Estados Unidos y la Corte Penal Internacional

11 noviembre 2007

Hasta hace poco tiempo, Estados Unidos se oponía firmemente a la Corte Penal Internacional aduciendo temores de que la Corte podría utilizarse para perseguir a ciudadanos o ciudadanas estadounidenses por motivos políticos.

Oposición de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional

Durante la redacción del Estatuto de Roma, Estados Unidos solicitó que la actividad de la Corte estuviese sometida al control del Consejo de Seguridad de la ONU (del que es miembro permanente con derecho de veto), el cual decidiría qué casos serían competencia de la Corte y cuáles no.

Sin embargo, en la Conferencia de Roma se decidió crear la figura de un fiscal independiente y limitar el control del Consejo de Seguridad a la potestad de retrasar un caso durante 12 meses en aras de la paz y la seguridad internacionales. Para evitar que la Corte pudiese en alguna ocasión participar en persecuciones de motivación política, los autores del Estatuto de Roma incluyeron importantes salvaguardias y garantías para la celebración de juicios justos.

Pese a estas salvaguardias, Estados Unidos fue uno de los tan sólo siete Estados que votaron en contra de la aprobación del Estatuto de Roma.

Menos de dos años después se produjo un cambio notable de posición cuando, el 31 de diciembre de 2000, el presidente Clinton mostró el apoyo de Estados Unidos a la Corte mediante la firma del Estatuto de Roma. Sin embargo, al cabo de cinco meses, en mayo de 2001, el nuevo gobierno de Bush revocó la firma e inició una campaña mundial contra la Corte:
  • Insistió en incorporar a varias resoluciones de mantenimiento de la paz del Consejo de Seguridad de la ONU disposiciones destinadas a excluir de la jurisdicción de la Corte a los ciudadanos de países que no hubieran ratificado el Estatuto de Roma aunque estuviesen acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra;
  • Lanzó una campaña mundial para que otros países suscribieran acuerdos de impunidad ilegales por los que se comprometiesen a no entregar a la Corte a ciudadanos estadounidenses acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. En el ámbito nacional de Estados Unidos, se promulgaron leyes como la Ley de Protección de Funcionarios y Personal Militar Estadounidenses o la Enmienda Nethercutt, que establecen que el gobierno retirará el apoyo militar y de otra índole a países que se hayan negado a firmar los acuerdos;
  • En algunos casos, Estados Unidos ha intentado ganar voluntades entre países favorables a la Corte para que no ratificasen el Estatuto de Roma.
Amnistía Internacional hizo una activa campaña contra estas iniciativas concebidas para socavar la Corte Penal Internacional.

Fracasa la campaña de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional

La campaña ha fracasado y se ha abandonado en gran medida. En junio de 2004, Estados Unidos retiró una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinada a renovar otra resolución anterior que eximía de la jurisdicción de la Corte a ciudadanos de países que no han ratificado el Estatuto de Roma en relación con su participación en misiones de mantenimiento de la paz.

La revelación de los abusos contra presos en Irak, la oposición pública a la renovación de la resolución manifestada por el entonces secretario general de la ONU Kofi Annan y la continua actividad de campaña de la sociedad civil, incluida la de Amnistía Internacional, llevaron al menos a ocho miembros del Consejo de Seguridad a rechazar la renovación de la resolución.

La campaña mundial en favor de los acuerdos de impunidad también ha fracasado. Aunque, según la información recibida, unos 100 países han firmado acuerdos bilaterales con Estados Unidos, la mayoría de los acuerdos no se han ratificado ni han entrado en vigor.

Muchos Estados mantuvieron su compromiso con la justicia internacional negándose a firmar los acuerdos, incluso pese a la retirada del apoyo militar o de otra índole por parte de Estados Unidos. La membresía de Amnistía Internacional en países de todo el mundo captó apoyos en sus respectivos gobiernos para que no suscribieran los acuerdos.

En marzo de 2006, la secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice anunció que se estaba revisando la campaña de acuerdos de impunidad. Desde entonces, muchos países que se negaron a firmar acuerdos han sido exonerados de toda sanción. Asimismo, han disminuido notablemente los informes de iniciativas de firma de acuerdos con otros Estados.

Además de fracasar la campaña contra la Corte, el gobierno estadounidense ha optado incluso por apoyar parte de la labor de este tribunal. Por ejemplo, en marzo de 2005, Estados Unidos decidió no oponerse a la resolución del Consejo de Seguridad por la que se remitía la situación de Darfur al fiscal de la Corte. También ha habido indicios de que el gobierno estadounidense podría estar dispuesto a cooperar con la Corte en las investigaciones.

Amnistía Internacional hace campaña para aprovechar estos avances promoviendo la cooperación de Estados Unidos con la Corte Penal Internacional, primer paso hacia su futura ratificación del Estatuto de Roma.

 

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO