Nigeria: Cuando el sistema de justicia no aplica la ley

 

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"Hemos sufrido mucho […]. Cuando llegaron las excavadoras […] lo perdimos todo [...]: utensilios de cocina, el televisor, el frigorífico, muchas cosas, mi ropa, la ropa de mis hijos […], los libros de mis hijos y los certificados de nacimiento. Nada [se podía hacer] […]. Esa noche dormí en ese recinto que está enfrente de Njemanze […]. Dormí con mis hijos y con mi marido. Llovía."
Love Bassett Okpabio, residente del asentamiento informal ribereño de Njemanze, en Port Harcourt (estado de Rivers, Nigeria)

 

Port Harcourt, capital del estado de Rivers, se encuentra en el delta del Níger, zona rica en petróleo. En julio de 2008 el gobernador del estado de Rivers, Rotimi Amaechi, dio a conocer un programa de "renovación urbanística" que suponía la demolición de todos los asentamientos ribereños de la ciudad, unos 40 en total, construidos en terrenos ganados al agua a lo largo de la costa urbana. Se calcula que albergan a entre 200.000 y 500.000 personas.

El 30 de julio de 2009, líderes comunitarios del asentamiento ribereño de Okrika presentaron ante el Tribunal Superior Federal una demanda en la que pedían un requerimiento judicial permanente contra el gobierno del estado de Rivers que le impidiera seguir demoliendo los asentamientos ribereños. El 14 de agosto, la causa quedó aplazada hasta el 13 de octubre de 2009, y el tribunal pidió a todas las partes que “se mantuviera el status quo ante” (la situación anterior al hecho denunciado). Sin embargo el gobierno del estado de Rivers hizo caso omiso de la orden del Tribunal y el 28 de agosto de 2009 fue demolido el asentamiento de Njemanze. Se calcula que entre 13.800 y 19.000 personas fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares.

Los desalojos se llevaron a cabo sin ninguna salvaguardia, y miles de personas, entre ellas niños y niñas, mujeres y ancianos, quedaron sin hogar y expuestas a otras violaciones de derechos humanos.

Al no haber facilitado el gobierno del estado de Rivers reparaciones adecuadas, los desalojos forzosos siguen afectándoles y, tres años después, muchos de los residentes del asentamiento continúan en condiciones penosas. Además de haber perdido sus viviendas, a consecuencia de las demoliciones muchas personas han perdido sus negocios y otras fuentes de ingresos que les eran imprescindibles. La pérdida de medios de vida repercute en las mujeres, ya que a menudo éstas llevaban a cabo sus negocios y actividades comerciales en Njemanze. 

Los desalojos forzosos continúan. El 27 de junio de 2012 comenzaron cinco días de demoliciones en el asentamiento ribereño de Abonnema Wharf, en Port Harcourt, que concluyeron con el desalojo forzoso de miles de personas, y muchas quedaron sin hogar a causa de las demoliciones ordenadas por las autoridades del estado de Rivers. Muchas personas se están viendo obligadas a dormir en la calle o en automóviles, o a refugiarse en iglesias cercanas, y están expuestas sufrir otras violaciones de derechos humanos. Numerosos residentes ni siquiera sabían que iban a demoler sus viviendas hasta que llegaron las excavadoras.

No se les ofrecieron viviendas alternativas ni, como mínimo, un refugio de emergencia. Además, las demoliciones se produjeron durante la temporada de lluvias, cuando las condiciones climatológicas son malas y es más difícil desplazarse en busca de alojamiento.

El gobierno del estado de Rivers ha incumplido y sigue incumpliendo las obligaciones contraídas en virtud de la legislación nacional y del derecho internacional con respecto a los residentes de los asentamientos ribereños de Port Harcourt. Tanto durante los desalojos, como antes y después de estos.

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