Camboya: Cuando el sistema de justicia se pone en tu contra

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"La urbanización llegó en 2008", explica. “El gobierno […] no anunció públicamente que había concedido la zona de Boeung Kak a Shukaku para proyectos de urbanización. Nos enteramos cuando la empresa instaló su oficina aquí."
Tep Vanny, lago Boeung Kak, Phnom Penh (Camboya)

 

En 2007, se concedió a una empresa un contrato de arrendamiento por 99 años en la zona del lago Boeung Kak, en el centro de Phnom Penh. Un año más tarde, la amenaza de desalojo pesaba sobre unos 20.000 residentes de la zona. Para la mayoría de las familias, entre ellas la de Tep Vanny, la oferta de 8.500 dólares estadounidenses o de reasentamiento en un piso a las afueras de Phnom Penh no es suficiente para encontrar otra vivienda u otro trabajo adecuados.

A los residentes no se les informó debidamente de los planes urbanizadores ni se les consultó para buscar otras alternativas al desalojo y a las ofertas de reasentamiento e indemnización. Hasta la fecha, todo intento de obtener reparaciones ante los tribunales ha sido en vano.

Vanny y su comunidad se han resistido siempre al desalojo forzoso y han pedido que se les deje quedarse en sus casas o en otras viviendas construidas dentro de la zona urbanizada.

"Sigo movilizando a la comunidad para dar levantar el ánimo [de la gente] y que la comunidad pueda mantenerse firme e independiente, y convencer al gobierno para que cambie de opinión."

En agosto de 2011, el primer ministro autorizó la asignación de una parte del terreno del lago Boeung Kak a los residentes que aún vivían en la zona para que construyeran viviendas en ella. Sin embargo, aunque más de 600 familias han recibido títulos de propiedad de una parcela del terreno asignado, unas 90 familias han quedado injustamente excluidas del reparto.

Desde entonces la comunidad viene protestando pacíficamente para que se incluya a todas esas familias en la zona asignada, pero la respuesta que han recibido los representantes de la comunidad ha sido la intimidación y la violencia, y acciones legales, que culminaron el 24 de mayo de 2012 con la condena y el encarcelamiento de 13 de ellos, incluida Vanny.

Lejos de actuar con independencia y proteger los derechos y libertades de la población, como exige la Constitución camboyana, el sistema de justicia de Camboya se ha prestado a emprender actuaciones judiciales contra quienes defienden sus derechos, mientras que a los autores de los desalojos forzosos y los miembros de las fuerzas de seguridad que han empleado fuerza excesiva contra manifestantes no se les ha hecho rendir cuentas.

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