Desde 2006, miles de niños y niñas, algunos de tan sólo 12 años, han sido procesados en Turquía en virtud de la legislación antiterrorista por su presunta participación en manifestaciones relacionadas con cuestiones que preocupan a los miembros de la comunidad kurda y en las que en muchos casos se produjeron enfrentamientos violentos con la policía.
Tras su arresto, muchos menores de edad han estado recluidos en centros de detención para adultos, sin que se registrara la detención y sin que tuvieran acceso a abogados ni familiares. En muchos casos, una vez acusados formalmente esos niños y niñas han permanecido bajo custodia durante periodos de detención preventiva que oscilan entre varios meses y más de un año. Durante el periodo de detención, la mayoría no han tenido acceso a educación, servicios de salud y actividades de ocio. Muchos han denunciado malos tratos y tortura en el momento de su detención y en el periodo de reclusión posterior.
Este mismo año, el gobierno turco enmendó la ley para impedir el enjuiciamiento de manifestantes menores de edad en virtud de la legislación antiterrorista únicamente por su presunta participación en manifestaciones. En virtud de estas enmiendas, las condenas de todos los niños y niñas declarados culpables con anterioridad en virtud de la Ley Antiterrorista serán anuladas, y todos los niños y niñas procesados en virtud de otras leyes serán juzgados en tribunales penales de menores en vez de serlo en tribunales especiales para adultos.
Aunque se trata de una medida positiva, en algunos casos los menores de edad no han quedado en libertad debido a la demora de los tribunales para transferir los casos a los tribunales de menores. Además, no hay tribunales de menores en algunas provincias, por lo que es probable que algunos de esos niños y niñas sean juzgados en tribunales de adultos.
El enjuiciamiento de personas menores de edad con arreglo a los mismos procedimientos empleados para los adultos constituye una violación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Ley de Protección de la Infancia de Turquía. Las autoridades turcas deben garantizar que el sistema de justicia de menores existente se aplica de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y la legislación interna de Turquía.
Las autoridades turcas tampoco han cumplido con su obligación de investigar de manera efectiva las denuncias generalizadas, constantes y creíbles de que los menores de edad sufrieron malos tratos en el momento de su detención y durante su reclusión en el contexto de los enjuiciamientos.
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