Historias de familias romaníes: Perseguidas o ignoradas

Historias personales: La cruda realidad de los derechos

Roma camp in Italy

 

MARÍA DUMITRU Y MARIUS ALEXANDRU, ITALIA

María Dumitru y Marius Alexandru son dos jóvenes romaníes de 28 años, de origen rumano. Tienen tres hijos de corta edad. Desde que llegaron a Italia en 2004 han sido desalojados de campamentos en cinco ocasiones, y nunca se les ha ofrecido ningún alojamiento alternativo.

La última vez que los desalojaron fue el 11 de noviembre de 2009, de un campamento no autorizado cerca de Via Centocelle, en Roma. Ahora viven en un asentamiento informal cercano.

“Primero fuimos al campamento de Ponticelli, en Nápoles –dice María–, pero al cabo de un tiempo la policía nos desalojó. Me dijeron que si volvían a verme por allí me quitarían a mis hijos y los meterían en un orfanato.”

Vivieron experiencias similares en Caivano (Nápoles) y en un campamento cerca de Via Cristoforo Colombo, en Roma. “La policía lo destruyó todo”, dice Marius. En los primeros meses de 2008 su familia se instaló en el campamento de Via Centocelle y en abril de ese mismo año los desalojaron, aunque regresaron inmediatamente. Tras su último desalojo, Marius dice: “Ahora dormiremos en la calle. ¿Qué podemos hacer? Hemos vivido en siete campamentos distintos en cinco años. Es difícil, muy difícil”.

Antes del último desalojo, María habló sobre su vida: “Siento un poco de vergüenza porque mi marido busca en la basura hierro y cobre para venderlo y ganar un poco de dinero para poder comprar comida. También coge ropa de la basura porque no tenemos dinero para comprarla en una tienda. Sólo gracias a él tenemos algo que comer. Si no fuera por él, viviríamos en la calle […].También tenemos que pagar el colegio; cuando el profesor nos dice que compremos cuadernos, bolígrafos… al final pagamos alrededor de 5 euros”.

“Nosotros tuvimos los hijos pronto, pero no quiero que ellos hagan lo mismo. Quiero que vayan al colegio y que sean capaces de encontrar un trabajo. Me gustaría que tuvieran una vida mejor que la que he tenido yo.”

 

EL CASO DE LOS RESIDENTES DE LA CALLE PRIMAVERII, RUMANIA

En 2004, las autoridades municipales desalojaron por la fuerza a más de 100 personas de etnia romaní de un edificio situado en el centro de Miercurea Ciuc, capital del departamento de Harghita, en el centro de Rumania. La mayoría fueron reasentadas al final de la calle Primaverii, a las afueras de la ciudad, detrás de una planta de tratamiento de aguas residuales, pero algunas prefirieron trasladarse a un vertedero situado a pocos kilómetros que vivir junto a la planta de aguas residuales.

En 2001, las autoridades empezaron a plantear a los residentes el desalojo del edificio, con el argumento de que tenían que trasladarlos a otro lugar por su propia seguridad. Sin embargo, no celebraron una consulta plena con la comunidad: ese mismo año compraron ocho barracones de metal portátiles para alojar a los residentes, y los colocaron junto a la planta de tratamiento de aguas residuales, listos para los nuevos inquilinos. En 2003, el consejo municipal aprobó la demolición del edificio. Según las familias, las autoridades les aseguraron que los barracones eran una solución provisional, y que en su debido momento se les facilitaría un alojamiento adecuado.

En los años comprendidos entres 2001 y 2004, no se dio a los residentes de la calle Pictor Nagy Imre la posibilidad de impugnar la decisión de desalojarlos. Tampoco se les permitió participar en el proceso de toma de decisiones ni influir en su propio futuro, y las autoridades no trataron en modo alguno de buscar posibles alternativas al desalojo.

