se negaba el derecho al consentimiento libre, previo e informado, especialmente en relación con grandes proyectos de infraestructura. En Canadá, el Plan de Acción Nacional relativo a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que el gobierno publicó en junio, no incluía mecanismos de rendición de cuentas ni de obtención del consentimiento libre, previo e informado. Varias personas defensoras de la tierra wet’suwet’en fueron juzgadas en mayo y octubre por proteger su territorio frente a la construcción de un gasoducto. Una de ellas fue declarada inocente en noviembre, mientras que las demás estaban a la espera de decisiones y, de ser declaradas culpables, podían ser condenadas a prisión.
En numerosos países continuaban los problemas relativos a la tenencia y titularidad de tierras. En Paraguay, la comunidad indígena Tekoha Sauce del Pueblo Avá Guaraní Paranaense seguía esperando que se le restituyera su territorio ancestral, que había sido ocupado por la empresa de energía hidroeléctrica Itaipú Binacional. La empresa apeló una decisión judicial que rechazaba la orden de desalojo para sacar a la comunidad de otra zona de sus tierras ancestrales.
Los Estados deben garantizar que los pueblos indígenas tienen la propiedad y el control de sus tierras y recursos. Deben aplicar políticas para poner fin a la violencia contra los pueblos indígenas y velar por que éstos obtengan justicia, verdad y reparación por las violaciones de derechos humanos que han soportado.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Las devastadoras crisis políticas, humanitarias y económicas en las que estaba sumida toda la región de las Américas contribuyeron al aumento sistemático del número de personas que abandonaban su país de origen en busca de seguridad y que eran objeto de violaciones de derechos humanos en el proceso. Más de 7,72 millones de personas venezolanas se habían marchado de su país al concluir el año, según cifras del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Las autoridades de Panamá notificaron que habían atravesado la frontera entre Colombia y Panamá a través del tapón del Darién unas 520.000 personas, cifra que duplicaba la registrada en 2022. Se produjo también un aumento vertiginoso del número de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que llegaban a México con el objetivo de pasar a Estados Unidos o Canadá.
Las autoridades de varios países, como Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú, no respetaban ni protegían los derechos de las personas migrantes y refugiadas, lo que incluía negarles el derecho a solicitar asilo. En Estados Unidos, tras el fin de la política sobre inmigración conocida como Título 42, se implementaron nuevas medidas en materia de migración que seguían limitando drásticamente el acceso al asilo en la frontera con México. Estas disposiciones incluían la presunción de inadmisibilidad en la mayoría de los casos y el uso obligatorio de una aplicación para teléfonos móviles que ofrecía un número limitado de citas, por lo que muchas personas solicitantes de asilo quedaban en situación de desamparo en la frontera, en condiciones inhumanas y expuestas a sufrir violencia y otros abusos.
El gobierno estadounidense prorrogó el denominado Estatus de Protección Temporal de las personas haitianas, hondureñas, nepalíes, nicaragüenses, somalíes, sudanesas, sursudanesas, ucranianas, venezolanas y yemeníes, que otorgaba autorización de empleo y protección frente a la expulsión de Estados Unidos. Además, implantó un proceso de permiso de permanencia temporal para las personas cubanas, haitianas, nicaragüenses y venezolanas, que ofrecía hasta 30.000 autorizaciones mensuales de entrada en Estados Unidos siempre que se dispusiera del patrocinio de residentes en el país.
Las autoridades estadounidenses siguieron aplicando la detención arbitraria masiva por motivos de migración, y utilizaban prisiones privadas para recluir a las personas que buscaban seguridad. En Canadá, las provincias de Ontario, Quebec, Saskatchewan y Nuevo Brunswick anunciaron el fin de los acuerdos en materia de detención por motivos de migración que mantenían con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, con lo que se sumaron al compromiso de Columbia Británica, Alberta, Manitoba y Nueva Escocia de no detener a nadie únicamente por motivos migratorios a partir de julio de 2024. En México, donde las condiciones de detención de las personas migrantes y solicitantes de asilo eran especialmente duras; la Suprema Corte dictó en marzo una sentencia histórica que establecía que el plazo máximo de estancia de una persona en un centro de detención migratoria era de 36 horas, tras las cuales las autoridades tenían la obligación de liberarla.
