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La Sala Constitucional de Nicaragua debe decidir sobre la legalidad de la nueva legislación sobre el aborto

Fri, 06 Nov 2009 14:59:01 +0000

Amnistía Internacional expresó el 6 de noviembre su preocupación por el hecho de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua siga retrasando su sentencia sobre la legalidad de la legislación penal sobre el aborto que entró en vigor en 2008.

La Corte debería haberse pronunciado en mayo de 2009 sobre la constitucionalidad de la prohibición absoluta del aborto –que abarca los casos en que la vida de la mujer o la niña afectada corre peligro y cuando el embarazo es consecuencia de un acto de violación o de incesto–.

“Mientras siga en vigor esta prohibición total, las víctimas de violación o incesto –algunas de las cuales todavía son niñas– se verán obligadas a dar a luz”, ha manifestado Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

“A las mujeres y niñas embarazadas se les está negando tratamiento médico que podría salvarles la vida y se está criminalizando a los profesionales médicos por desempeñar su labor.”

“La vida de muchas mujeres y niñas depende de la decisión de la Corte”, ha señalado Kerrie Howard.

“Nos preocupa hondamente la incertidumbre reinante y el hecho de que la Corte siga retrasando su fallo.” La justicia aplazada es justicia denegada. En Nicaragua están muriendo mujeres porque la Corte no ha defendido sus derechos humanos.

Desde la entrada en vigor de la prohibición, cuatro de los comités de expertos que vigilan la aplicación de los tratados de las Naciones Unidas han comunicado al gobierno nicaragüense que esta prohibición supone un incumplimiento de su obligación de proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Según cifras oficiales, 33 niñas y mujeres han muerto durante el embarazo en lo que va del año, mientras que durante el mismo periodo del año pasado la cifra fue de 20 muertes. Amnistía Internacional considera que estas cifras no reflejan la cantidad real, ya que el propio gobierno ha reconocido que no todas las muertes maternas se registran oficialmente.

El 27 de julio de 2009, Amnistía Internacional publicó el informe titulado La prohibición total del aborto en Nicaragua: La vida y la salud de las mujeres, en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados, en el que se examinan las consecuencias que tiene para los derechos humanos la denegación de servicios de aborto cuando la vida o la salud de una mujer o niña corre peligro, incluidos los casos de víctimas de violación o incesto.

Entre otros, Amnistía Internacional ha hecho llamamientos a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, instándola a dictar sentencia sobre la legalidad y constitucionalidad de la ley con urgencia y conforme a las reglas y procedimientos de la Corte.

Información complementaria
El Código Penal revisado de Nicaragua prevé penas de entre uno y dos años de cárcel para las niñas y mujeres que soliciten un aborto y penas de entre uno y tres años de cárcel para los profesionales de la salud que proporcionen servicios médicos relacionados con el aborto. Sólo el 3 por ciento de los países del mundo han introducido en su legislación la prohibición absoluta del aborto.

Conforme a las nuevas disposiciones, las niñas y mujeres que hayan sufrido un aborto espontáneo podrán ser enjuiciadas, ya que en muchos casos es imposible distinguir entre el aborto espontáneo y el aborto inducido. Algunos fiscales, con exceso de celo, utilizan la ley para presentar cargos contra mujeres que se han enfrentado al dolor físico y mental de sufrir un aborto espontáneo.

La nueva legislación contraviene las Normas y protocolos para la atención de complicaciones obstétricas emitidos por el Ministerio de Salud de Nicaragua, en los que se autoriza el aborto terapéutico como respuesta clínica en casos específicos. El Código Penal no prevé ninguna circunstancia excepcional.

En julio de 2009, durante una visita realizada a Nicaragua con ocasión de la presentación del informe La prohibición total del aborto en Nicaragua: La vida y la salud de las mujeres, en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados, la delegación de Amnistía Internacional se entrevistó con niñas de apenas 12 años que, habiendo sufrido violencia sexual a manos de parientes cercanos o amigos de su familia, se habían visto obligadas a llevar a término el embarazo –dando a luz, en muchos casos, a sus propios hermanos o hermanas– porque se les había negado el acceso a otras opciones.

