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Los peligros a los que se enfrentan las mujeres embarazadas en Nicaragua

Fri, 05 Feb 2010 12:16:15 +0000

La activista Ana María Pizarro relata para Amnistía Internacional cómo las mujeres embarazadas corren peligro de perder la vida por el deficiente sistema de salud pública nicaragüense y por la prohibición del aborto en el país.

"Muchas jóvenes dicen: 'Yo no me puedo embarazar en este país'."

No puede haber una ley en Nicaragua dirigida a penalizar algo que sólo ocurre en el cuerpo de las mujeres, porque desde ese mismo momento ya no somos iguales ante la ley.

Las mujeres en Nicaragua tienen temor de formar una familia, de embarazarse. Muchas jóvenes dicen: "Yo no me puedo embarazar en este país porque tengo temor que una complicación me lleve a perder la vida".

Yo trabajé 10 años en el servicio público. Antes había un comité de análisis para la interrupción del embarazo, que se hacía en los hospitales públicos. Ahora en los hospitales públicos se deja morir a las mujeres por el temor. Hay casos de mujeres (embarazadas) que tienen enfermedades que pueden ser tratables y no se las trata.

Las mujeres que tienen recursos pueden pagar un aborto (clandestino) y las mujeres pobres tienen que seguir acudiendo a métodos rudimentarios y peligrosos que no les permiten tener un aborto en condiciones seguras.

Estamos generando un problema de justicia social porque en ambos casos las mujeres pueden ir a la cárcel. La diferencia es que las pobres se van a morir y las que no son pobres no van a tener ningún riesgo porque van a conseguir profesionales que les hagan un aborto en condiciones seguras.

Uno de los casos que conozco ocurrió en Condega, en el interior del país.

Una joven de 25 años llegó un domingo a las 5 de la mañana a un centro de salud donde se le hace un diagnóstico de aborto provocado. En dos horas, la enfermera y la médica del centro de salud logran hacer la denuncia en la policía y a las 7 am ya la policía esta dentro del centro de salud interrogando a la joven.

La médica, mientras hace el legrado la filma, y le toman fotografías, desnuda. Luego la policía le toma fotográficas mientras le estaban haciendo el legrado, siempre desnuda.

El lunes la trasladaron al hospital y la denunciaron en la fiscalía. La fiscalía envió el caso a medicina forense, hacen un dictamen médico forense y el martes está siendo acusada en los juzgados. Todos la interrogaron mientras ella estaba con suero y la estaban tratando.

La médica le dijo que no necesitaba abogado, la obligaron a declarar e incriminarse. La obligaron a contar con detalles como había sido el procedimiento del aborto.

Sin juicio le dictaron seis meses de arresto domiciliario, que es lo que la ley prevé. Como la obligaron a declarar en su contra, no hubo necesidad de entrar a juicio. Ella está cumpliendo su sentencia en este momento.

Todos actuaron con una celeridad increíble. Nada de esto ocurre con los violadores, con los asesinos, con los abusadores de mujeres ni con el tema de corrupción o violencia que afecta tanto a Nicaragua.

Se pide a los gobiernos que condenen la prohibición del aborto en Nicaragua

Thu, 04 Feb 2010 13:47:29 +0000

La ONU debe pedir a Nicaragua que revoque su prohibición del aborto tras el examen de la situación de los derechos humanos en el país el 8 de febrero, ha declarado hoy jueves Amnistía Internacional.

Durante el examen periódico universal de la ONU a que será sometido Nicaragua, los Estados Miembros tendrán la oportunidad de formular preguntas sobre la prohibición absoluta del aborto en ese país.

El Código Penal revisado de Nicaragua, que entró en vigor en julio de 2008, prevé penas de prisión para las mujeres y niñas que intenten abortar, así como para los profesionales de la salud que faciliten servicios de salud relacionados con el aborto. La prohibición incluye casos en los que corre peligro la vida de la mujer y cuando el embarazo es consecuencia de una violación o de un incesto.