Sandor, uno de los residentes, explicó a Amnistía Internacional: “Vinieron y nos dijeron que teníamos que mudarnos al día siguiente. Nos dieron 24 horas para hacerlo. Dijeron que, si no salíamos, vendrían con las excavadoras y lo derribarían [el edificio] de todos modos.” 

Más de cinco años después, continúan viviendo en una situación de extrema precariedad que no reúne las condiciones para que se pueda realizar su derecho a una vivienda adecuada: seguridad jurídica de tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, lugar y habitabilidad. Otro residente, Tibor, habla del impacto que producen unas instalaciones inadecuadas: “Necesitamos una casa en la que nos podamos asear. No nos dejan entrar en ningún sitio por lo sucios que estamos. Dicen que apestamos. Queremos poder ir a los sitios. En invierno tenemos que lavarnos con agua fría.”

Siguen siendo excluidos, expulsados a la periferia de una ciudad a la que llaman casa.

 

VĔRA, DE 37 AÑOS, Y SU HIJA MARGITA, DE 9, LA REPÚBLICA CHECA

Vĕra es una madre romaní de 37 años que está a punto de terminar sus estudios universitarios. Está casada con un hombre no romaní con el que tiene dos hijas, de nueve años y 21 meses de edad. Vĕra trabajó como maestra auxiliar en la Escuela P hasta que pidió el permiso de maternidad.

La hija mayor de Vĕra, Margita, cursaba el noveno grado en la Escuela N, pero tenía problemas para seguir el ritmo de estudios del centro. Al ser la única alumna romaní de su clase, se burlaban a menudo de ella y apenas tenía amigos. “Los niños solían llamarla ‘gitana’”, contó Vĕra a Amnistía Internacional. 

Cuando Margita estaba en segundo grado, el Centro de de Orientación Psicopedagógica le diagnosticó dificultades de aprendizaje y recomendó su traslado a otra escuela de enseñanza primaria convencional, donde recibiría más atención y apoyo. Vĕra decidió llevar a su hija a la Escuela P, centro convencional sólo para romaníes.

Vĕra reconoce que la segregación en las escuelas es un problema, y también admite que a Margita no le gusta ser mitad romaní, pues los romaníes están estigmatizados en la sociedad checa. “Espero que Margita acepte un día su origen romaní y comprenda que los romaníes son tan normales como todos los demás.” Vĕra subraya la discriminación que sufre la comunidad romaní en la República Checa: “La percibo en todas partes. Yo soy enfermera, pero tuve problemas para encontrar trabajo en mi especialización, así que empecé a trabajar como [maestra] auxiliar. Decidí estudiar y ayudar a los romaníes que están en la misma situación […]. Ojalá hubiera más estudiantes romaníes en la universidad. Ojalá no tuvieran tanto miedo. A mí también me daba miedo ir a estudiar. Es duro; tienes que trabajar muy duro. Pero vale la pena”.

 

FRANTIŠEK, 11 AÑOS, LA REPÚBLICA CHECA

Cuando tenía seis años, František se matriculó en la Escuela N y hasta cuarto grado no tuvo ningún problema.

Pero en febrero de 2008, debido a sus presuntos problemas de disciplina, su maestro y el orientador de la escuela sugirieron que František fuera evaluado por el Centro de Orientación Psicopedagógica, que a su vez recomendó su traslado temporal a la Escuela I para someterlo a una estancia diagnóstica de cuatro meses.

Al término del periodo de observación, el director de la escuela dijo a la madre de František, Renata, que el muchacho “no encajaba en absoluto” en las afirmaciones que hacía la Escuela N, que era “un niño simpático […] interesado por aprender”, por lo que recomendaría su reincorporación a la Escuela N, pues “no tenía nada que ver con la escuela [práctica de enseñanza primaria]” y “sus conocimientos eran superiores a los de sus compañeros”.