Profesionales de la obstetricia y la ginecología y médicos y médicas de cabecera nicaragüenses han manifestado a Amnistía Internacional que en virtud del nuevo Código Penal, debido al riesgo de causar daños al feto, ya no tienen autoridad para proporcionar tratamiento médico efectivo a mujeres y niñas embarazadas que sufren trastornos que ponen en peligro su vida. El Código Penal prevé sanciones para profesionales médicos y de enfermería que proporcionen tratamiento a una mujer o niña embarazada por enfermedades como el cáncer o para emergencias cardiacas cuando dicho tratamiento esté contraindicado durante el embarazo y pueda causar daños o la muerte al embrión o al feto.

Perú, más cerca de legalizar el aborto

Fri, 23 Oct 2009 12:05:59 +0000

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la decisión del Congreso de Perú de mantener su propuesta de despenalizar el aborto en los casos en que el embarazo de una mujer o niña es consecuencia de violación o incesto.

“Esperamos que la propuesta de la Comisión se haga pronto realidad para acabar con el sufrimiento que la actual legislación inflige a las mujeres y las niñas de Perú”, declaró Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América.

El martes 6 de octubre, la Comisión Revisora del Código Penal votó a favor de la propuesta presentada originalmente. Está previsto que la propuesta de ley se debata en el Congreso.

Amnistía Internacional manifestó que las autoridades peruanas deben promover un entorno en el que no haya restricciones en el acceso de las mujeres a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva.

La organización cree que, para eliminar los abortos inseguros y otras violaciones de los derechos de las mujeres, deben derogarse todas las leyes que prevean penas de cárcel o cualquier otra sanción penal para las mujeres que buscan o se someten a un aborto.

“Los derechos de las mujeres o niñas víctimas de violación, agresión sexual o incesto no deben vulnerarse todavía más penalizándolas por buscar o someterse a un aborto en el caso de que se queden embarazadas a consecuencia de los abusos sufridos”, señaló Guadalupe Marengo.

Perú debe continuar con los planes para legalizar el aborto

Wed, 21 Oct 2009 11:14:12 +0000

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades peruanas que redoblen sus esfuerzos recientes para despenalizar el aborto en el país.

La comisión correspondiente del Congreso de Perú emitió la semana pasada una propuesta para permitir la despenalización del aborto en ciertas circunstancias, entre ellas la de embarazo como consecuencia de violación.

“Cabe esperar que la eliminación de sanciones penales contribuya a impedir que mujeres y niñas sufran la angustia y los graves riesgos para la salud que comporta recurrir a tratamiento clandestino inseguro e ilegal, con resultados inciertos, sin asistencia posterior a la intervención y con la posibilidad de ser encarcelada si es descubierta”, ha afirmado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América.

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la propuesta de la comisión y le pide que prosiga con el debate que ha abierto sobre el asunto.

Las autoridades peruanas deben promover un entorno sin restricciones de acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres.

Amnistía Internacional opina que, para poner fin a los abortos inseguros y otras violaciones de los derechos de las mujeres, debe revocarse toda legislación que permita encarcelar o imponer otra sanción penal a las mujeres por someterse a un aborto o intentar que se lo practiquen.

Toda mujer o niña cuyos derechos ya han sido vulnerados como consecuencia de una violación, agresión sexual o incesto no debería sufrir otra violación de sus derechos siendo penalizada por intentar someterse a un aborto en caso de embarazo resultante del abuso original.

Se necesita una investigación internacional sobre la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad en Guinea

Thu, 01 Oct 2009 10:46:28 +0000

Amnistía Internacional ha revelado detalles de las brutales agresiones perpetradas por las fuerzas de seguridad en Guinea durante la represión de una concentración masiva el 28 de septiembre en Conakry, y el papel del ejército en la violencia.

Según informaron testigos presenciales a la organización de derechos humanos, varias mujeres fueron violadas públicamente por soldados, incluidos miembros de las ‘boinas rojas’, la guardia presidencial. Las fuentes de Amnistía Internacional revelaron que muchas de las víctimas perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad guineanas, que dispararon deliberadamente “a matar”.

