Tortura y rendición de cuentas
La tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, como la esclavitud y el genocidio, son siempre inadmisibles. Este principio fue establecido hace muchos años y está consagrado en el derecho internacional.
Todas las personas tienen derecho a no sufrir torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes de acuerdo con el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada hace más de 60 años por las Naciones Unidas.
Amnistía Internacional lleva decenios documentando casos de tortura, una práctica que perdura en países de todo el mundo. Algunas acciones llevadas a cabo en los últimos años por los Estados en nombre de la lucha contra el terrorismo amenazan con debilitar el respeto por la prohibición absoluta de la tortura y muestran la necesidad de reforzar su importancia y garantizar su aplicación.
El consenso contra la tortura está amenazado
Algunas de las medidas que los gobiernos han adoptado en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001, así como a los ataques o amenaza de ataques que se han producido en otros países después de esa fecha, han constituido un grave asalto al marco de la protección de los derechos humanos. Los Estados han utilizado tortura y otros malos tratos y han intentando justificarlo en nombre de la seguridad. También han utilizado este argumento para otorgar impunidad a los autores.
Algunos han querido eludir sus obligaciones y su responsabilidad admitiendo que la “tortura” es inaceptable e ilegal, pero al mismo tiempo han intentando introducir definiciones de “tortura” y “trato cruel, inhumano o degradante” a nivel nacional que excluyen técnicas concretas o circunstancias particulares.
Estados Unidos autorizó la tortura y todavía no ha rendido cuentas
Cuando asumió el cargo el 20 de enero de 2009, el presidente Barack Obama heredó un legado de tortura, impunidad y detención ilegal.
El gobierno anterior autorizó técnicas de interrogatorio “mejoradas” –que incluían posturas en tensión, aislamiento prolongado, privación sensorial y simulacro de ahogamiento– que constituyen tortura y otros malos tratos en virtud del derecho internacional.
El gobierno estadounidense ha operado un programa de entregas –traslado de personas sospechosas de terrorismo de un Estado a otro sin el debido proceso legal, incluyendo países donde los detenidos corren un riesgo real de tortura y otros malos tratos– así como un programa de detención secreta, en el que los detenidos se han convertido en víctimas de desaparición forzada.
Una forma clave para garantizar la erradicación de la tortura es garantizar la rendición de cuentas plena cada vez que se produce: haciendo pública toda la verdad sobre lo ocurrido, enjuiciando a los autores, adoptando medidas preventivas y ofreciendo reparación a las víctimas.
Aunque la administración estadounidense ha prohibido el uso de las técnicas de interrogatorio “mejoradas”, no se han dado los pasos siguientes que son fundamentales. Gobiernos de todo el mundo que han sido cómplices en el programa de Estados Unidos tampoco han garantizado la rendición de cuentas. En Europa ha habido algunos progresos, especialmente las nuevas revelaciones sobre la participación de Estados europeos en violaciones asociadas al programa de Estados Unidos, así como las investigaciones iniciadas en Polonia, Alemania y otros lugares. Sin embargo, los Estados europeos han hecho relativamente poco en lo que se refiere a rendición de cuentas, derecho a interponer recurso efectivo o medidas para impedir que se repitan las violaciones.
Acuerdos con Estados que torturan
Otros Estados del mundo han contribuido a debilitar la prohibición internacional de la tortura al querer trasladar por la fuerza a detenidos a países donde corren un riesgo real de tortura.
Algunos gobiernos –entre los que se encuentran los de Estados Unidos, Austria, Canadá, Alemania, Italia, Reino Unido y Suecia– han solicitado y aceptado “garantías diplomáticas” de los países receptores de que los detenidos no serán sometidos a tortura u otras violaciones graves de derechos humanos.
Estas “garantías” son básicamente promesas que no se pueden hacer cumplir y, al aceptarlas, el Estado que envía está reconociendo de hecho que en el país receptor se tortura a otros detenidos. En los casos en que se ha incumplido la promesa de un trato adecuado, las personas implicadas han sufrido terribles consecuencias.
En lugar de solicitar exenciones para algunas personas, los Estados deben trabajar juntos para garantizar el fin de la tortura y otros malos tratos. Las garantías diplomáticas deben ser condenadas y abandonadas.
Pautas de represión antiguas, retórica nueva
La tortura y otros malos tratos no son nada nuevo. Sin embargo, en aquellos países donde estas prácticas ya eran frecuentes antes de 2001, sus gobiernos no pueden dejar de sentirse alentados por el nuevo clima de tolerancia hacia ese tipo de abusos.
Las autoridades de Arabia Saudí, por ejemplo, han lanzado un ataque sostenido a los derechos humanos en nombre de la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Se ha arrestado y detenido a miles de personas prácticamente en secreto; otras han muerto en circunstancias poco claras que las autoridades describen como enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Cientos de personas se enfrentan a juicios secretos y sumarios, así como su posible ejecución.
Las medidas antiterroristas adoptadas por el gobierno desde septiembre de 2001 en Estados Unidos han exacerbado la constante de larga data de abusos contra los derechos humanos.
¿Qué tiene que ocurrir?
Todos los Estados deben:
Todas las personas tienen derecho a no sufrir torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes de acuerdo con el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada hace más de 60 años por las Naciones Unidas.
Amnistía Internacional lleva decenios documentando casos de tortura, una práctica que perdura en países de todo el mundo. Algunas acciones llevadas a cabo en los últimos años por los Estados en nombre de la lucha contra el terrorismo amenazan con debilitar el respeto por la prohibición absoluta de la tortura y muestran la necesidad de reforzar su importancia y garantizar su aplicación.