Según Renata, que es trabajadora social de una ONG de Ostrava, el nivel del currículo de la escuela práctica de enseñanza primaria era inferior al del currículo que se enseña en las escuelas de enseñanza primaria convencionales. Sin embargo, František se sentía aliviado en la Escuela I, pues “los maestros [eran] muy agradables y […] le elogiaban mucho […] y la actitud hacia los niños era completamente distinta a la de la Escuela N […], así que el niño siempre estaba deseando ir a la escuela.”

František volvió a la Escuela N en junio de 2008, pero debido a los cuatro meses que estuvo asignado a la escuela práctica, donde se enseñaba un currículo reducido, suspendió sus exámenes finales escritos y tuvo que repetir curso. En el curso escolar 2008-2009 František estaba de nuevo en cuarto grado y sus compañeros de clase le señalaban porque había sido enviado a una escuela para alumnos “con discapacidades mentales”. Durante los primeros seis meses del curso escolar, la situación llegó hasta tal punto que los maestros se quejaban periódicamente de la conducta de František y decían que no podían controlarle ni manejarle. Además, Renata dijo a Amnistía Internacional que František era excluido constantemente de las actividades extraescolares, como una excursión al planetario, teatro de títeres, el día de la música y los eventos deportivos, pues los maestros daban por supuesto que “no estaba interesado en estas cosas”. 

Esto hizo que František no estuviera motivado: “No quería aprender, no quería prepararse para ir a la escuela y rogaba que lo enviaran de nuevo a la Escuela I” contra la recomendación del Centro de Orientación Psicopedagógica.

En marzo de 2009, harta de la situación en la Escuela N y después de consultar con el Centro de Orientación Psicopedagógica, Renata decidió llevar a František a otra escuela, la mayoría de cuyo alumnado es romaní, y situada cerca de su trabajo.

 

SALTANA AHMETOVICH (NINO)

Saltana Ahmetovich (Nino) es un romaní italiano de 30 años. Nació en Italia y ha vivido toda su vida en campamentos. Sus padres, originarios de Montenegro, llegaron al país en 1969 y han vivido en Milán, Nápoles y, por último, en Roma, donde la mayor parte de su familia se instaló en 1979. Desde 1996 Nino vive en una caravana en La Monachina, un campamento “tolerado” en el oeste de la ciudad. Nino rememora su traslado al campamento de La Monachina en 1996. “Estábamos en Battistini [un campamento cercano] pero corríamos el peligro de que nos quemaran vivos; algunas personas nos arrojaban cócteles molotov porque no querían que estuviésemos allí, cerca de edificios residenciales. La policía y los bomberos llegaron y nos dijeron que nos reuniésemos con nuestros familiares en La Monachina. Antes de eso vivimos en varios campamentos en Milán y Nápoles. La policía venía y nos desalojaba porque ocupábamos terreno público, y luego nos trasladaban a otro campamento”.

“Ahora vivo en una caravana, pero cuando vinimos a La Monachina no teníamos nada. Yo mismo, mi cuñado y un amigo construimos una casa para mi madre, mi hermana y mi sobrina. Cada tres años tenemos que demolerla y construirla de nuevo porque se pudre”. 

Nino ha tenido varios trabajos, pero no ha podido encontrar ningún empleo permanente. Le preocupa su situación actual.

“Mi primer trabajo fue en una iglesia, limpiando. Luego dejé ese trabajo y empecé a cuidar a una persona mayor. Pero la persona a la que cuidaba murió. Después vendí plantas [y] chatarra. Entre septiembre de 2008 y noviembre de 2009 limpié un parque cercano. Conseguí el trabajo a través de un programa de empleo patrocinado por el gobierno. Eso se terminó. Ahora vendo chatarra pero no gano suficiente dinero. ¿Cómo sobreviviré? ¿Qué voy a hacer?

Yo no he pedido una vivienda social porque sería inútil. Si digo que me llamo Saltana Ahmetovich y que vivo en La Monachina el Ayuntamiento nunca me daría una casa. Si he pedido electricidad y no quieren dármela… ¡imagínese una casa!”

 


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