“La prohibición del aborto en Nicaragua es resultado de una ley escandalosa y draconiana que obliga a las víctimas de una violación y de un incesto a llevar a término su embarazo, y está causando un aumento de las muertes maternas —ha declarado Widney Brown, directora general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional—. Los Estados Miembros de la ONU deben aprovechar esta oportunidad para hacer que Nicaragua rinda cuentas de una ley que viola los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la dignidad.”

La organización también ha reiterado su petición a las autoridades nicaragüenses de que despenalicen el aborto en todas las circunstancias. Amnistía Internacional ha afirmado que Nicaragua debería garantizar que las mujeres y niñas tienen acceso a un aborto sin riesgos y legal cuando el embarazo no deseado es consecuencia de una violación o de un incesto, o cuando corra peligro la salud o la vida de la mujer.

El Código Penal revisado prevé sanciones penales para los profesionales de la medicina y la enfermería que traten a una mujer embarazada por afecciones como el cáncer o emergencias cardiacas cuando el tratamiento pueda causar lesiones o la muerte del embrión o el feto.

El Código Penal nicaragüense entra en conflicto con las Normas y Protocolos para la atención de complicaciones obstétricas, publicados por el Ministerio de Salud, que prevé el aborto terapéutico como respuesta clínica para casos concretos.

Los investigadores de Amnistía Internacional han concluido que, en Nicaragua, la prohibición absoluta del aborto afecta en concreto a jóvenes de corta edad que son víctimas de violación o incesto.

Según un estudio de informaciones publicadas en los medios de comunicación entre 2005 y 2007, 1.247 niñas fueron violadas o víctimas de incesto en Nicaragua. Según los informes, 198 de estos delitos acabaron en embarazo. La inmensa mayoría de las niñas que quedaron embarazadas como consecuencia de una violación o un incesto (172 de las 198) tenían entre 10 y 14 años.

La organización también halló un aumento de las muertes maternas desde que entró en vigor la prohibición.

En las primeras 19 semanas de 2009, alrededor del 16% de las muertes maternas se debieron a un aborto realizado en condiciones peligrosas, frente a ninguna durante el mismo periodo de 2008.

A pesar de que cuatro comités de expertos establecidos en virtud de tratados —el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer— ya han condenado esta ley y han pedido su revisión, el gobierno de Nicaragua sigue ignorando estos llamamientos.

“La ley nicaragüense que penaliza el aborto va en contra de los consejos de cuatro órganos de vigilancia de tratados de la ONU y hace que Nicaragua incumpla las obligaciones que ha contraído en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos —afirma Widney Brown—. Nicaragua debe revocar esta ley inmediatamente y promulgar leyes y políticas que promuevan los derechos de las mujeres y niñas garantizando sus derechos a la salud, la vida y a no ser víctimas de violencia, coacción y discriminación.”

La prohibición del aborto en Nicaragua suscita honda preocupación en la comunidad internacional en general. Decenas de miles de activistas de Amnistía Internacional, horrorizados por el impacto de esta prohibición en los derechos humanos de las mujeres y las niñas, han firmado peticiones y se han puesto en contacto con las autoridades nicaragüenses para pedir la revocación de la ley.

El examen periódico universal ofrece la oportunidad de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estudie la situación de los derechos humanos en todos los Estados Miembros de la organización. Cada país es objeto de examen cada cuatro años con el fin de garantizar que los Estados cumplen la totalidad de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

El reto de los derechos humanos en Haití

Fri, 29 Jan 2010 17:36:50 +0000

Transcurridas dos semanas desde que se produjera el terremoto que devastó Haití, su población se enfrenta a una crisis de derechos humanos. Amnistía Internacional ha identificado algunos de los retos más importantes en materia de derechos humanos a los que se enfrenta el país y ha diseñado un plan en el que la protección de los derechos humanos es la columna vertebral de la ayuda humanitaria y de los trabajos de reconstrucción.

Explotación de la infancia
Con la disgregación de las familias y la destrucción de las escuelas, miles de niños y niñas en Haití han quedado sin protección. Los más vulnerables podrían convertirse en víctimas de los traficantes.

