Egipto: Abusos bajo el estado de excepción

Archivo de la Policía de Seguridad del Estado con expedientes en los que se incluyen informes de vigilancia de ciudadanos y activistas

Archivo de la Policía de Seguridad del Estado con expedientes en los que se incluyen informes de vigilancia de ciudadanos y activistas

© © Hossam el-Hamalawy (CC BY-NC-SA 2.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en


Al amparo de un estado de excepción que se prolongó durante 30 años, las fuerzas de seguridad de Egipto, y especialmente el ya desaparecido Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado (SSI), cometieron flagrantes violaciones de derechos humanos.

Un rasgo característico de la represión ha sido el sistema de reclusión de personas sin cargos ni juicio, a veces durante más de 10 años, mediante órdenes administrativas dictadas por el Ministerio del Interior con arreglo a legislación antiterrorista y relativa al estado de excepción. Mediante este sistema, miles de personas se han visto privadas de su libertad cuando no había intención de procesarlas. En casos documentados por Amnistía Internacional, a las personas bajo detención administrativa no se les informaba del motivo de la detención, y a muchas se les negaba indebidamente el derecho a ponerse en contacto con el mundo exterior y a disponer de asistencia letrada. Algunas desaparecieron durante meses. Entre las víctimas había opositores y detractores del gobierno, activistas de derechos humanos y presuntos delincuentes.

La tortura de personas detenidas era habitual y se seguía practicando con impunidad. Entre los métodos utilizados se incluían las descargas eléctricas, las palizas, la suspensión por las extremidades, los latigazos y la privación del sueño.
 
Además, la Ley del Estado de Excepción y otras medidas afines suspendieron algunos derechos constitucionales, permitieron la creación de tribunales especiales, limitaron la actividad de la oposición y de las organizaciones de la sociedad civil, y legalizaron la censura.

Otra medida restrictiva fue la Ley Antiterrorista de 1992, que establece una definición amplísima del terrorismo y se puede utilizar –como de hecho ha ocurrido–para tratar como delito el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

El presidente Mubarak, derrocado

A comienzos de 2011, millones de egipcios salieron a la calle para protestar contra los 30 años de estado de excepción, la corrupción, la pobreza y la brutalidad policial. El 11 de febrero, después de tres semanas de manifestaciones masivas, el presidente Hosni Mubarak fue derrocado.

En marzo, las instalaciones del SSI se convirtieron en escenario de nuevas manifestaciones, tras difundirse informes de que miembros del SSI estaban destruyendo pruebas de los abusos cometidos durante el pasado. Poco después, el Ministerio del Interior desmanteló el SSI y anunció la creación de un nuevo órgano de seguridad nacional. No se ha facilitado información sobre si se han examinado los antecedentes de los agentes del SSI antes de integrarlos en la nueva fuerza o si se les investigará para averiguar si cometieron violaciones de derechos humanos en el pasado.

Para erradicar la cultura de impunidad y abusos contra los derechos humanos en Egipto es preciso abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y tomar medidas encaminadas a garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.

Amnistía Internacional hace campaña para que:

  • se ponga fin al estado de excepción y se revoquen todas las disposiciones de la Ley del Estado de Excepción;
  • se establezca inmediatamente una investigación independiente e imparcial sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos por el SSI;
  • se ofrezca una reparación a las víctimas, incluidas una indemnización económica y garantías de no repetición;
  • se revise el aparato de seguridad de Egipto, a fin de garantizar que los miembros de las fuerzas de seguridad no están por encima de la ley.

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