Una de estas fuentes dijo a Amnistía Internacional: “Vi cadáveres con heridas en el pecho y la cabeza, y algunos con disparos en la espalda, muchos de ellos hechos a quemarropa”.

Uno de los manifestantes dijo a Amnistía Internacional: “Los soldados desnudaban a las mujeres desgarrando sus faldas y las golpeaban con porras y Kalashnikovs. Vi cómo dos soldados arrojaban a una mujer al suelo y la violaban delante de los manifestantes. Tuve miedo. Un soldado violó a una mujer desnuda con su porra”. Otro testigo añadió que vio a un soldado derramar cerveza sobre una mujer a la que acababa de violar.

Según declaraciones de varios testigos presenciales reunidos por Amnistía Internacional, los ataques fueron organizados por oficiales del ejército. Los testigos dijeron que varios miembros de la guardia presidencial estaban presentes y supervisaban la represión. Uno de ellos dijo a Amnistía Internacional que estos oficiales “señalaban con el dedo a los manifestantes gritando: ‘dispárenles’”.

Varios testigos afirmaron que entre las fuerzas de seguridad había un ministro del gobierno.

Un testigo dijo a Amnistía Internacional: “Un joven de unos 18 años, que vestía un pulóver Lacoste y pantalones tejanos, cayó, y otros le pasaron por encima, arrollándolo. El joven trató de levantarse, cayó al suelo y movió la cabeza. Un soldado pidió que lo ‘remataran’ y otro sacó un puñal y lo degolló”.

Amnistía Internacional ha pedido que se cree una comisión de investigación internacional para investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas en Conakry.

La organización ha pedido también que se interrumpan de inmediato todos los suministros de material de seguridad y policial al gobierno guineano que puedan utilizarse para perpetrar graves violaciones de derechos humanos hasta que el gobierno haya tomado medidas prácticas para evitar que las fuerzas de seguridad cometan tales violaciones y haya puesto a disposición judicial a los responsables de estos actos.

Un manifestante dijo a Amnistía Internacional: “La muchedumbre ya había entrado en el estadio y estaba en las gradas. Había ‘boinas rojas’, gendarmes y policías rodeando el estadio, y luego entraron pequeños grupos de las fuerzas de seguridad, que arrojaron granadas de gas lacrimógeno. Apenas diez minutos después, dispararon con fuego real a los manifestantes, en un principio apuntando a los que tenían delante, en el campo de juego”.

Amnistía Internacional ha sabido asimismo que algunas personas, incluidas mujeres, fueron detenidas durante la manifestación y aún están en manos de las fuerzas de seguridad. A la organización le preocupa que estas personas puedan ser sometidas a malos tratos.

“Los perpetradores de estas brutales agresiones deben ser identificados y puestos a disposición judicial”, ha dicho Erwin van der Borght, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional. “Esto sólo podrá conseguirse mediante una investigación internacional, pues las autoridades guineanas ya están desacreditadas por su falta de voluntad política para llevar a cabo una investigación internacional sobre las acusaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en 2007”.

Las mujeres refugiadas en Chad corren grave peligro de ser violadas pese a la presencia de la ONU

Wed, 30 Sep 2009 10:34:02 +0000

Las mujeres y niñas refugiadas de Darfur corren todos los días grave peligro de ser violadas o sufrir otros actos de violencia tanto dentro como fuera de los campos de refugiados en el este de Chad, a pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad de la ONU, según revela un nuevo informe de Amnistía Internacional presentado el 30 de septiembre.

En el informe, titulado No place for us here: Violence against refugee women in eastern Chad, Amnistía Internacional documenta violaciones y otros actos de violencia contra las mujeres y las niñas de los campos.

“El temor a ser violadas, que en innumerables casos se convirtió en realidad para las mujeres y las niñas de Darfur, continúa persiguiéndolas en el este de Chad”, ha dicho Tawanda Hondora, director adjunto del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

“Estas mujeres huyeron de Darfur con la esperanza de que la comunidad internacional y las autoridades chadianas les ofrecieran cierta seguridad y protección. Pero esta protección ha resultado ser difícil de lograr y continúan expuestas a agresiones.”