Existe también el riesgo de que niños y niñas pudieran verse envueltos en procesos de adopción irregulares –un riesgo agudizado por el interés de familias de otros países que desearían adoptar a un niño o niña haitiano que se haya quedado huérfano a causa del terremoto–. Las instituciones haitianas carecen asimismo de la capacidad para determinar la condición de los menores de edad y garantizar la protección de sus derechos. Niños y niñas no acompañados y separados podrían ser considerados huérfanos erróneamente.

La adopción internacional debe ser la última opción, a la que se recurrirá únicamente cuando se hayan agotado todas las demás posibilidades a nivel nacional. Las autoridades haitianas deben asegurarse de que no se saquen niños y niñas del país sin que se hayan ultimado los procedimientos legales formales para la adopción internacional.

La localización de las familias debe ser una prioridad para la comunidad internacional, las autoridades haitianas y las agencias de ayuda internacionales.

Seguridad y cumplimiento de la ley
La capacidad del gobierno haitiano para garantizar el Estado de derecho se ha visto gravemente afectada por el terremoto. El establecimiento de un sistema de justicia operativo para juzgar los delitos más graves debe constituir una prioridad.

Preocupa cada vez más que los presos condenados por delitos violentos que escaparon de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe estén intentando recuperar el control de las comunidades más desfavorecidas y vulnerables.

En respuesta a esta amenaza, los miembros de la comunidad se han organizado para impedir que las bandas se hagan con el control de sus comunidades, lo que podría dar lugar, sin embargo, a que miembros de la comunidad se vieran envueltos en una espiral de violencia. Amnistía Internacional ha recibido informes de linchamientos e incidentes en los que presuntos saqueadores murieron a manos de la turba.

Se dispone asimismo de informes según los cuales la policía disparó contra presuntos saqueadores. Las autoridades haitianas deben garantizar que la policía hará uso de armas de fuego sólo en defensa propia y como último recurso. Las autoridades haitianas deben establecer asimismo un centro de detención provisional, puesto que la principal prisión del país ha quedado destruida y otros centros de detención están masificados.

Derechos de las personas desplazadas
Cientos de miles de personas han perdido sus hogares a causa del terremoto y muchas han huido de las zonas devastadas.

Las personas desplazadas deben recibir todo el apoyo para tomar decisiones voluntarias e informadas sobre su futuro. Todo traslado de personas internamente desplazadas desde campos o desde zonas afectadas por la catástrofe debe ser voluntario, salvo que la salud y la seguridad de las personas afectadas haga necesaria la evacuación. No se las debe coaccionar en modo alguno, como por ejemplo mediante la suspensión de la ayuda. Todas las personas desplazadas tienen derecho a regresas a sus antiguos hogares, salvo impedimento por motivos de seguridad.

Violencia contra las mujeres
Tras una catástrofe, mujeres y niñas suelen estar especialmente expuestas a la violencia sexual, a la explotación a manos de traficantes y a ver reducido su acceso a los servicios de salud materna, reproductiva y sexual. Su situación de desventaja a la hora de acceder a la ayuda está ampliamente documentada. Todas las personas que participan en las labores de ayuda humanitaria y reconstrucción deben asegurarse de integrar en su labor la prevención de la violencia de género en todas sus formas, en especial, la violencia sexual.

Rendición de cuentas de las fuerzas internacionales
Más de 10.000 soldados estadounidenses, 150 miembros del personal militar de República Dominicana y 800 soldados canadienses han sido desplegados en Haití con objeto de garantizar la seguridad durante el reparto de la ayuda humanitaria.

Las condiciones del despliegue y las reglas de intervención deben establecerse claramente desde el principio y todas las fuerzas internacionales deben respetarlas. El personal de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) debe regirse asimismo por estrictas normas de rendición de cuentas. En el pasado, dejar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos exclusivamente al arbitrio de los países que aportan tropas a las operaciones de la ONU para el mantenimiento de la paz ha conducido a la impunidad de graves abusos contra los derechos humanos.

La deuda externa de Haití
En 2009, las instituciones financieras internacionales y otros acreedores cancelaron 1.200 millones de dólares estadounidenses de la deuda externa de Haití. A pesar de ello, Haití sigue debiendo cientos de millones de dólares a sus acreedores.

