El ciclo vital romaní: Excluidos en cada paso

Los romaníes de Europa se ven obligados a vivir en la pobreza y segregados, sin viviendas seguras, recibiendo una educación y unos servicios de salud de calidad inferior, bajo la amenaza constante de la violencia y con un acceso precario al empleo. El flagrante racismo en la región exacerba la falta de voluntad de procurar a estas comunidades la dignidad y los derechos de que gozan otras personas.

Romani children in Kladno, Czech Republic

“Nos discriminan desde el momento en que nacemos, en salas de maternidad separadas, hasta el momento en que morimos, enterrados en una sección aparte del cementerio.” Un activista romaní de Trebišov (Eslovaquia) resume la experiencia de su comunidad.

Si miras de cerca a muchos países europeos, verás una escandalosa desconexión entre retórica y realidad. Los países que han acordado formalmente proteger y promover los derechos de toda su población hacen caso omiso de los derechos de sus comunidades romaníes y a menudo los violan.

Los romaníes, una de las minorías más antiguas de Europa, soportan una larga historia de discriminación y desventaja persistentes. En la Europa del siglo XXI, a pesar de todas las leyes pioneras, normas morales, controles, medidas y mecanismos implantados para garantizar el respeto de los derechos humanos, por los que Europa es elogiada tan a menudo, los romaníes siguen estando en su mayor parte excluidos de la vida pública. 

Sea como parte de una política deliberada de segregación o como consecuencia insensible/cruel de un racismo arraigado, los gobiernos y las autoridades municipales separan a las comunidades en viviendas de pésima calidad y escuelas de segunda categoría, las desarraigan y trasladan ilegalmente, y no las protegen de la violencia racista. 

Las privaciones económicas que sufren la mayoría de estas comunidades se ven exacerbadas por su situación de exclusión del mercado de trabajo y de los servicios destinados a la población mayoritaria, la inseguridad de la vida familiar y la sensación de que quienes están en el poder no les escuchan o les importa lo que tienen que decir. 

Esta exclusión alimenta, pues, otras situaciones discriminatorias y el aislamiento cultural que afrontan a lo largo de su vida, cuando tratan de estudiar, trabajar y de fundar su propia familia. Se les percibe como gente insalubre, inculta, desarraigada, sólo porque, desde su nacimiento, no pudieron gozar de sus derechos a la salud, la educación, y la vivienda y a servicios básicos. 

Esta discriminación generalizada los convierte en blanco fácil, por ejemplo, de desalojos forzosos, que son ilegales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Debido a los obstáculos que encuentran cuando intentan alquilar una vivienda, y a que a menudo son excluidos de hecho del acceso a los planes de vivienda social, no tienen más opción que encontrar alojamiento donde pueden, muchas veces en asentamientos informales con escasa seguridad jurídica o física. Cuando las autoridades municipales quieren “limpiar” la zona o ceden a la presión de vecinos más adinerados para trasladar a la comunidad o necesitan espacio para nuevas infraestructuras o “proyectos de regeneración”, las comunidades romaníes cuentan con pocos recursos y escasa protección. 

Aun así, la ley exige que sean consultados y que se les ofrezca un alojamiento alternativo con acceso a los servicios básicos, cosa que rara vez ocurre. A menudo se encuentran en situaciones de exclusión aún mayor, más lejos de la comunidad mayoritaria y compartiendo viviendas y condiciones de salubridad muy masificadas. Con un poco de suerte, habrán podido llevarse consigo sus pertenencias antes de verse obligados a marcharse. Más difícil es reconstruir sus redes sociales, buscar nuevas escuelas y un nuevo trabajo.

Una de las salidas de este círculo vicioso de pobreza y marginación —y un derecho de todos los niños y niñas romaníes— es la educación. Pero la trampa de la exclusión niega esta salida a muchos de ellos. 

En toda la región, los menores romaníes siguen siendo asignados a aulas o escuelas de calidad inferior y segregadas, con menos recursos y currículos enormemente simplificados. A veces esto es lo único que les permitirán las autoridades, asignándolos intencionadamente a escuelas destinadas a personas con discapacidad mental o problemas de aprendizaje, a pesar de las resoluciones del Tribunal Europeo sobre la ilegalidad de estas medidas, y a pesar de las leyes de sus propios países que prohíben tal discriminación. En otros casos, son las propias familias las que escogen escuelas de segunda categoría para que sus hijos estén con otros romaníes y no sean acosados y marginados por los niños de la población mayoritaria y sus maestros.

Esta segregación no es sólo resultado del racismo dentro de los sistemas educativos, sino también uno de los principales factores que contribuyen a la discriminación y a la intolerancia en las sociedades europeas actuales. También tiene repercusiones en la capacidad de los romaníes para acceder a los demás derechos humanos, como que se les permita buscar un medio de subsistencia y participar en la vida pública y en la toma de las decisiones que les afectan. 

Como expresa el activista de Trebišov, desde la cuna hasta la sepultura, la experiencia vital de los romaníes en Europa es de total exclusión.

En toda la región, las comunidades romaníes trabajan arduamente para reclamar sus derechos con el apoyo de ONG locales. Algunos casos de discriminación han sido llevados ante el Tribunal Europeo y se han hecho muchas campañas para presionar a favor de la aplicación de la legislación europea con el fin de proteger los derechos de los romaníes, pidiendo reparación a los tribunales nacionales.

Más información sobre desalojos forzosos en Europa. 
Para ejemplos de desalojos forzosos y sus consecuencias en diferentes países, lee los casos de Italia, Rumania y Serbia.
Para ejemplos sobre falta de acceso a la educación en diferentes países, lee los casos de Eslovaquia y la República Checa.
Más información sobre la situación de la discriminación en Europa en general y las implicaciones para los derechos humanos.

 


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