En el informe se cuenta que las niñas refugiadas también son acosadas sexualmente por sus profesores en las escuelas de los campos. Hay informes de niñas amenazadas por sus profesores con ponerles malas calificaciones si no accedían a tener relaciones sexuales con ellos, y esto ha hecho que algunas dejen de asistir a clase.

“Muchas personas saben que las mujeres que se aventuran fuera de los campos de refugiados del este de Chad para recoger leña y agua se arriesgan a ser acosadas y violadas”, ha dicho Tawanda Hondora.

“Lo que no saben es que para esas mismas mujeres los campos suponen muy poca seguridad. En ellos corren peligro de ser violadas y sufrir otros actos de violencia a manos de familiares, de otros refugiados y del personal de las organizaciones humanitarias, cuya labor se supone que es ofrecerles ayuda y apoyo.”

La Unidad Integrada de Seguridad (Détachement Intégré de Sécurité, DIS), policía chadiana respaldada por la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT), es la responsable directa de la seguridad dentro y alrededor de los campos de refugiados, y actualmente está completamente desplegada, con más de 800 agentes en los 12 campos del este de Chad.

Sin embargo, algunos miembros de la DIS han sido objeto de violencia y varios de sus agentes han perpetrado ellos mismos violaciones de derechos humanos.

La mayoría de las mujeres y niñas refugiadas no creen que la DIS haya hecho mucho para resolver la inseguridad que sufren.

“La DIS pasa mucho tiempo protegiéndose a sí misma. Incluso los soldados de la ONU tienen que proteger a sus agentes. No parece que nadie tenga mucho tiempo para protegernos a nosotras”, afirmó una mujer entrevistada por investigadores de Amnistía Internacional en el campo de refugiados de Gaga.

Los autores de violaciones y otros actos de violencia contra mujeres y niñas refugiadas en el este del Chad rara vez son puestos a disposición judicial, ni siquiera cuando las supervivientes denuncian las violaciones y otras agresiones a las autoridades locales chadianas, la DIS o los jefes de los campos.

“Esta cultura de la impunidad, tan arraigada en todo el este de Chad, especialmente cuando se trata de violación y otras formas de violencia contra las mujeres, debe terminar de inmediato”, ha dicho Tawanda Hondora.

El uso de métodos tradicionales para resolver los conflictos y llegar a acuerdos “negociados” en casos de violación u otros actos de violencia contra las mujeres y las niñas también contribuye a perpetuar la impunidad y favorece la violencia.

Una niña de 13 años del campo de refugiados de Farchana fue violada por un enfermero chadiano de una organización que gestiona los centros de salud del campo. A consecuencia de la violación quedó embarazada y dio a luz en enero de 2009.

El hombre aceptó su responsabilidad en el embarazo y se negoció con él, que aceptó casarse con la menor y pagar una dote a su familia, pero después huyó de la zona.

A pesar de que se denunció el caso a los funcionarios chadianos, a mayo de 2009 no parecía haberse hecho ningún intento de encontrarlo ni se había emprendido ninguna acción judicial contra él.

Amnistía Internacional afirma que no es posible conocer el número exacto de mujeres y niñas que han sido víctimas de violación y otros actos de violencia dentro y fuera de los campos de refugiados del este de Chad, ya que las mujeres rara vez los denuncian, fundamentalmente por temor a ser estigmatizadas, incluso por sus propios familiares, y el trauma que ello supone.

“Las mujeres casadas que han sido violadas suelen ser rechazadas o abandonadas por sus esposos, mientras que para las niñas o las jóvenes violadas es difícil encontrar marido. Por eso, la mayoría de las mujeres y las niñas prefieren guardar silencio sobre la violación y evitar así consecuencias sociales negativas. Esto supone que los perpetradores quedan impunes de sus delitos”, ha dicho Tawanda Hondora.

Amnistía Internacional pidió que tanto el gobierno de Chad como la comunidad internacional tomen medidas eficaces de inmediato para abordar la violación y otros actos de violencia perpetrados de forma sistemática y generalizada contra las mujeres y las niñas refugiadas de Darfur en el este de Chad.