En este momento, la devolución de esta deuda constituye una carga inaceptable para la población y la economía nacional de Haití. Amnistía internacional ha pedido a todos los acreedores que cancelen la deuda de Haití. Insistir en su devolución comprometería la capacidad de Haití para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Todos los recursos económicos que se pongan a disposición de Haití en los próximos años deben canalizarse hacia programas de reconstrucción que garanticen el bienestar de la población haitiana y su acceso a los servicios básicos, así como un desarrollo equitativo y sostenible.

Pie de foto: Dos hombres se pelean por un saco de arroz durante un reparto de alimentos efectuado por Naciones Unidas, Puerto Príncipe, Haití © AP GraphicsBank.

Amnistía Internacional publica un plan de derechos humanos para Honduras

Thu, 28 Jan 2010 16:49:02 +0000

Amnistía Internacional publicó el jueves una serie de recomendaciones dirigidas al recién elegido presidente hondureño Porfirio Lobo con objeto de que se repare el daño causado a los derechos humanos desde el golpe de Estado de junio de 2009, que ha llevado a centenares de personas a pedir justicia.

Son 13 recomendaciones en las que se tratan cuestiones como la apertura de investigaciones sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, el rechazo de la aplicación de leyes de amnistía a los responsables de los delitos perpetrados, la formación de los jueces en legislación internacional de derechos humanos y el establecimiento de un programa efectivo de protección de testigos.

“Como consecuencia del devastador golpe de Estado, Honduras necesita con urgencia un programa de restablecimiento de los derechos humanos que tenga objetivos claros y un plazo de ejecución”, ha manifestado Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para América, de Amnistía Internacional.

“Si el presidente Lobo quiere restablecer el Estado de derecho y la confianza en su gobierno, debe garantizar que se ocupará rápidamente y de manera efectiva de los abusos de los últimos siete meses.”

En el informe de Amnistía Internacional se resumen también 20 casos de abusos como homicidios a manos de la policía, detenciones arbitrarias, palizas y malos tratos bajo custodia, abusos sexuales contra mujeres y niñas, y hostigamiento a periodistas, jueces y activistas.

No se ha hecho rendir cuentas a nadie por estos abusos ni se han abierto apenas investigaciones.

El 1 de agosto murió en el hospital un profesor de 38 años, Roger Abraham Vallejo, como consecuencia de lesiones causadas por el impacto en la cabeza de una bala de goma disparada, según informes, por la policía al disolver una manifestación en Tegucigalpa en julio. Se ha abierto una investigación sobre el homicidio, pero no se tiene noticia de que se haya hecho algún progreso.

El 23 de septiembre, Gerson Ariel Cruz, de 16 años, resultó herido de gravedad como consecuencia de la actuación de la policía al disolver una manifestación en Tegucigalpa. Según un testigo presencial, la policía persiguió a los manifestantes hasta un barrio residencial donde abrió fuego con munición real. Gerson, que no había participado en la manifestación, recibió un disparo en el estómago. Cuando sus familiares lo llevaban al hospital, les hicieron dar marcha atrás en un control policial de carretera, por lo que tardaron mucho en conseguir atención médica de urgencia. Gerson sobrevivió, pero sufrió lesiones graves de las que no se ha recuperado aún del todo. Se denunció el caso al fiscal especial de Derechos Humanos y hay en marcha una investigación.

“Hay decenas de casos de homicidio, palizas, acoso sexual y otros abusos cometidos por las fuerzas de seguridad contra miembros del movimiento de oposición y contra personas consideraras críticas con el golpe de Estado que deben ser investigados con urgencia –ha señalado Kerrie Howard–. La ciudadanía hondureña espera que el presidente Lobo dé respuestas y una solución a los centenares de abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad desde el 28 de junio de 2009."

El presidente hondureño Porfirio Lobo tomó posesión de su cargo el 27 de enero. Fue elegido en noviembre del año pasado, en medio de una crisis política persistente desde el derrocamiento en junio del presidente Manuel Zelaya por políticos de derechas respaldados por el ejército.