Se incrementó el despliegue de las fuerzas armadas en todos los países de la región para gestionar el creciente número de personas migrantes y refugiadas que llegaban a su territorio. En Chile, el gobierno desplegó en febrero tropas militares a lo largo de las fronteras con Bolivia y Perú para impedir la entrada irregular de personas que buscaban seguridad, lo que afectó principalmente a personas venezolanas.
Las personas venezolanas que vivían en Chile, Colombia, Ecuador y Perú se topaban con importantes barreras para acceder al procedimiento de asilo y otros programas de protección temporales o complementarios. En consecuencia, muchas no podían regularizar su situación y acceder a los servicios básicos, incluidos los de salud. Las autoridades seguían sin proteger a las mujeres venezolanas frente a la violencia de género, ante la cual corrían especial peligro. Muchas de ellas no la denunciaban por temor, desconfianza o desinformación, y no podían acceder a algunos servicios por el hecho de no estar en situación regular.
En República Dominicana, la discriminación contra la población haitiana o de ascendencia haitiana y el racismo contra las personas negras persistían, y colocaban a migrantes, solicitantes de asilo y refugio, mujeres y niñas y personas LGBTI en una situación especialmente vulnerable. Las autoridades de inmigración y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley irrumpían en los hospitales y efectuaban registros discriminatorios en busca de mujeres y niñas haitianas para detenerlas arbitrariamente y expulsarlas.
Las autoridades deben suspender de forma urgente las expulsiones ilegítimas, respetar el principio de no devolución (non-refoulement) y abstenerse de detener a personas refugiadas y migrantes. Los Estados también deben garantizar que todas las personas pueden solicitar asilo y acceder a un procedimiento justo y eficaz para ello, especialmente quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos, así como proporcionar a las personas refugiadas la protección a la que tienen derecho. Deben combatir el racismo y la xenofobia ejercidos contra la población migrante, refugiada y solicitante de asilo.
Derecho a verdad, justicia y reparación
La impunidad de las violaciones de derechos humanos, incluidos los crímenes de derecho internacional, seguía siendo la norma en países como Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela, pese a que se registraron avances en algunos países.
En Bolivia, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para este país informó en octubre de que se había avanzado poco en las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la crisis política de 2019, durante la cual 37 personas habían fallecido y centenares más habían resultado heridas a manos de las fuerzas de seguridad. Las investigaciones sobre los homicidios cometidos por la policía en Brasil tampoco resultaron eficaces; aún no se había enjuiciado a los 3 agentes de policía acusados formalmente del asesinato del activista Pedro Henrique Cruz, ocurrido en Tucano (estado de Bahía) en 2018, y cuya madre, Ana Maria, seguía sufriendo amenazas e intimidación. En Chile continuó la impunidad de la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019; según la Fiscalía Nacional, solamente se habían presentado cargos en 127 de los 10.142 casos de denuncias realizadas por víctimas de los abusos cometidos en ese periodo, con un resultado de 38 sentencias condenatorias y 17 absolutorias.
En Ecuador, las violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas de 2019 y 2022 continuaron impunes; en junio, el Decreto Ejecutivo 755 estipulaba que los agentes encargados de hacer cumplir la ley que fueran sospechosos de haber causado lesiones, daños o la muerte a una persona no serían detenidos ni destituidos mientras no se dictara una sentencia condenatoria en su contra. En Colombia, se había avanzado poco hasta junio en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
No obstante, se registraron avances efectivos en los procesos de justicia, verdad y reparación en algunas jurisdicciones, como Argentina y Chile. En Argentina seguían celebrándose ante tribunales civiles ordinarios juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar de 1976-1983. En Chile se presentó el Plan Nacional de Búsqueda de personas que habían desaparecido durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), que seguía pendiente de aplicación al finalizar el año; el gobierno también anunció la Política Nacional de Memoria y Patrimonio para la protección de los lugares de memoria colectiva relacionados con ese periodo.