“Es preciso poner en marcha inmediatamente un plan claro e integral que establezca claramente que la violación y la violencia sexual son delitos inaceptables. También es necesario que se hagan cumplir las leyes chadianas pertinentes”, ha dicho Tawanda Hondora.

“El plan debe abordar todas las circunstancias debido a las cuales las mujeres y las niñas corren peligro de ser violadas y sufrir otras formas de violencia dentro y fuera de los campos de refugiados, y debe plantear la forma en que los agentes nacionales e internacionales pueden ayudar a proteger a las mujeres de estos terribles delitos.”

Las mujeres violadas durante el conflicto de Bosnia y Herzegovina siguen esperando justicia

Wed, 30 Sep 2009 11:41:29 +0000

Esta nación lo olvida todo. Nos olvida a las víctimas. Pero yo nunca olvidaré lo que me sucedió
Sabiha, entrevistada por Amnistía Internacional.

No sé si se puede castigar este delito. ¿Existe acaso la justicia?... A lo mejor en algún otro sitio, pero no aquí, en Bosnia.

Bakira, entrevistada por Amnistía Internacional

Los gobiernos sucesivos de Bosnia y Herzegovina no han proporcionado justicia a las miles de mujeres y niñas que fueron violadas durante la guerra de 1992 a 1995. Así lo manifestó Amnistía Internacional en un informe hecho público el 30 de septiembre.

“Durante la guerra, miles de mujeres y niñas fueron violadas, a menudo con una brutalidad extrema; muchas fueron recluidas en campos penitenciarios, hoteles y domicilios particulares donde fueron sometidas a explotación sexual. Muchas mujeres y niñas fueron asesinadas”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Hasta hoy, a las supervivientes de estos crímenes se les ha negado el acceso a la justicia. Los responsables de su sufrimiento –miembros del ejército, la policía y los grupos paramilitares– andan libres. Algunos incluso ocupan cargos de poder o viven en la misma comunidad que sus víctimas."

“El gobierno de Bosnia y Herzegovina tiene la obligación de proporcionar a estas víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario y de crímenes contra la humanidad acceso a la justicia y a la reparación plena a la que tienen derecho.”

“Para que esto suceda, las autoridades deben garantizar que se llevan a cabo investigaciones completas que conduzcan a enjuiciamientos de crímenes de guerra de violencia sexual cometidos en el país. Sin una justicia significativa y una reparación completa y efectiva, las víctimas siguen sufriendo los efectos de estos espantosos crímenes.”

El informe, titulado Whose justice? Bosnia and Herzegovina’s women still waiting, describe los defectos del sistema de justicia del país. También se centra en el hecho de que las autoridades no proporcionan a las mujeres reparación, incluida una indemnización por los delitos cometidos contra ellas y por las violaciones de sus derechos.

“Muchas mujeres que han sobrevivido a la violencia sexual durante la guerra no consiguen obtener indemnización alguna a causa de las complejas estructuras de los sistemas judicial y de ayuda social del país. En comparación con otras víctimas de guerra, sufren discriminación en el acceso a los beneficios sociales”, ha manifestado Nicola Duckworth.

Jasmina, superviviente de la violencia sexual durante la guerra, dijo a Amnistía Internacional: “No puedo dormir sin pastillas. Aún me altero fácilmente cuando alguien menciona la guerra. Una imagen, un recuerdo, un anuncio de televisión, pueden ser la chispa. No lo soporto [...] Necesito ayuda”.

Las autoridades de Bosnia y Herzegovina no han proporcionado a estas mujeres acceso a ayuda adecuada psicológica o médica, una ayuda que sólo proporcionan organizaciones no gubernamentales con recursos limitados.

Una ONG bosnia dijo a Amnistía Internacional que la gran mayoría de las víctimas de crímenes de guerra de violencia sexual no reciben ninguna ayuda psicológica.

Miles de mujeres supervivientes han perdido también a familiares. A muchas les es imposible encontrar o mantener empleos a causa de su estado psicológico. Muchas carecen de una fuente de ingresos estables y viven en la pobreza, sin poder comprar las medicinas que necesitan.