En Burkina Faso mueren mujeres embarazadas a causa de la discriminación

Tue, 26 Jan 2010 13:37:47 +0000

Están muriendo mujeres innecesariamente durante el embarazo y el parto porque la discriminación les impide acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, incapacitándolas para tomar decisiones fundamentales sobre su embarazo, afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy miércoles.

En Burkina Faso, más de 2.000 mujeres mueren anualmente debido a complicaciones en el embarazo y el parto, según datos oficiales. En su informe Giving Life, Risking Death (versión completa en inglés), Amnistía Internacional concluye que muchas de estas muertes podían haberse evitado fácilmente si las mujeres hubieran podido acceder a tiempo a la asistencia médica adecuada.

“Toda mujer tiene derecho a la vida y a recibir la asistencia médica adecuada, y el gobierno debe redoblar sus esfuerzos para abordar la mortalidad materna prevenible –dijo Claudio Cordone, secretario general provisional de Amnistía Internacional–. Las mujeres de Burkina Faso están atrapadas en un círculo vicioso de discriminación en el que es posible que mueran al dar a luz.”

En Burkina Faso, la mayoría de las mujeres están supeditadas a los hombres en su vida, con escaso o nulo control sobre decisiones fundamentales como cuándo solicitar asistencia médica o en qué momento y con qué espaciamiento quedarse embarazada, a pesar de que tienen igualdad de derechos según la legislación burkinesa. Mujeres y niñas siguen estando sometidas al matrimonio precoz y la mutilación genital.

El gobierno burkinés, con ayuda de la comunidad de donantes, ha elaborado ambiciosas estrategias que han logrado reducir los índices de mortalidad materna en algunas partes del país. Pero esas estrategias se han visto perjudicadas por fallos en la implementación y por la falta de rendición de cuentas, que garantiza inmunidad al personal médico que comete abusos, como el cobro ilegal por los servicios.

La pobreza es un factor que contribuye a la mortalidad materna evitable especialmente en el caso de mujeres sin recursos económicos que viven en zonas rurales y se enfrentan a obstáculos tanto de índole económica como geográfica para acceder a la asistencia médica. En 2006, el gobierno burkinés aprobó una política para subvencionar el 80 por ciento de los gastos del parto y prestar el servicio sin ningún coste a las mujeres con menos recursos. Sin embargo, esta política no se ha promocionado bien, lo que ha hecho posible la explotación por parte de personal médico corrupto. Tampoco se han establecido unos criterios para determinar quién puede optar a la asistencia subvencionada, por lo que los gastos siguen actuando como una barrera en el acceso a la asistencia médica.

Según el informe de Amnistía Internacional, la desigualdad de acceso a centros de salud adecuados –especialmente en las zonas rurales–, la escasez de suministros médicos y de personal formado y las actitudes negativas o discriminatorias de los trabajadores de la salud también son impedimentos para que las mujeres reciban asistencia.

“La mortalidad materna es una tragedia que priva de esposas, madres, hermanas e hijas a las familias cada año –afirmó Claudio Cordone–. Mientras no se permita a las mujeres tener el control de su propio cuerpo, seguirán muriendo a miles.”

Las autoridades han reaccionado al informe, que se les envió con antelación, expresando su satisfacción por el trabajo “minucioso e importante” que ha realizado por Amnistía Internacional, si bien insisten en que los casos de conducta indebida por parte de personal médico son “aislados” y reiteran su compromiso de abordar el problema de la mortalidad materna en el país.

Amnistía Internacional pide al gobierno que amplíe y mejore el acceso a los servicios de planificación familiar, suprima las barreras económicas para acceder a los servicios de salud materna, garantice una distribución uniforme de los centros de salud y de personal preparado en todo el país, y establezca un mecanismo de rendición de cuentas accesible y bien divulgado para ayudar a combatir la corrupción y la mala administración.

Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo; ocupa el puesto 177 entre los 182 países que figuran en el Informe sobre Desarrollo Humano 2009 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Entre el 28 de enero y el 9 de febrero, una caravana de campaña recorrerá Burkina Faso para difundir noticias sobre la campaña de Amnistía Internacional destinada a acabar con la mortalidad materna en el país y ofrecer información que estimule el debate.

