Por qué la legislación no debe quedarse en papel mojado

Historias personales: La cruda realidad de los derechos

PARAGUAY

Las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa de Paraguay viven en construcciones provisionales levantadas en una estrecha franja de terreno situada junto a una concurrida carretera con un acceso muy limitado a agua potable, alimentos y medicinas. Sus tierras ancestrales se encuentran en manos de propietarios privados. En 2005 y 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que las tierras debían ser devueltas a las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa.

Miembros destacados del gobierno paraguayo, respaldados por terratenientes con gran influencia económica, se han resistido a aplicar las sentencias. En octubre de 2009, el Senado paraguayo votó en contra de devolver a la comunidad Yakye Axa sus tierras ancestrales. El gobierno intenta ahora ofrecerles terrenos alternativos en vez de devolverles las tierras con las que les une un estrecho lazo cultural.

Los plazos fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la devolución de las tierras han expirado hace tiempo, y todavía está pendiente la devolución de las tierras a las comunidades. Mientras tanto, ambas comunidades sufren los efectos acumulados de la falta de servicios básicos, con deficiencias en la enseñanza y la atención a la salud y un limitado acceso a agua y alimentos.

 

INDIA

En India en abril de 2001, una ONG llamada Unión Popular por las Libertades Civiles presentó una petición ante el Tribunal Supremo de India en la que argumentaba que
el gobierno violaba el derecho a la alimentación al no abordar el problema de la malnutrición crónica. Pese a la existencia en muchos estados de programas
subvencionados de almuerzos escolares y racionamiento de comida para familias que viven por debajo del umbral de la pobreza, con frecuencia la calidad y el alcance de estos programas eran limitados, debido a una gestión ineficiente.

En noviembre de 2001, el Tribunal determinó que la ración alimentaria mínima necesaria para las familias que viven por debajo del umbral de la pobreza era un derecho jurídicamente vinculante y debía hacerse plenamente efectivo. El Tribunal ordenó a las autoridades estatales que proporcionaran a todos los escolares durante un mínimo de 200 días al año la comida del mediodía con un contenido mínimo especificado de calorías y proteínas.

La orden incrementó la capacidad de negociación de los grupos de la sociedad civil que defendían el derecho a la alimentación. Además, el Tribunal nombró inspectores para que se encargaran de vigilar su cumplimiento. Se calcula que tras esta acción judicial, gracias al aumento de la disponibilidad de comidas escolares, en los centros educativos se matriculan al año 350.000 niñas más.

SUDÁFRICA 

En Sudáfrica en el año 2000, el gobierno se negó a suministrar nevirapina —un medicamento antirretroviral empleado para prevenir la transmisión maternoinfantil del VIH— a todas las personas que necesitaban el tratamiento, a pesar de que cada año resultaban infectados 70.000 niños y niñas. Las autoridades decidieron que hasta que hubiesen diseñado su propio programa sólo se proveería el medicamento a determinados centros piloto. Esta decisión se tomó pese a que la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Control de Medicamentos de Sudáfrica daban su apoyo a este medicamento, y a que el fabricante se había ofrecido a suministrarlo gratuitamente durante cinco años.

El grupo de activistas Campaña de Acceso a Tratamientos se movilizó ampliamente en torno a la cuestión y llevó al gobierno a los tribunales. En 2002, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica determinó que el gobierno debía permitir y facilitar el uso de la nevirapina en el sistema público de salud a fin de garantizar el derecho a la salud. Esta decisión ayudó a debilitar la oposición del gobierno al suministro generalizado de medicamentos antirretrovirales. Impulsó, además, la labor de captación de apoyos de Campaña de Acceso a Tratamientos para conseguir una distribución más amplia de los tratamientos antirretrovirales. En 2003, el gobierno sudafricano adoptó un plan operativo para luchar contra el sida en el que el tratamiento con antirretrovirales era uno de los elementos centrales.

LOS ESTADOS UNIDOS

En Estados Unidos, pese a la aprobación recientemente de legislación que amplía significativamente la cobertura de los seguros médicos, se prevé que más de 20 millones de personas seguirán sin seguro. El programa estadounidense Medicaid dirigido a personas con bajos ingresos conlleva complicados requisitos burocráticos, con lo que suelen producirse retrasos considerables a la hora de prestar atención prenatal a mujeres con derecho a asistencia pública. Algunas mujeres con bajos ingresos no tienen manera de acceder a una atención médica asequible, por lo que prescinden por completo de la atención prenatal.

La educación en materia de salud pública es inadecuada y no hay suficiente información sobre métodos anticonceptivos y cómo acceder a ellos. Dado que Estados Unidos no reconoce el derecho a la salud en su legislación nacional, las mujeres disponen de pocas posibilidades de interponer recursos por estas desigualdades en el acceso a la asistencia médica.

LA REPÚBLICA CHECA

En la República Checa, los niños y niñas romaníes son excluidos con frecuencia de la educación general, y escolarizados en escuelas prácticas y clases destinadas a alumnos con “discapacidad mental leve” en las que se ofrece un programa de estudios considerablemente reducido. En 2007, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigió a las autoridades que pusieran fin a la segregación racial en los centros educativos y ofrecieran reparación en la medida de lo posible.

El gobierno checo pidió a los directores de los centros educativos y a las autoridades regionales que dejasen de escolarizar de forma indebida en escuelas prácticas a niños y niñas romaníes. Sin embargo, estas directrices no se han puesto en práctica adecuadamente, y el gobierno no ha establecido adecuadas salvaguardias legales o prácticas ni medidas especiales para permitir la inclusión de niños y niñas romaníes en la educación general.

 

 


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