Puesto que la violación sigue siendo un tema tabú, en la mayoría de los casos las mujeres se ven estigmatizadas, en lugar de recibir el reconocimiento y la ayuda fundamental que necesitan para poder rehacer sus vidas.

“Las autoridades deben trabajar con las ONG para elaborar una estrategia global con la que garantizar que las supervivientes reciben reparación, incluidas pensiones adecuadas, ayuda con el acceso al trabajo, y el nivel más alto posible de asistencia médica. El gobierno debe ayudar a las supervivientes de crímenes de guerra de violencia sexual, debe darles voz para reclamar sus derechos y para combatir la discriminación y el estigma que sufren a diario”, ha declarado Nicola Duckworth.

En 1993 se estableció el Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia, encargado de enjuiciar las violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluida la violencia sexual.

Sin embargo, el Tribunal sólo pudo enjuiciar un número limitado de violaciones del derecho internacional humanitario cometidas durante las guerras de la ex Yugoslavia. Hasta julio de 2009, el Tribunal había enjuiciado 18 casos relacionados con la violencia sexual en Bosnia y Herzegovina.

En 2005 se creó la Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina, encargada de investigar y enjuiciar los delitos que no podían ser enjuiciados por el Tribunal. Hasta la fecha, sólo se ha condenado a 12 hombres por delitos de violencia sexual.

Amnistía Internacional ha pedido al Parlamento de Bosnia y Herzegovina que prorrogue el mandato de los jueces y fiscales internacionales, ya que han contribuido a fortalecer la capacidad de la judicatura del país gracias a su pericia, imparcialidad e independencia.

Miles de personas se unen para acabar con la mortalidad materna en Sierra Leona

Wed, 23 Sep 2009 19:21:00 +0000

Más de 4.000 personas se reunieron el martes en Freetown, Sierra Leona, con motivo de la presentación de la campaña de Amnistía Internacional para poner fin a la mortalidad materna en el país.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, dijo a las personas congregadas que el feliz acontecimiento que debería ser el nacimiento de un hijo “se convierte en muchos hogares en un momento muy triste”.

“¿Es esto inevitable?”, preguntó ante la multitud congregada. “No. Puede evitarse. Las mujeres no deben morir dando a luz. Por eso estamos aquí. Por eso están ustedes aquí. Queremos que todas las mujeres reciban atención a la salud gratuita”.

La directora de AI Sierra Leona, Brima Sheriff, instó a las personas presentes a firmar una petición al gobierno exigiendo una mejora de la atención a la salud materna y explicó que durante los próximos seis años Amnistía Internacional hará campaña para reducir la mortalidad materna en el país.

Varios de los más populares artistas de Sierra Leona interpretaron ante las personas congregadas un tema musical que llora las muertes prevenibles de mujeres y niñas durante el embarazo y el parto.

A ellos se unió Omotola Jakande Ekeinde, popular actriz de África Occidental y estrella cinematográfica de Nollywood (cine nigeriano), que ayuda a Amnistía Internacional en labores de sensibilización en la región respecto a la mortalidad materna como cuestión de derechos humanos.

Un creativo grupo de teatro sierraleonés representó vívidamente las consecuencias de esperar demasiado para recibir asistencia médica. En Sierra Leona, muchas mujeres no pueden acceder a atención médica que podría salvar sus vidas porque sus necesidades de salud no son una prioridad y la familia teme el coste del tratamiento hospitalario.

La Caravana de Campaña de Amnistía Internacional –un enorme camión amarillo que arrastra un escenario– recorrerá el país sensibilizando sobre el tema de las muertes maternas como cuestión de derechos humanos y exigiendo al gobierno mejoras en los servicios de atención a la salud.

Tras la presentación en Freetown, la Caravana se dirigirá a las ciudades de Kabala, Kambia, Bo y Kenema.

La tasa de mortalidad materna en Sierra Leona es una "emergencia de derechos humanos"

Tue, 22 Sep 2009 09:19:46 +0000

En vísperas de la reunión de los dirigentes mundiales en Nueva York para debatir el aumento de la financiación de la atención de la salud en los países en desarrollo, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, ha presentado una campaña para reducir las muertes maternas en Sierra Leona.