Entre el 10 y el 13 de febrero, el secretario general provisional de Amnistía Internacional se reunirá con altos representantes del gobierno del país para informarles de los resultados de la caravana y debatir los planes del gobierno para abordar la mortalidad materna.

La campaña para poner fin a la mortalidad materna en Burkina Faso forma parte de la campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional, inaugurada en mayo de 2009. En septiembre de ese año, Amnistía Internacional puso en marcha una campaña para acabar con la mortalidad materna y una caravana de campaña en Sierra Leona.

Amnistía Internacional considera que la pobreza es un problema de derechos humanos y a través de su campaña Exige Dignidad pide el fin de las violaciones de derechos humanos que conducen a la pobreza y la agravan.

La campaña moviliza a personas de todo el mundo para perdir a los gobiernos, empresas y otros agentes influyentes que escuchen las voces de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos. Si deseas más información, visita: http://demanddignity.amnesty.org/es.

Más información

La caravana sobre mortalidad materna en Burkina Faso inicia su recorrido (blog Liverwire, 28 de enero de 2010)

Una fotógrafa puede ser encarcelada por "difamar" la vida en Uzbekistán

Wed, 27 Jan 2010 17:34:23 +0000

Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Uzbekistán a que permita que su pueblo se exprese con libertad después de que una de las más destacadas representantes del elenco de fotógrafos del país haya sido acusada de “difamar al pueblo uzbeko”.

Las fotografías de Umida Akhmedova se publicaron en 2007 en un libro titulado Men and Women – From Dawn to Dusk y muestran hombres, mujeres, niños y niñas realizando actividades de su vida cotidiana.

La fotógrafa fue acusada el sábado por las autoridades de Uzbekistán de difamar e insultar al pueblo uzbeko y a sus tradiciones.

También ha sido acusada por realizar un documental titulado The Burden of Virginity, sobre la obligación tradicional de las mujeres de demostrar su virginidad en la noche de bodas.

La vista tendrá lugar en las próximas dos semanas. Si es declarada culpable de esos cargos, Umida Akhmedova se enfrenta a hasta tres años de cárcel.

Maisy Weicherding, investigadora de Amnistía Internacional sobre Uzbekistán, ha indicado que “la vida que refleja en su grabación no responde a la imagen del país que el gobierno uzbeko quiere mostrar”.

“Ésta es la primera vez que una persona en Uzbekistán ha sido acusada porque su expresión artística ha sido considerada como un ejemplo de disidencia.”

Amnistía Internacional ha señalado que teme que la fotógrafa haya sido el objetivo de esta acción por ejercer su derecho a la libertad de expresión y que no tenga un juicio justo. Si fuese encarcelada, también correría riesgo de sufrir un trato cruel, inhumano y degradante.

Umida Akhmedova declaró el martes en una entrevista en Al Yazira en inglés que no llegaba a comprender por qué había sido demandada varios años después de que las fotografías se publicasen por primera vez.

Indicó que su intención no fue hacer un discurso político y que, en su opinión, las imágenes estaban llenas de amor y de sentimientos positivos.

En Uzbekistán, las personas que expresan opiniones disidentes siguen siendo objeto de hostigamiento, golpes y detenciones, a pesar de que las autoridades lo nieguen reiteradamente.

Al menos cuatro activistas de derechos humanos y periodistas independientes han sido condenados a largas penas de cárcel en 2009. Otros han sido detenidos durante cortos periodos de tiempo, golpeados o acusados de dañar la reputación del país.

Falta 1 día para el lanzamiento de la campaña sobre mortalidad materna en Burkina Faso

Tue, 26 Jan 2010 11:39:51 +0000

En Burkina Faso, el sistema de atención sanitaria adolece de varios problemas recurrentes: infraestructura sanitaria insuficiente, escasez e interrupciones en el suministro de medicamentos y equipo médico, escasez de sangre y falta de personal médico formado y asistentes de partería cualificados.

