Asentamientos precarios: Los derechos humanos viven aquí

23 julio 2010

Más de 1.000 millones de personas de todos los continentes viven en asentamientos precarios. Estas comunidades, lugares donde sus habitantes viven, trabajan y crían a sus hijos, comparten características como viviendas inadecuadas, falta de servicios básicos, hacinamiento y elevados índices de inseguridad y violencia.

Los gobiernos incumplen su obligación de proteger los derechos de quienes viven en esas comunidades.

La población global que vive en asentamientos precarios está creciendo de forma alarmante. La desinversión en el medio rural, los conflictos armados, los desastres naturales, el cambio climático, los desalojos forzosos y la apropiación de tierras por parte de empresas siguen obligando a las personas a migrar a ciudades donde escasea la vivienda a precios asequibles.

La violación de derechos humanos que sufren las personas que viven en asentamientos precarios es impresionante. Se les niega automáticamente el derecho a una vivienda adecuada, agua potable, sistema de saneamiento y alcantarillado, suministro eléctrico, salud y educación, y se enfrentan a la amenaza constante de violencia por parte de la policía y las bandas, y a desalojos forzosos.

Los residentes de asentamientos precarios pagan rentas desproporcionadamente elevadas debido a que la legislación en materia de alquiler rara vez se aplica en zonas que las autoridades consideran como “no regularizadas”. Se deniega el acceso a la justicia debido a la discriminación y los residentes no tienen voz ni voto en lo relativo a la mejora de las viviendas y los servicios.

La ausencia de centros de salud y escuelas en muchos asentamientos precarios limita gravemente el acceso a la atención médica y la educación. Con frecuencia, las tasas de malnutrición y mortalidad infantil en los asentamientos precarios son comparables a las de las áreas rurales.

Muchos residentes en áreas urbanas de los países en desarrollo carecen de documentos legales que garanticen su seguridad de tenencia, lo que incrementa el riesgo para ellos de ser víctimas de un desalojo forzoso y restringe el acceso a los servicios y el empleo formal. Con frecuencia, a las personas que viven en asentamientos precarios y carecen de documentos oficiales también se les niega el derecho a votar.

Los desalojos forzosos constituyen una violación de derechos humanos y a menudo las víctimas pierden sus pertenencias, las redes sociales y el acceso al trabajo y a los servicios. Cada vez con mayor frecuencia, los gobiernos llevan a cabo desalojos forzosos para derribar los asentamientos precarios y dejar espacio al desarrollo urbano, el embellecimiento de las ciudades u otros proyectos nacionales.

Las mujeres son especialmente vulnerables en los asentamientos precarios, donde la falta de instalaciones aumenta el riesgo para ellas de sufrir agresiones o acoso sexual y donde a menudo la policía no se toma en serio las denuncias de violencia en el ámbito familiar. La legislación en materia de propiedad también discrimina con frecuencia a las mujeres.

La percepción negativa de las personas que viven en los asentamientos precarios ha contribuido directamente a un grave deterioro de la seguridad pública en estas comunidades.

Los gobiernos no han abordado estos problemas ni en el ámbito nacional ni en el internacional. Deben poner fin a los desalojos forzosos, que garanticen a las personas que viven en asentamientos precarios el acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos y que garanticen su participación activa en todos los planes dirigidos a mejorar la situación de los asentamientos precarios.

Véanse:

 

 


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