En junio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorizó a su Fiscalía a reanudar la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y un fiscal federal de Argentina abrió una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en aplicación del principio de jurisdicción universal.
Los Estados deben comprometerse a combatir la impunidad y garantizar verdad, justicia y reparación.
Derecho a un medioambiente saludable
Los Estados de toda la región de las Américas, en particular, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú, no adoptaron medidas suficientes ni eficaces para garantizar el derecho a un medioambiente saludable y mitigar los efectos de la crisis climática sobre los derechos humanos. Esto resultaba especialmente evidente en el marco de los proyectos extractivos en gran escala que afectaban de forma desproporcionada a los pueblos indígenas, las comunidades de primera línea que vivían en las inmediaciones de esos proyectos y otros grupos marginados extremadamente vulnerables a la degradación ambiental. Pese al compromiso de Bolivia de mantener su cobertura forestal, los defensores y defensoras de los derechos humanos pusieron de manifiesto la insuficiencia de las medidas tomadas para prevenir la intensa temporada de incendios forestales, que se vio agravada por el cambio climático, durante los últimos meses del año.
En muchos países se criminalizó a personas, como las pertenecientes a pueblos indígenas, que se habían opuesto de forma activa a proyectos extractivos que tenían repercusiones negativas en el medioambiente y los sumideros de carbono vulnerables.
En 2023, las temperaturas y las emisiones de gases de efecto invernadero globales alcanzaron máximos históricos. Aunque la contribución de los países de las Américas varió de forma considerable, Brasil, Canadá y Estados Unidos figuraban entre los principales emisores de gases de efecto invernadero de la región y a nivel mundial. La expansión de la extracción de combustibles fósiles y el aumento de proyectos que implicaban la quema de gas relacionada con la extracción de petróleo crudo en la región, así como el mantenimiento de las subvenciones a los combustibles fósiles, suponían una amenaza para las metas climáticas globales establecidas en el Acuerdo de París. Los gobiernos de la región no se comprometieron a eliminar de forma gradual, rápida y equitativa el uso y la producción de todos los combustibles fósiles, ni todos los tipos de subvenciones a estos productos.
Las autoridades deben abordar de manera urgente los efectos de la crisis climática en los derechos humanos, impulsando la acción climática a escala regional. Los países industrializados y los de altas emisiones en la región deben tomar la iniciativa en la mitigación climática, lo que incluye detener las subvenciones a los combustibles fósiles y la expansión de su producción. Los gobiernos deben garantizar asimismo la protección de los pueblos indígenas y los defensores y defensoras de los derechos humanos que hacen campaña en favor de la justicia climática y los derechos ambientales. Los países desarrollados de la región también deben aumentar con urgencia la financiación climática para apoyar las estrategias de mitigación y adaptación de los países en desarrollo de ingresos más bajos, así como comprometerse a proporcionar fondos adicionales específicos para pérdidas y daños.
Derechos económicos y sociales
Los índices de pobreza y pobreza extrema de la región, que habían aumentado considerablemente durante la pandemia de COVID-19, regresaron en 2023 a los niveles anteriores a la pandemia, pero los países seguían sin adoptar las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de poner fin a la pobreza antes de 2030. Casi el 30% de la población de América Latina (183 millones de personas) seguía viviendo en situación de pobreza y, el 11,4% (72 millones), en situación de pobreza extrema. La desigualdad seguía siendo la principal dificultad para que los países pudieran promover el crecimiento y desarrollo inclusivos, como era el caso de América Latina, donde el 10% más rico de la población acumulaba el 34% de los ingresos totales.
Los Estados deben adoptar medidas fiscales y presupuestarias firmes para hacer frente a la pobreza y la desigualdad, y para garantizar que cumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos con respecto a la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social y el acceso a los servicios y bienes básicos.