Los centros de salud suelen encontrarse lejos del lugar donde habita la población, especialmente en las zonas rurales, y el transporte es poco fiable y caro. Aunque en los últimos años el gobierno ha incrementado el número de centros de salud comunitarios, continúan existiendo enormes diferencias entre las zonas urbanas y las rurales.

La rendición de cuentas es fundamental en cualquier sistema sanitario. El gobierno ha de rendir cuentas por la puesta en práctica de sus políticas de salud pública. Los pacientes tienen derecho asimismo a pedir que rinda cuentas el personal médico que pueda ser responsable de abusos o comportamientos indebidos, como solicitar de forma ilícita pagos extraoficiales, y deben poder acceder a mecanismos de reparación. No obstante, en Burkina Faso, rara vez se produce la rendición de cuentas, tanto a nivel gubernamental como individual.

En Burkina Faso las mujeres sufren discriminación en todos y cada uno de los ámbitos de su vida, con desigualdades en el acceso a la educación, la atención sanitaria y el empleo. Especialmente en las zonas rurales, las mujeres tienen poco o nada que decir a la hora de tomar decisiones domésticas fundamentales. Se las valora ante todo como esposas y madres.

Deben garantizarse los derechos humanos en Afganistán durante las conversaciones con los talibanes

Tue, 26 Jan 2010 16:52:20 +0000

Los derechos humanos, incluidos los de las mujeres, no deben ser moneda de cambio ni verse puestos en peligro durante cualquier posible conversación de reconciliación con los talibanes en Afganistán. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional la víspera de la conferencia prevista en Londres para debatir el deterioro de la situación de seguridad en el país.

El presidente afgano, Hamid Karzai, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, y otros dirigentes y ministros de Asuntos Exteriores debatirán las posibles soluciones al problema de la seguridad en Afganistán para los próximos dos años, incluidos programas de reconciliación para reintegrar a los denominados elementos moderados de los talibanes.

“Cualquier conversación con los talibanes debe incluir compromisos claros de que éstos respetarán y promoverán los derechos del pueblo afgano”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“Durante su periodo en el poder, los talibanes establecieron una situación terrible de violaciones de derechos humanos, y desde entonces no han hecho nada que indique que, si regresan al poder, actuarán de otra manera.”

“Los responsables políticos reunidos esta semana en Londres deben demostrar que no sacrificarán el bienestar del pueblo afgano en aras de los intereses políticos y militares.”

En el vecino Pakistán, los acuerdos similares alcanzados con los talibanes trajeron consigo un aumento de las violaciones de los derechos humanos en las zonas bajo control talibán, y una notable intensificación de los conflictos y la inseguridad.

Tanto el gobierno afgano como los grupos insurgentes deben cumplir las obligaciones contraídas por Afganistán en virtud tanto del derecho internacional de los derechos humanos como de la legislación nacional, según ha manifestado Amnistía Internacional.

Los talibanes y otros grupos insurgentes de Afganistán han mostrado poco respeto por los derechos humanos y por las leyes de la guerra: han atacado deliberadamente a civiles, han lanzado ataques suicidas indiscriminados en los que han muerto civiles, y han destruido por completo el sistema educativo para las niñas.

Según cifras de la ONU, los talibanes fueron responsables de dos tercios de las más de 2.400 bajas civiles sufridas en Afganistán el último año, el más sangriento desde la caída del régimen talibán.

En las zonas bajo su control, los talibanes han restringido severamente los derechos de mujeres y niñas, incluido el derecho a la educación, el empleo, la libertad de circulación y la participación y representación política.

Los grupos de la sociedad civil afgana, en especial los de mujeres, han manifestado su gran alarma ante la perspectiva de que se ceda algún tipo de control político a los talibanes.

“Los esfuerzos diplomáticos por resolver el conflicto son un paso adelante”, ha manifestado Sam Zarifi, “pero los derechos del pueblo afgano no deben jamás ser objeto de negociación.”

“Según nuestra experiencia, la paz sin justicia o sin derechos humanos no es una paz real, y puede conducir en última instancia a un nuevo conflicto.”