El consenso contra la tortura está amenazado
Algunas de las medidas que los gobiernos han adoptado en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001, así como a los ataques o amenaza de ataques que se han producido en otros países después de esa fecha, han constituido un grave asalto al marco de la protección de los derechos humanos. Los Estados han utilizado tortura y otros malos tratos y han intentando justificarlo en nombre de la seguridad. También han utilizado este argumento para otorgar impunidad a los autores.
Algunos han querido eludir sus obligaciones y su responsabilidad admitiendo que la “tortura” es inaceptable e ilegal, pero al mismo tiempo han intentando introducir definiciones de “tortura” y “trato cruel, inhumano o degradante” a nivel nacional que excluyen técnicas concretas o circunstancias particulares.
Estados Unidos autorizó la tortura y todavía no ha rendido cuentas
Cuando asumió el cargo el 20 de enero de 2009, el presidente Barack Obama heredó un legado de tortura, impunidad y detención ilegal.
El gobierno anterior autorizó técnicas de interrogatorio “mejoradas” –que incluían posturas en tensión, aislamiento prolongado, privación sensorial y simulacro de ahogamiento– que constituyen tortura y otros malos tratos en virtud del derecho internacional.
El gobierno estadounidense ha operado un programa de entregas –traslado de personas sospechosas de terrorismo de un Estado a otro sin el debido proceso legal, incluyendo países donde los detenidos corren un riesgo real de tortura y otros malos tratos– así como un programa de detención secreta, en el que los detenidos se han convertido en víctimas de desaparición forzada.
Una forma clave para garantizar la erradicación de la tortura es garantizar la rendición de cuentas plena cada vez que se produce: haciendo pública toda la verdad sobre lo ocurrido, enjuiciando a los autores, adoptando medidas preventivas y ofreciendo reparación a las víctimas.
Aunque la administración estadounidense ha prohibido el uso de las técnicas de interrogatorio “mejoradas”, no se han dado los pasos siguientes que son fundamentales. Gobiernos de todo el mundo que han sido cómplices en el programa de Estados Unidos tampoco han garantizado la rendición de cuentas. En Europa ha habido algunos progresos, especialmente las nuevas revelaciones sobre la participación de Estados europeos en violaciones asociadas al programa de Estados Unidos, así como las investigaciones iniciadas en Polonia, Alemania y otros lugares. Sin embargo, los Estados europeos han hecho relativamente poco en lo que se refiere a rendición de cuentas, derecho a interponer recurso efectivo o medidas para impedir que se repitan las violaciones.
Acuerdos con Estados que torturan
Otros Estados del mundo han contribuido a debilitar la prohibición internacional de la tortura al querer trasladar por la fuerza a detenidos a países donde corren un riesgo real de tortura.
Algunos gobiernos –entre los que se encuentran los de Estados Unidos, Austria, Canadá, Alemania, Italia, Reino Unido y Suecia– han solicitado y aceptado “garantías diplomáticas” de los países receptores de que los detenidos no serán sometidos a tortura u otras violaciones graves de derechos humanos.
Estas “garantías” son básicamente promesas que no se pueden hacer cumplir y, al aceptarlas, el Estado que envía está reconociendo de hecho que en el país receptor se tortura a otros detenidos. En los casos en que se ha incumplido la promesa de un trato adecuado, las personas implicadas han sufrido terribles consecuencias.
En lugar de solicitar exenciones para algunas personas, los Estados deben trabajar juntos para garantizar el fin de la tortura y otros malos tratos. Las garantías diplomáticas deben ser condenadas y abandonadas.
Pautas de represión antiguas, retórica nueva
La tortura y otros malos tratos no son nada nuevo. Sin embargo, en aquellos países donde estas prácticas ya eran frecuentes antes de 2001, sus gobiernos no pueden dejar de sentirse alentados por el nuevo clima de tolerancia hacia ese tipo de abusos.
Las autoridades de Arabia Saudí, por ejemplo, han lanzado un ataque sostenido a los derechos humanos en nombre de la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Se ha arrestado y detenido a miles de personas prácticamente en secreto; otras han muerto en circunstancias poco claras que las autoridades describen como enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Cientos de personas se enfrentan a juicios secretos y sumarios, así como su posible ejecución.
Las medidas antiterroristas adoptadas por el gobierno desde septiembre de 2001 en Estados Unidos han exacerbado la constante de larga data de abusos contra los derechos humanos.
¿Qué tiene que ocurrir?
Todos los Estados deben:
- condenar todas las formas de tortura y otros malos tratos y denunciar a los gobiernos que perpetran, son cómplices, o no actúan contra esos abusos;
- impedir estas prácticas;
- llevar ante la justicia a los responsables de autorizar e infligir tortura y otros malos tratos;
- garantizar que la información obtenida mediante tortura u otros malos tratos no puede utilizarse como prueba en ningún proceso judicial, excepto contra una persona acusada de cometer abusos, como prueba de los mismos.
Más información:
Tortura: que no quede en la sombra (hoja informativa, junio de 2008)
Estados Unidos de América: Causa pendiente. De Abu Ghraib a la custodia secreta de la CIA (informe, marzo de 2008)
Túnez: Tortura, detención ilegal y juicios sin garantías (hoja informativa, mayo de 2008)
Jordania: “Sus confesiones ya están preparadas para que las firmen”. Detención y tortura de personas sospechosas de delitos políticos (informe, 24 de julio de 2006)
Algeria: Torture in the 'war on terror': A memorandum to the Algerian President (informe, 17 de abril de 2006)
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