El informe de la campaña, titulado Fuera de su alcance. El precio de la salud materna en Sierra Leona, utiliza testimonios gráficos y personales para mostrar cómo las mujeres y las niñas a menudo no pueden acceder a un tratamiento que podría salvarles la vida porque son demasiado pobres para pagarlo.

En Sierra Leona, una de cada ocho mujeres muere durante el embarazo o el parto, una de las mayores tasas de mortalidad materna del mundo.

Miles de mujeres mueren desangradas tras dar a luz. La mayoría fallece en su casa. Otras, de camino al hospital, en taxis, motocicletas o a pie. En Sierra Leona, menos de la mitad de los partos son asistidos por una persona especializada y no llegan a una de cada cinco las mujeres que paren en un centro de salud.

“Estas sombrías cifras revelan que las muertes maternas son una emergencia de derechos humanos en Sierra Leona”, ha dicho Irene Khan durante la presentación del informe en la capital del país, Freetown.

“Miles de mujeres y niñas mueren porque se les niega sistemáticamente su derecho a la vida y a la salud, a pesar de las promesas del gobierno de proporcionar atención de la salud gratuita a todas las mujeres embarazadas.” El acceso a la atención de la salud en el mundo en desarrollo ocupará un lugar prioritario en la agenda de la sesión del 23 de septiembre de la Asamblea General de la ONU.

Está previsto que el primer ministro británico Gordon Brown anuncie una serie de nuevos paquetes económicos dedicados a mejorar la atención de la salud en el mundo en desarrollo, con especial atención sobre la salud maternoinfantil. Se espera que Sierra Leona sea uno de los receptores de los fondos.

“Sierra Leona necesita desesperadamente más dinero, pero estos fondos no conseguirán llegar hasta las mujeres y los niños de zonas remotas del país, los que están en mayor peligro”, ha dicho Irene Khan. “Sólo se salvarán las vidas de las mujeres y las niñas cuando el sistema de salud se gestione adecuadamente y el gobierno rinda cuentas”.

“El dinero por sí solo no solucionará el problema. Tras la terrible tragedia de las muertes maternas se esconden el elevado nivel de discriminación y el bajo estatus social de las mujeres en Sierra Leona. Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual. Sus familias, los dirigentes comunitarios y el gobierno dan muy poca importancia a las necesidades de salud de las mujeres.”

La visita de Irene Khan a Sierra Leona marca el inicio de la acción de Amnistía Internacional contra la mortalidad materna en el país. Una caravana de campaña viajará por el país en las próximas semanas actuando como vehículo de información y debate sobre la cuestión de la salud materna.

Amnistía Internacional cree que la pobreza es una cuestión de derechos humanos y este año presentó su campaña mundial Exige Dignidad, que pide que se acabe con las violaciones de derechos humanos que originan y agravan la pobreza.

La campaña Exige Dignidad moviliza a personas de todo el mundo para que exijan que los gobiernos y las empresas escuchen la voz de quienes viven en la pobreza y respeten sus derechos.

La República Dominicana asesta un “golpe tremendo” al derecho de las mujeres a la vida

Mon, 21 Sep 2009 11:02:20 +0000

El Congreso dominicano ha votado a favor de cambios constitucionales que podrían dar lugar a una prohibición absoluta del aborto. Según afirma Amnistía Internacional, este paso pondrá en peligro a mujeres y niñas y hará aumentar la mortalidad materna.

El artículo 30, aprobado por una mayoría de 128 votos a favor y 34 en contra, introduciría la inviolabilidad de la vida “desde la concepción hasta la muerte”.

”El Congreso dominicano ha asestado un golpe tremendo al derecho a la vida de las mujeres y las niñas”, ha manifestado Susan Lee, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.

Se ha reconocido ampliamente que esta decisión traerá consigo cambios en el Código Penal que pueden conducir a la prohibición del aborto en todas las circunstancias.

Ahora que se ha aprobado, el artículo 30 puede limitar seriamente el acceso a abortos seguros, incluso en los casos en los que una mujer sufre complicaciones que ponen en peligro su vida o necesita un tratamiento que puede salvar su vida pero es incompatible con el embarazo, como por ejemplo los tratamientos contra la malaria, el cáncer o el VIH/sida.