Faltan 2 días para la campaña sobre mortalidad materna en Burkina Faso. Sigue a la caravana en nuestro geoblog

Fri, 22 Jan 2010 16:52:34 +0000

La muerte materna se puede evitar. Hace casi un año, Amnistía Internacional Burkina Faso comenzó a planificar la campaña y ya estaba considerando la idea de contar con una caravana que recorriera el país. Esta caravana saldrá de Uagadugú tres días después de que se presente el informe de Amnistía Internacional sobre salud materna en una conferencia de prensa en la capital.

En cada uno de los lugares, Amnistía Internacional Burkina Faso organizará, conjuntamente con organizaciones asociadas, diversas actividades a fin de movilizar a mujeres y hombres por que se haga efectivo su derecho a la salud. Se representará una obra de teatro-foro y se proyectará una película. En algunos lugares se organizarán eventos deportivos. En otros, el informe se presentará en escuelas regionales de enfermería ante alumnos de medicina. Se ha planeado también mantener reuniones con autoridades regionales con objeto de entablar un debate con ellos.

Si bien planificamos una campaña a largo plazo, esperamos que la caravana nos ayude a sensibilizar a la opinión pública acerca de nuestra labor sobre mortalidad materna, recoger firmas y sumar voces que pidan al gobierno que prosiga con sus esfuerzos por reducir la mortalidad materna, y que sirva además de plataforma para el debate.

Desde el 27 de enero, sigue a la caravana desde nuestro sitio web http://demanddignity.amnesty.org/es. ¡Estamos creando un geoblog desde el que podrás leer y escuchar lo que tenemos que decir, ya que publicaremos mensajes de texto y de audio!

Foto: Ramatoulaye con su hija de cuatro meses de edad, Burkina Faso, junio de 2009. Derechos de la fotografía: Anna Kari

Faltan 5 días para el lanzamiento de la campaña sobre mortalidad materna en Burkina Faso

Fri, 22 Jan 2010 13:59:58 +0000

El de Safiatou* es uno de los 50 casos que Amnistía Internacional investigó exhaustivamente. Safiatou falleció mientras intentaba llegar a un centro de salud tras dar a luz en casa.

Safiatou, de 26 años de edad, se casó con su primo Hamidou cuando tenía 14. Vivían en un pueblo a unos 100 km al sur de Uagadugú, donde se dedicaban a la cría de ganado. Ya tenía cuatro hijos cuando en 2007 volvió a quedarse embarazada.

El esposo de Safiatou le contó a Amnistía Internacional: "El día del parto se encontraba bien y trabajó toda la tarde, como de costumbre, sin ningún problema. Preparó tô [plato local hecho a base de harina de maíz] para los niños y salió a buscar el heno para los animales. Por la tarde, cuando se puso de parto, se fue a casa de su madre. Su madre vino para avisarme de que no se encontraba bien, que teníamos que llevarla a la clínica. No dispongo de una motocicleta, por lo que tuve que salir a buscar una. Esto nos hizo perder tiempo." El esposo añadió que "no sabía que debía haber dado a luz en la clínica. Cuando fui a buscarla a casa de su madre, estaba inconsciente".

El esposo le pidió a su vecino que le prestara una pequeña motocicleta, pero no tenía gasolina y la estación de servicio más cercana se encontraba a 10 km de distancia. Antes de nada, tuvieron que empujar la motocicleta durante 10 km… Safiatou acabó dando a luz en casa, pero tuvo etención de placenta con una grave hemorragia.

Su esposo le pidió a un amigo que lo ayudara a llevar a Safiatou al centro de salud, pero falleció en la motocicleta a falta de 4 km para llegar.

Safiatou dejó cinco niños, de 11, 9, 7 y 4 años de edad, y el bebé recién nacido.

* No es su verdadero nombre.

Si deseas saber más sobre la campaña que emprenderá Amnistía Internacional para que mujeres como Safiatou dejen de morir durante el parto, mira esta página mañana.

Foto: Un hombre sostiene una fotografía de su esposa, que murió durante el parto, Burkina Faso. Derechos de la fotografía: Anna Kari.