Además, el acceso a un aborto seguro para las mujeres y niñas que han quedado embarazadas a consecuencia de violación o incesto se puede limitar aún más.

Amnistía Internacional publicó recientemente un informe que examinaba las repercusiones de la prohibición total de todas las formas de aborto en Nicaragua.

Según datos oficiales, la prohibición contribuye a un aumento de la mortalidad materna en todo Nicaragua: 33 mujeres y niñas han muerto en el país a consecuencia del embarazo en lo que va de 2009, frente a las 20 que murieron durante el mismo periodo del año pasado. Puesto que la recopilación de datos relativos a la salud materna en el país es deficiente, se cree que estas cifras oficiales representan únicamente un mínimo.

El lunes, Amnistía Internacional pidió al Congreso de la República Dominicana que rechazara la formulación actual del artículo 30.

"Amnistía Internacional seguirá prestando su apoyo a todas las personas que, en la República Dominicana, se opongan a la imposición de penas de cárcel o de otro tipo a causa del aborto”, ha manifestado Susan Lee.

”También seguiremos pidiendo que se garantice la existencia de servicios de aborto seguros, legales, accesibles y de buena calidad para todas las mujeres y niñas que los necesiten en todos los casos en los que el embarazo sea consecuencia de violación o incesto o cuando el embarazo constituya un peligro para la vida o la salud de la madre.”

Liberan a mujer indígena mexicana encarcelada injustamente durante tres años

Fri, 18 Sep 2009 11:00:20 +0000

Amnistía Internacional recibe con agrado la liberación de la presa de conciencia mexicana Jacinta Francisco Marcial, encarcelada durante tres años tras ser acusada falsamente de secuestrar a seis agentes federales.

Madre de seis hijos, indígena otomí de Santiago Mexquititlán en el estado mexicano de Querétaro, fue condenada a 21 años de cárcel en diciembre de 2006.

Amnistía Internacional hace un llamado a que se revise completamente su procesamiento infundado y para que reciba una compensación completa por encarcelación injusta y equivocada.

“El gobierno mexicano finalmente reconoció que nunca hubo evidencia que justificara el juicio y sentencia de Jacinta a 21 años en prisión bajo cargos de secuestro”, dijo Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

“A Jacinta y a su familia se les han robado tres años de sus vidas mientras ella estaba en prisión por un delito que no cometió. Nada recuperará los tres años que perdió en prisión, pero es vital que los responsables de esta injusticia sean llevados ante la justicia y que ella reciba una compensación adecuada.”

Jacinta, de 46 años, fue liberada por el juez que presidía el nuevo juicio tras una apelación que ganó a principios de 2009. La decisión del juez era inevitable después de que la Procuraduría General de la República anunciara que no formularía una acusación en contra de Jacinta.

Jacinta Francisco Marcial fue declarada culpable del secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México.

Ellos declararon que Jacinta, junto con otros comerciantes con puestos en el mercado, los mantuvieron como rehenes durante un operativo contra vendedores de discos piratas en la plaza de Santiago Mexquititlán en marzo de 2006.

El 3 de agosto de 2006, más de cuatro meses después de los sucesos, Jacinta fue arrestada y llevada a la Procuraduría General de la República. Le dijeron que iban a interrogarla en relación con la poda de un árbol. Sin embargo, tras llegar a la prisión se enteró de que la acusaban, junto a otras dos mujeres, de secuestrar a los agentes.

El 18 de agosto de 2009 Amnistía Internacional adoptó a Jacinta como presa de conciencia después de haber concluido que no existía ninguna prueba contra Jacinta y que había sido arrestada, procesada y condenada por ser mujer indígena pobre.

Su liberación suscita preguntas graves acerca de la fiabilidad del caso entero de la acusación y destaca defectos evidentes en la investigación.

Amnistía ha hecho un llamado para que se revise de manera completa e imparcial la investigación, incluido el caso contra las coacusadas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes también fueron declaradas culpables de secuestrar a los seis agentes federales junto con Jacinta.